Por Misael Poper

El 7 de febrero de 2009, Bolivia estrenó una nueva Constitución Política del Estado y, con ella, una de las promesas más ambiciosas de su historia: construir un Estado con autonomías reales, capaces de acercar el poder a las regiones y responder a sus necesidades concretas. Para La Paz, aquello debía marcar un antes y un después. Por primera vez, los paceños elegirían directamente a su gobernador y contarían con una institucionalidad propia para planificar su desarrollo, administrar recursos y decidir su destino.

La expectativa era enorme. La realidad, en cambio, ha sido miserable.

Casi dieciséis años después, la autonomía en La Paz no solo no transformó nada: fue degradada en una farsa administrativa, en una promesa vacía, en un cascarón institucional ocupado por autoridades sin visión, sin coraje y, demasiadas veces, sin la mínima decencia política. El departamento más poblado de Bolivia, sede del poder nacional y corazón político del país, sigue atrapado entre el abandono, la improvisación y la mediocridad.

La Paz no solo ha sido postergada por el centralismo. Ha sido, además, traicionada por quienes juraron gobernarla.

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Lo que debía convertirse en una plataforma de desarrollo terminó convertido en un botín burocrático. La autonomía, en vez de servir para defender al departamento, fue usada para repartir cargos, acomodar lealtades, simular gestión y administrar el estancamiento. Se prometió descentralización, pero se entregó negligencia. Se prometió desarrollo, pero se administró decadencia.

Sobre el papel, el diseño institucional era claro. La Asamblea Legislativa Departamental debía legislar y fiscalizar; el gobernador debía conducir la gestión, coordinar con los municipios y planificar el desarrollo territorial. En un departamento con 20 provincias y 87 municipios, aquello no era un lujo técnico: era una necesidad histórica. Sin embargo, todo terminó reducido a una caricatura de autonomía, formal en el discurso, inútil en la práctica.

La Paz asistió así al espectáculo vergonzoso de una autonomía de cartón: mucha retórica, poca gestión; mucha consigna, nulo resultado. Y aunque es cierto que el gobierno central retuvo recursos, recentralizó poder y vació competencias, también es cierto que la gobernación paceña jamás estuvo a la altura del desafío. No defendió con firmeza sus atribuciones, no construyó una agenda departamental seria y no convirtió la autonomía en un instrumento real de articulación territorial.

Ese fracaso no fue solamente estructural. Fue también humano, político y moral.

Porque incluso en un marco limitado se podía gobernar mejor. Se podía priorizar. Se podía ordenar la casa. Se podía pelear por La Paz. Se podía evitar que la gobernación se convirtiera en sinónimo de desorden, desgano y pobreza de ideas. No lo hicieron.

Desde 2010 hasta hoy, La Paz ha tenido tres gobernadores electos. Cambiaron los partidos, los discursos y los estilos. Pero el saldo fue el mismo: decepción, retroceso y abandono.

César Cocarico (2010–2015): el nacimiento de una autonomía degradada

César Cocarico tuvo la oportunidad histórica de inaugurar una etapa seria de institucionalidad departamental. Pudo haber sido el primer gran constructor de la autonomía paceña. Terminó siendo, más bien, el símbolo temprano de su degradación.

Su gestión quedó marcada por denuncias de nepotismo y por una lógica de poder en la que la cercanía familiar y partidaria parecía tener más peso que la capacidad o el servicio público. Eso ya era grave. Pero más grave aún fue el mensaje de fondo: la nueva gobernación, que debía nacer como una institución fuerte, moderna y respetable, empezó a parecerse demasiado pronto a una oficina de favores y cuotas.

En infraestructura, el panorama fue todavía peor. El caso de la Terminal Aeroportuaria de Ixiamas resume con brutal claridad el tipo de gestión que se incubó en esos años: una obra millonaria, iniciada sin la solidez técnica necesaria, convertida en símbolo de despilfarro, improvisación y abandono. No fue una solución para el desarrollo regional. Fue un monumento al fracaso estatal. Un elefante blanco más, pagado por todos y útil para nadie.

