El Beni no está atrasado por falta de riqueza ni por falta de capacidad de su gente. Está atrasado porque muchas autoridades, en lugar de defender al pueblo, terminan obedeciendo al poder central.
No lideran. Solo siguen órdenes.
Ese es el problema de fondo.
Durante años hemos visto cómo algunos llegan al poder usando formas poco limpias. Difaman, mienten y atacan a otras personas con tal de ganar. Todo vale con tal de llegar. Pero eso no es hacer política, eso es hacer daño. Y quienes recurren a la difamación para avanzar terminan teniendo menos autoridad moral que aquellos a quienes acusan.
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Y cuando llegan al poder, las cosas no mejoran.
La corrupción ya no se esconde. Los llamados “diezmos” —cobros ilegales a funcionarios o a quienes trabajan con el Estado— se han vuelto una práctica conocida. Esto no solo está mal, es un delito. La ley castiga estas acciones como cohecho, cobros ilegales y abuso de poder por parte de autoridades.
Es decir, no es solo una falta moral: es corrupción.
A esto se suma otro problema grave: autoridades que, ya estando en el cargo, siguen haciendo campaña política. Usan recursos del Estado, su cargo y su influencia para favorecerse. Eso es injusto y va contra las reglas.
La Ley Nº 026 del Régimen Electoral prohíbe claramente usar recursos públicos para hacer campaña. Y la Constitución Política del Estado establece que una autoridad debe trabajar para todos, no para su partido.
Pero además, vemos prácticas que indignan a la ciudadanía: autoridades —en instituciones educativas y también los llamados “padres de la patria”— que piden licencia para postularse a otros cargos y, si pierden, regresan tranquilamente a su puesto.
Mientras tanto, otros son apartados o eliminados por no “cumplir” ciertos requisitos, dejando en evidencia que las reglas no se aplican igual para todos.
Eso no es un derecho: es un privilegio mal utilizado.
Y lo más grave es el mensaje que se envía: que el poder tiene dueños y que la voluntad del elector puede ser manipulada según convenga. Esto no solo vulnera la igualdad, también demuestra una profunda falta de respeto al elector.
Pero más allá de la ley, esto es una falta de respeto.
Respeto a la gente, respeto al cargo y respeto a la democracia.
El problema, al final, es de carácter.
Porque quien tiene carácter no vende su dignidad, no se somete al poder y no necesita mentir para avanzar. Quien no lo tiene, termina siendo una marioneta.
El Beni no necesita más autoridades que obedezcan a otros. Necesita líderes con valentía, con ideas propias y con compromiso real con su gente.
Elegir marionetas, gente sin capacidad de pensar con cabeza propia y sin el coraje de enfrentar al poder corruptor, es condenar al Beni al mismo atraso.
Porque el Beni no necesita marionetas, necesita carácter.
Lavive Yañez/exdiputada nacional