Andrea Barrientos fue una senadora visible, valiente y combativa en tiempos difíciles para la democracia sostenida con alfileres. Cuando el líder de la agrupación Comunidad Ciudadana y ex presidente del país, Carlos D. Mesa, decidió hacer mutis por el foro ante el fuego cruzado de los nuevos aspirantes a la presidencia, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, que dinamitaban el acuerdo de Unidad para enfrentar el proceso electoral de agosto pasado, ella quedó sin otro piso político que su propia trayectoria. Lo mismo que su par, Cecilia Requena, y las ex diputadas Luisa Náyar y Luciana Campero. En la comidilla política, se daba por sentado que todas debían repetir la gestión parlamentaria.
Fuente: Ideas Textuales
Todas buscaron un nuevo espacio político. Al igual que María René Álvarez, la ex diputada chiquitana de Creemos, las dos últimas fueron marginadas de las listas de candidatas por la sigla Unidad. Se habló de «listas negras», del veto del entonces preso político y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también integrante del acuerdo electoral de oposición a cualquier fórmula masista. Más allá de las legítimas aspiraciones de una política a ocupar una banca en la Asamblea Legislativa Plurinacional, las candidaturas responden a la aprobación o al rechazo del candidato presidencial, en última instancia. No es novedad, tampoco una sorpresa. Más aún cuando la construcción de partidos políticos sigue siendo un pendiente estructural en la formulación de una institucionalidad democrática desde la defunción material de las organizaciones políticas en caída libre desde la asunción del MAS al poder en 2005.
En la nueva conformación del gobierno democrático que asumió el 8 de noviembre a la cabeza del presidente Rodrigo Paz Pereira, las alianzas políticas entre las fuerzas presentes en la Asamblea Legislativa, todavía no se dieron. Si bien algunos ministros fueron parte de la campaña de Samuel Doria Medina, como José Luis Lupo y José Gabriel Espinoza, formalmente el acuerdo político entre PDC-Primero La Gente y Unidad no ha sido suscrito. El ministro de la Presidencia tiene el prestigio y la experiencia incuestionable de haber sido varias veces ministro y viceministro en el pasado, además de su larga carrera en niveles jerárquicos de organismos internacionales sólidos. En el caso del ministro de Economía y Finanzas, el reconocimiento de muchas instituciones académicas así como del amplio círculo de economistas, también avalan su designación. Podría decirse que la única ministra «samuelista» sería Cinthya Yáñez en la cartera de Turismo y Cultura, ya que Beatriz García, encabezando el Ministerio de Educación, poco conocida en el ámbito educativo nacional, además de su propia formación tiene políticamente la fortaleza de ser la hija del boliviano que más tiempo ha dirigido un organismo internacional como la CAF, institución necesaria para el financiamiento de proyectos en el país.
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Andrea Barrientos, que perdió las elecciones como candidata uninominal en Cochabamba, venía de compartir la legislatura durante cinco años en la Cámara Alta con su colega el ex senador de su misma agrupación (Comunidad Ciudadana), hoy presidente de Bolivia. Es filósofa de profesión y fue empresaria del área de la tecnología; en el Senado, fue jefe de bancada de CC y secretaria de los Comités de Culturas y de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. Asumió, a invitación de Rodrigo Paz Pereira, una responsabilidad política enorme como Viceministra de Autonomías.
La primera «metida de pata» fue anunciar, a pocos días de su designación, que convocaría para la primera quincena del mes de diciembre de 2025 al Consejo Nacional de Autonomías, sin medir el contexto político de los inminentes cambios de autoridades autonómicas en todo el país en marzo de 2026 y el propio discurso la campaña electoral de Paz Pereira en la cual había enunciado que su propuesta del 50/50 se llevaría a cabo con las nuevas autoridades (a partir de mayo de 2026). Lógicamente, hasta ayer, fecha de su renuncia, la convocatoria no se produjo.
La segunda «metida de pata» fue intervenir el Instituto Nacional de Reforma Agraria pero sobre esta actuación, ausente de las funciones asignadas en el Decreto Supremo 5488 y el Decreto Supremo Nº 5493, no hubo voz que señalara protesta. Curiosamente el Decreto Supremo Nº 4857 de Luis Arce Catacora sigue intacto y vigente respecto a las atribuciones del Viceministerio de Autonomías, con dos direcciones: una de Autonomías, la otra de Organización Territorial.
La tercera «metida de pata» fue, en el contexto de una entrevista, plantear una pregunta y ella misma responderla: «…Qué piensan los candidatos, que vamos a agarrar y darles el 50% de la plata a su cargo? No funciona así…» Otra desafortunada declaración en tiempos de campaña electoral autonómica, en la cual, precisamente el gobierno central debería mantenerse al margen hasta iniciar el proceso de diálogo con las nuevas autoridades electas de todas las autonomías.