Ese es, precisamente, uno de los pecados más graves de la política paceña: gastar no es gestionar, inaugurar no es transformar, y levantar estructuras inútiles no es hacer desarrollo. La lógica fue perversa: se comprometieron recursos, se construyó relato, se buscó rentabilidad política y luego se dejó al departamento cargando los restos del fracaso. La propaganda avanzó; La Paz retrocedió.

Félix Patzi (2015–2021): mucha teoría, ninguna contundencia

Félix Patzi llegó con un perfil que prometía algo distinto: formación académica, discurso crítico, aparente solvencia intelectual y una narrativa de renovación frente al masismo. Había razones para pensar que, al menos, impondría una gestión más seria, más técnica y más coherente. No ocurrió.

Su paso por la gobernación confirmó una verdad incómoda: las credenciales no sustituyen al carácter, y el discurso no reemplaza la gestión. La Paz no necesitaba un gobernador capaz de explicar la crisis; necesitaba uno capaz de enfrentarla. Patzi, sin embargo, terminó administrando la inercia, contemplando los problemas y dejando que los fracasos heredados siguieran pudriéndose bajo su mandato.

El caso Ixiamas volvió a desnudar esa pasividad. Heredó un desastre, sí. Pero no hizo lo suficiente para corregirlo, cerrarlo o encarar con firmeza las acciones necesarias. Y esa omisión también es una forma de culpa. Gobernar no consiste en recibir problemas y convivir con ellos hasta el final del mandato. Gobernar es intervenir, corregir, presionar, ordenar y, si hace falta, romper inercias. Patzi no lo hizo. Su gestión se pareció demasiado a una larga excusa con lenguaje sofisticado.

Lo más demoledor es que el propio reconocimiento posterior del retroceso del departamento funciona casi como una confesión política involuntaria. Porque La Paz, en efecto, retrocedió. Retrocedió en capacidad de ejecución, en presencia institucional, en articulación territorial y en visión estratégica. Y quien dirigió esa etapa no puede limitarse a describir la decadencia como si hubiese sido un comentarista externo. Fue uno de sus administradores principales.

Patzi no encarnó una alternativa real. Encarnó una decepción más refinada, pero decepción al fin.

Santos Quispe (2021–presente): la improvisación como forma de gobierno

La llegada de Santos Quispe fue presentada como un aire nuevo, como la irrupción de una supuesta renovación frente a la política tradicional. Pero el tiempo ha demostrado algo mucho más duro: no toda renovación mejora; a veces solo cambia el rostro del mismo vacío.

Su gestión ha estado marcada por la falta de resultados visibles, la debilidad institucional y una alarmante desconexión con el malestar ciudadano. Y cuando una autoridad no responde a la crítica con soluciones, sino con frases defensivas y despectivas, queda claro que el problema ya no es solo de gestión: es de comprensión elemental del cargo que ocupa.

Minimizar el reclamo ciudadano, tratar el descontento como “bulla” o insinuar que la crítica es prueba de que todo marcha bien no es un gesto de fortaleza. Es una prueba de frivolidad política. Es la reacción de una autoridad que, antes que gobernar, se dedica a justificarse. Y un gobernador que se molesta más con la crítica que con el abandono del departamento revela con claridad cuáles son sus prioridades.

En salud, la escena se repite: presupuestos insuficientes, dificultades crecientes y una institucionalidad que no termina de consolidarse. Pero, otra vez, el libreto es el mismo: se enumeran obstáculos, se reparten responsabilidades, se identifican bloqueos externos y se administra la impotencia como si eso fuera gobernar. No lo es. Para eso no se elige una autoridad. A una autoridad se la elige para resolver, no para narrar sus limitaciones como si fueran méritos.

La improvisación, cuando se vuelve costumbre, deja de ser accidente y se convierte en método. Y en La Paz ese método ha costado caro: tiempo perdido, oportunidades desperdiciadas y una ciudadanía cada vez más acostumbrada a esperar poco de su gobernación.

La tragedia de La Paz no se agota en sus gobernadores, pero en ellos se expresa de manera obscena. El departamento ha quedado atrapado en una contradicción humillante: es central para la vida política del país, pero irrelevante para quienes deberían conducirlo con seriedad. Tiene peso histórico, peso simbólico y peso demográfico. Pero no ha tenido autoridades a la altura de ese peso.

