Fuente: ANF
La abogada y activista Susana Saavedra advirtió que persisten obstáculos estructurales que limitan el acceso de las mujeres a los más altos cargos del sistema judicial en Bolivia. Durante su participación en el seminario internacional “Independencia Judicial y la participación de las mujeres en la Justicia”, la especialista sostuvo que la paridad de género debe entenderse como un estándar jurídico vinculante y no como una concesión simbólica.
En su exposición titulada “Desafíos para las mujeres en la judicatura”, Saavedra remarcó que la igualdad en la composición de los tribunales está respaldada por instrumentos internacionales que el Estado boliviano está obligado a cumplir.
Citó los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura, así como las recomendaciones del Comité de la CEDAW, que establecen que un sistema judicial sin representación equitativa de mujeres carece de legitimidad plena y debe incorporar medidas de acción afirmativa para superar los denominados “techos de cristal”.
Asimismo, la directora de la Fundación Construir destacó que tanto el sistema interamericano de derechos humanos como las Reglas de Brasilia coinciden en que la participación de las mujeres en la justicia constituye un indicador esencial de democracia, además de garantizar decisiones más empáticas y libres de estereotipos.
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Sin embargo, la experta alertó que, en la práctica, existen múltiples barreras que frenan el ascenso femenino en la judicatura. Entre ellas, identificó los criterios discrecionales en los procesos de selección, donde —pese a que las mujeres suelen obtener mejores calificaciones en evaluaciones técnicas— son relegadas en las entrevistas personales, instancia en la que predominan sesgos que favorecen a los hombres.
También cuestionó el actual concepto de mérito, al considerar que privilegia trayectorias académicas que no toman en cuenta la carga desigual de cuidados que recae históricamente sobre las mujeres. “No es una medición objetiva de la capacidad profesional”, sostuvo.
Saavedra describió además un fenómeno de segregación vertical en el sistema judicial: mientras las mujeres predominan en cargos de base y administrativos, su presencia disminuye significativamente en los niveles de decisión. Según detalló, de los 19 magistrados en altas cortes, la mayoría son hombres, y solo tres de los nueve tribunales departamentales están presididos por mujeres.
A esto se suma, dijo, un escrutinio diferenciado que enfrentan las mujeres en posiciones de poder, quienes son evaluadas con mayor severidad y bajo estereotipos de género, además de carecer de mecanismos institucionales eficaces frente al acoso.
Frente a este panorama, la directora de la Fundación Construir planteó una serie de reformas orientadas a transformar el sistema judicial. Entre ellas, propuso la creación de un escalafón judicial que permita un ascenso vertical basado en la idoneidad; la implementación de infraestructura de cuidados, como guarderías; y la adopción de criterios transparentes y preestablecidos en las evaluaciones para reducir la discrecionalidad.
También instó a fortalecer el Consejo de Género y Derechos Humanos del Órgano Judicial mediante respaldo legal y presupuesto propio, así como a diseñar programas de capacitación en horarios compatibles con la jornada laboral y las responsabilidades familiares.
Saavedra exhortó a las actuales magistradas a impulsar cambios estructurales que rompan el ciclo de exclusión. “La independencia judicial también depende de que el sistema sea inclusivo y representativo”, concluyó.