La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, fracasó este martes en su intento por integrar la máxima corte del país, un cargo que le habría otorgado inmunidad frente a las acusaciones de corrupción por las cuales fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
Porras, cuyo mandato como fiscal concluye en mayo, no logró ningún voto en la última elección en que participaba para ser magistrada de la Corte de Constitucionalidad, cuyos fallos son inapelables.
La Corte Suprema reeligió a Dina Ochoa y Claudia Paniagua como sus representantes ante ese tribunal.
Ochoa es considerada cercana a los expresidentes Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), señalados de corrupción, mientras que Paniagua, al igual que la fiscal general, está sancionada por Estados Unidos.
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Washington y la Unión Europea acusan a Porras de «corrupta» y «antidemocrática» por haber intentado impedir la llegada al poder del presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo, hace dos años.
Además, Porras, de 72 años y quien aspira a un tercer período en la Fiscalía General, también es señalada de empujar al exilio a exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes sociales, pero ella niega las acusaciones y las atribuye a una persecución política.
Las posibilidades de que Porras continúe en el cargo que detenta desde 2018 son prácticamente nulas, ya que Arévalo es quien elige al fiscal general.
El mandatario la acusa de formar parte del llamado «pacto de corruptos», un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales.
Además, expertos de la ONU la vinculan con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurridas en la década de 1980, durante la guerra civil, lo que ella también rechaza.
Candidatos cuestionados
Guatemala está inmersa desde enero en un proceso para elegir a los miembros de las máximas instancias judiciales, lo que según Arévalo constituye una oportunidad para desarticular la corrupción en el sistema de justicia.
Este martes por la tarde el Congreso debe elegir a otros dos miembros del tribunal constitucional, mientras que el presidente designará, en fecha aún sin definir, a los dos últimos magistrados de un total de diez.
Entre los candidatos del Congreso figura Roberto Molina Barreto, quien busca la reelección y es cuestionado por resoluciones a favor de uno de los jefes de la pandilla Barrio 18, declarado terrorista por Estados Unidos.
Se trata de Aldo Ochoa, alias «El Lobo», señalado de auspiciar motines y una serie de ataques que dejaron 11 policías muertos el pasado 18 de enero y forzaron a Arévalo a declarar un estado de excepción.
Al referirse a esa elección, el mandatario anunció este martes que consultará con el Departamento de Estado de Estados Unidos para aclarar supuestas versiones de que ese país apoya la aspiración de Molina Barreto.
«Vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado», reaccionó luego el encargado de negocios de la embajada, John Barrett, sin desmentir el supuesto respaldo al magistrado.
Además de los magistrados del tribunal constitucional y del fiscal general, se elegirán a jueces titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al jefe de la Contraloría.