Informe técnico definirá si San Pedro deja de recibir internos, anuncia Régimen Penitenciario


A fines de 2024, el sistema penitenciario registraba 32.035 personas privadas de libertad para una capacidad instalada de 15.598, un hacinamiento general del 105%.

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Sección Palmar en el penal de San Pedro. Foto: ANF

 

Fuente: ANF



Un informe técnico de capacidad definirá si el penal de San Pedro deja de recibir nuevos internos, anunció el coronel Daniel Mérida, director general de Régimen Penitenciario. La medida busca contener el hacinamiento extremo que afecta a este recinto y a gran parte del sistema carcelario del país.

Mérida reconoció que la sobrepoblación es un problema estructural, con mayor gravedad en San Pedro, por lo que solicitó un reporte detallado a la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria sobre el estado real de la población carcelaria.

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“Con base en criterios técnicos debemos establecer si la capacidad ha sido rebasada; si el informe confirma el colapso, actuaremos en consecuencia”, señaló a ANF.

El plan contempla notificar formalmente a las autoridades judiciales para que, una vez acreditado el colapso, dejen de derivar nuevos privados de libertad a San Pedro. En su lugar, se pedirá que los jueces remitan a otros centros que aún cuenten con cupos, como Chonchocoro y Patacamaya.

A largo plazo, el director de Régimen Penitenciario apuesta por soluciones de infraestructura. Explicó que existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la construcción de nuevos pabellones y cárceles de gran escala en Chonchocoro y Palmasola.

Según Mérida, estas obras —con respaldo de entidades internacionales— permitirán un descongestionamiento real y el cumplimiento de estándares de seguridad.

A fines de 2024, el sistema penitenciario registraba 32.035 personas privadas de libertad para una capacidad instalada de 15.598, un hacinamiento general del 105%. En San Pedro, diseñado para unos 1.200 internos, se reportaron 3.836 personas en 2023, equivalente a un 220% de sobrepoblación.

Mérida subrayó que el uso excesivo de la detención preventiva —que alcanza a cerca del 65% de la población carcelaria— agrava el problema. “Estas medidas buscan garantizar condiciones de vida más dignas y evitar el colapso total del sistema”, concluyó.

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Fuente: ANF