Las provincias siguen esperando carreteras dignas, conectividad real, presencia estatal efectiva, salud pública fortalecida y una estrategia departamental que vaya más allá del parche, la excusa o la foto. Lo que reciben, en cambio, es desarticulación, abandono y una sensación constante de que el gobierno departamental no gobierna: apenas sobrevive.

La precariedad vial no es solo un problema de transporte. Es una condena económica para los productores, una barrera para el comercio, un golpe al turismo y una forma concreta de exclusión territorial. Cada camino abandonado es también una decisión política. Cada provincia olvidada revela una escala de prioridades perversa. Y cada año sin planificación confirma que, para demasiadas autoridades, La Paz termina en los límites del cálculo político inmediato.

Por eso la frase duele tanto porque se parece demasiado a la verdad: La Paz se ha convertido en el departamento olvidado por Dios y, peor aún, olvidado por quienes cobran para gobernarlo. Olvidado al planificar inversiones. Olvidado al atender emergencias. Olvidado al pensar el futuro. Olvidado incluso cuando desde la propia autoridad se pretende convencer a la población de que las cosas van bien.

Sería ingenuo negar el trasfondo estructural. La autonomía departamental nació asfixiada por un sistema fiscal centralista, por la dependencia financiera y por una redistribución de poder que nunca llegó a consolidarse plenamente. El pacto fiscal quedó empantanado, las regiones perdieron margen de maniobra y las gobernaciones terminaron debilitadas.

Pero ese hecho no puede convertirse en una coartada total.

El centralismo explica parte del problema. No explica la ineptitud. No explica la pasividad. No explica la pequeñez política de autoridades que ni siquiera supieron usar con dignidad el poco espacio que tenían. Porque incluso dentro de márgenes estrechos se puede liderar, denunciar, articular, priorizar y defender al territorio. Lo que ha faltado en La Paz no ha sido solo dinero. Ha faltado carácter. Ha faltado visión. Ha faltado hambre de transformación.

La gobernación paceña no solo fue limitada desde arriba. También se encogió desde adentro. Se resignó. Se burocratizó. Se conformó con administrar escasez y convirtió esa resignación en estilo de gobierno. A veces, incluso, usó el centralismo como escudo perfecto para esconder su propia mediocridad. Y ahí está el núcleo del desastre: la falta de recursos puede frenar; la falta de liderazgo paraliza por completo.

La Paz merece mucho más que este ciclo de abandono, improvisación, mediocridad y cinismo. Merece gobernadores que entiendan que administrar el departamento no es repartir cargos, proteger camarillas ni encadenar excusas mientras las provincias siguen esperando. Merece una autoridad que gobierne para los 87 municipios y no para la coyuntura, el titular fácil o la próxima campaña.

La promesa autonómica de 2009 no fue un adorno constitucional. Fue una apuesta histórica para corregir décadas de centralismo y construir gobiernos subnacionales eficaces. En La Paz, esa promesa fue arruinada por una dirigencia incapaz de honrarla. Cocarico, Patzi y Quispe, cada uno a su manera, encarnan la misma frustración: la autonomía como discurso y el abandono como práctica; la retórica del cambio y la rutina del fracaso.

El proceso electoral de 2026 puede abrir una nueva oportunidad, pero solo si la ciudadanía deja de premiar la mediocridad, castiga la impostura y exige algo más que slogans vacíos. Porque lo que está en juego no es solo un cargo. Es la posibilidad de rescatar a un departamento que ha sido humillado por años de mala gestión, desidia institucional y autoridades demasiado pequeñas para un territorio tan grande.

La autonomía sin gestión es un fraude. La descentralización sin liderazgo es una mentira. Y una gobernación que no transforma, no articula, no defiende a su territorio ni responde a su gente no gobierna: ocupa oficinas mientras el departamento se hunde.

La Paz no necesita otro administrador de su decadencia.

Necesita, de una vez por todas, un gobernador que recuerde al departamento que juró servir.