La cuarta «metida de pata» fue no dimensionar -nuevamente- el peso político de sus declaraciones, otra vez en tiempos de campaña hacia las elecciones autonómicas. Una activa experiencia parlamentaria de oposición, potente en la claridad de sus ideas y su comunicación política, le jugó en contra ya como autoridad de alto nivel del Órgano Ejecutivo a cargo de un tema más sensible aún en el panorama electoral de las regiones y de las localidades autónomas. No es menor argumentar que un proceso difícil y arduo pueda demorar entre tres meses y años cuando los cambios dependen básicamente del despacho a su cargo y de los acuerdos de las entidades territoriales autónomas en conjunto con las bancadas parlamentarias en la ALP. Un «desliz» que podría pasar por alto en la voz de una parlamentaria pero poco feliz para la autoridad responsable de ejecutar los ajustes estructurales.
La crítica política encontró un hueso para roer y se concentró en una cuestión de forma para atacar a quien nunca vieron como la figura capaz y representativa de llevar adelante el anhelado proceso de recuperación profunda de las autonomías. Andrea Barrientos no es de la camada de los «autonomistas».
La condición de «mujer» de Andrea Barrientos, como casi siempre en la política nacional, en lugar de constituir un avance en la participación femenina en los asuntos públicos en la mesa de decisiones, fue utilizada en su contra. Rodrigo Paz Pereira, en Santa Cruz y de pie al lado del gobernador Camacho, expuso que la tarea podía demandar tiempo y que la reasignación de recursos a las autonomías debía ir acompañada de nuevas responsabilidades. A él se lo aplaudió, a Andrea no se le perdonó.
Como se le perdonó al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB los vaivenes sobre la provisión intermitente de combustibles, su mala calidad con altos costos de reparación de vehículos para miles de afectados, pero se condenó hasta presionar a la renuncia de una profesional de amplia experiencia como Margot Ayala, una técnica que venía de los mandos medios de la ANH en época del MAS y fue designada y con el reiterado respaldo del ministro del área, como directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ayala renunció con la voz entrecortada por la injusta y acosadora descalificación mediática, leyendo una carta y esgrimiendo hasta el final su lealtad y compromiso con sus funciones, a la par de denunciar la oscuridad heredada que intentó desbaratar. Su caída sació, por un tiempo, a los detractores, pero los entretelones de fondo persisten. Su salida no dio solución.
Y no rodó cabeza alguna por los daños reales colaterales de las órdenes y contraórdenes en torno a los billetes en circulación, desparramados y robados del avión Hércules accidentado que los transportaba. Nadie pidió la destitución del presidente del Banco Central de Bolivia o de otras autoridades involucradas.
Andrea Barrientos hizo pública una carta que más parece haberse escrito por encargo a la IA. Su renuncia no fue irrevocable, ni dirigida a su jefe inmediato, el Ministro de la Presidencia, y tampoco transmitió, ni por escrito ni verbalmente, su convicción sobre el reto que había asumido y su posición respecto a la andanada de barbaridades en su contra. La presentó mientras el Presidente estaba de visita oficial a los Estados Unidos. Su misiva tiene el tono de cumplir una formalidad circunstancial a cambio de una otra función en el Estado. ¿Será su caída el precio a pagar para calmar las fauces de quienes pidieron su cabeza? Probablemente pero, de nuevo, el asunto de fondo sigue irresuelto.
La lucha por las autonomías constitucionales, no sólo es una demanda histórica cruceña, sino un entuerto institucional nacional de dimensiones complejas y de desequilibrios territoriales y técnicos, que trascienden a las normativas arbitrarias e inconstitucionales tejidas durante 20 años por el masismo para someter a los gobiernos departamentales y municipales a la bota del poder central. En un estudio publicado por la Fundación Jubileo en septiembre de 2025 se constata que, de los 343 municipios existentes en el país, «solo 77 serían viables de acuerdo al criterio poblacional, pero también hay otros componentes de evaluación, como la alta dependencia de transferencias fiscales, las limitaciones para generar ingresos propios, la desigualdad territorial y las brechas de capacidades técnicas».
El diseño de la repartición nacional, a cargo de uno de los pilares fundamentales de la propuesta electoral y del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, continúa sin modificación y ante la magnitud de la importancia de desentrañar, reacomodar y liberar a las autonomías, el desafío es ubicarlo en su real dimensión. Se requiere acuerdos políticos parlamentarios y gubernativos ante la falta de partidos políticos con proyectos serios que propongan un modelo viable para las autonomías que tienen consistencia técnica de factibilidad y para aquellas que es imposible continuar sosteniéndolas para pagar alcaldes y concejales en municipios «vaciados» de población y de posibilidad de cumplir sus competencias.
Sobran varios ministerios pero hoy, después de 30 años de la Participación Popular y 20 años de las autonomías amarradas al Órgano Ejecutivo y al Legislativo nacional, el ovillo debería empezar a desenredarse desde un Ministerio de Autonomías que deje de existir cuando las libere de leyes, decretos y mandatos que las asfixian y les impiden hacerse cargo de sus competencias.
Por Gabriela Ichaso Elcuaz.
Fuente: Ideas Textuales