El uruguayo logró obtener hasta 10 identidades distintas, investigan a funcionarios y autoridades implicados en tales irregularidades. La audiencia en Virginia, EEUU, fue postergada para el próximo miércoles, cuando le serán formulados los cargos.
Fuente: eldeber.com.bo
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La Fiscalía concluyó la etapa de investigación en uno de los seis procesos abiertos en Bolivia contra el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y presentó la acusación formal para que la justicia en Beni inicie el juicio oral. El extranjero y sus presuntos cómplices serán procesados por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes.
La información fue confirmada a EL DEBER por el fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, quien detalló que el requerimiento acusatorio también incluye a exfuncionarios de Migración y de la Policía Boliviana, aunque evitó precisar el número de imputados y su grado de participación.
“Sobre el proceso en el departamento de Beni, el mismo ya se encuentra en fase de acusación formal. Estamos a la espera de que el tribunal en la ciudad de Trinidad fije fecha y hora para el juicio público, oral y contradictorio”, explicó Mendoza.
El fiscal anticipó que, una vez instalado el juicio, el Ministerio Público solicitará la pena máxima de ocho años de prisión, sustentada en pruebas documentales recolectadas durante la investigación. “En el caso de los funcionarios, ellos incurrieron en incumplimiento de deberes, además de participar en los delitos vinculados a la falsedad documental”, añadió.
El proceso se origina en las investigaciones posteriores a la fuga de Marset en Bolivia, el 29 de julio de 2023, cuando el propio narcotraficante afirmó haber evadido un operativo en Santa Cruz gracias a la advertencia de un jefe policial. A partir de ese episodio, se abrieron múltiples investigaciones no solo por narcotráfico, sino también por el uso de identidades falsas en el país.
En el caso específico de Beni, las pesquisas se centraron en determinar cómo Marset logró ingresar a Bolivia eludiendo controles migratorios y verificaciones de identidad. El uruguayo contaba con carnés entregados por funcionarios del país.
Tras la captura del uruguayo, el 13 de marzo de este año, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, informó que Marset llegó a utilizar al menos 10 identidades falsas durante su permanencia en el país.
En esa línea, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que este esquema de documentación irregular evidencia la existencia de una red de protección que pudo involucrar a policías y autoridades, lo que dio lugar a nuevas investigaciones, aunque sin identificar aún a los responsables.
Uno de los antecedentes más relevantes se remonta a octubre de 2023, cuando la entonces directora del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Patricia Hermosa, destituyó a cuatro funcionarios en Santa Cruz por su presunta participación en la emisión de una identidad falsa utilizada por Marset.
Las investigaciones establecieron que en 2019 el uruguayo obtuvo una cédula boliviana con el nombre de Gabriel De Souza Beumer, documento que utilizó para viajar en al menos tres ocasiones a Paraguay. Para ello, no fue registrado en el sistema biométrico, evitando así que su huella dactilar activara alertas de Interpol. El extranjero tenía sello rojo y posteriormente ingresó a la lista de personas buscadas en Estados Unidos por lavado de dinero ligado al narcotráfico. En Bolivia se llegó a ofrecer $us 100.000 de recompensa para quien diera datos que permitieran su captura.
Según declaraciones del exdirector del Segip en Santa Cruz, Alpacino Mojica, Marset ingresó al país con su documentación original y posteriormente obtuvo una cédula de extranjero el 16 de abril de 2019. Un día después, consiguió una cédula boliviana falsa, apoyado en un certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil. El caso, ahora en etapa de acusación, abre un nuevo frente judicial que podría exponer el alcance de la red que permitió al narco operar en Bolivia con identidades falsas.