El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández reapareció públicamente este sábado al participar en una minga de limpieza y fumigación contra el Chikungunya, poco después de recuperar su libertad tras permanecer detenido en la cárcel de Palmasola.
La actividad se desarrolló en los distritos municipales 1, 4 y 11, donde más de 800 funcionarios municipales realizaron tareas de fumigación y eliminación de criaderos de mosquitos con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad.
Durante la jornada se movilizó maquinaria pesada, camionetas de fumigación y volquetas para el recojo de llantas usadas en distintos barrios. Además, hospitales móviles brindaron atención médica y entregaron medicamentos, mientras que los pacientes con cuadros de salud inestables serán derivados a centros de salud.
“Estamos trabajando mirando todos los temas que estaban previstos en agenda para la semana que viene. También avanzamos en la comisión de transición, que debe evaluar el informe que se presentará por secretarías y direcciones”, declaró Fernández.
La autoridad municipal informó además que se someterá a una revisión médica para evaluar las afectaciones que sufrió debido al chikungunya. Fernández agradeció el apoyo de la población e indicó que busca no descuidar las tareas municipales ni su estado de salud.
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“En las próximas horas voy a ver los resultados. He tenido un problema de broncopulmonía y tengo que tratarlo bien para que no se complique”, afirmó.
El burgomaestre cumplía detención preventiva por el denominado caso pavimento, en el que se investiga una presunta obra inconclusa. La autoridad deberá cumplir detención domiciliaria mientras continúan las investigaciones. Además, se le fijó una fianza de Bs 500.000 y se le otorgó permiso para trabajar.
El abogado del alcalde, Fabio Jofré, informó que durante la audiencia se logró desvirtuar los riesgos procesales que motivaron inicialmente la detención preventiva.
Por su parte, el concejal Alberto Vaca lamentó la resolución judicial y cuestionó la valoración de los riesgos procesales. El Ministerio Público anunció que evaluará posibles acciones tras la determinación judicial.