Gianina García Troche ofreció una fianza y el uso de tobillera electrónica como medidas sustitutivas para dejar una cárcel de máxima seguridad en Paraguay
Por Ariel Melgar Cabrera
Fuente: El Deber
La Justicia paraguaya rechazó el pedido de arresto domiciliario para Gianina García Troche, madre de los hijos de Sebastián Marset, y ratificó su reclusión en una cárcel de máxima seguridad, pese a que su defensa ofreció una fianza y el uso de tobillera electrónica como medidas sustitutivas.
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La decisión fue asumida por la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada el viernes, en la que se determinó que la imputada continuará privada de libertad en el pabellón de máxima seguridad en el centro penitenciario Martín Mendoza, ubicado en Emboscada, mientras avanza el proceso en su contra por presunto lavado de activos.
García, identificada como pareja del supuesto narcotraficante Sebastián Marset, pretendía cumplir arresto domiciliario en una vivienda del barrio Manorá, en Asunción, bajo control policial. Para ello, sus abogados ofrecieron como garantía un inmueble ubicado en Ypané, además de la implementación de un dispositivo de monitoreo electrónico.
Sin embargo, la magistrada consideró que los elementos presentados no son suficientes para desvirtuar el riesgo de fuga ni de obstrucción a la investigación. Entre los argumentos expuestos, señaló que el avalúo del inmueble ofrecido carece de formalidades básicas, como la identificación completa del propietario y el respaldo documental correspondiente.
Asimismo, Montanía observó que no se presentó el informe técnico de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), requisito indispensable para evaluar la viabilidad del uso de la tobillera electrónica.
El Ministerio Público, representado por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, también se opuso a la solicitud, argumentando que no han variado las condiciones que motivaron la detención preventiva de la imputada.
La jueza añadió que los supuestos “hechos nuevos” planteados por la defensa no tienen la entidad suficiente para modificar la medida cautelar, y remarcó que su análisis corresponde a otra etapa del proceso.
Otro de los factores considerados fue el riesgo de obstrucción, tomando en cuenta antecedentes recientes dentro del sistema penitenciario, que derivaron en el traslado de García a un pabellón de máxima seguridad. Según la resolución, existen indicios de que la imputada podría influir en testigos o manipular pruebas si recupera su libertad.
En ese contexto, la autoridad judicial concluyó que no existen garantías razonables que permitan sustituir la prisión preventiva por medidas menos gravosas, por lo que la procesada continuará recluida mientras se desarrolla la investigación.
El caso se encuentra en una etapa clave, con plazo para la presentación del requerimiento conclusivo fijado para mayo de 2026, en medio de un proceso que involucra presuntas redes de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado.
Fuente: El Deber