Afirman que descartar el tratamiento de esta propuesta mantiene un privilegio económico para un reducido e improductivo grupo de la población. Ven que se premia el proceder delictivo de algunas exautoridades que abusaron de su cargo, incurriendo en abusos e ilegalidades a lo largo de su mandato, acciones que afectaron a personas y perjudicaron los intereses del Estado boliviano. Comisión de Constitución de Diputados consideró que la propuesta para eliminar la renta vitalicia en favor de expresidentes, tenía deficiencias legales y no solucionaba problemas estructurales del país.
Fuente: El Diario
Tras el rechazo de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados al proyecto de ley para eliminar la renta vitalicia de expresidentes, el exdiputado por Chuquisaca, Marcelo Pedrazas, reprochó que con esta determinación se mantengan privilegios para una élite política y se premien los actos delincuenciales en los que incurrieron algunos exmandatarios.
En criterio del exlegislador representante de la capital del Estado, al descartar el tratamiento de esta propuesta se mantiene un privilegio económico para un reducido e improductivo grupo de la población.
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Asimismo, se premia el proceder delictivo de algunas exautoridades que abusaron de su cargo, incurriendo en abusos e ilegalidades a lo largo de su mandato, acciones que afectaron personas y perjudicaron los intereses del Estado boliviano, generando la actual crisis.
“Los diputados, al rechazar la eliminación de la renta vitalicia no solo premian a delincuentes, también mantienen el privilegio de recibir 33 mil bolivianos al mes a quienes no hacen nada, mientras gran parte de la población boliviana enfrenta dificultades día a día”, sostuvo Pedrazas a través de sus redes sociales.
Como ejemplo de sus cuestionamientos, el exdiputado se refirió a los expresidentes Luis Arce y Evo Morales, uno actualmente recluido y el otro prófugo de la justicia, quienes no destacaron por una amplia y reconocida trayectoria profesional, sino pasarán a la historia por una “trayectoria delincuencial”.
El miércoles, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que proponía eliminar la renta vitalicia para los expresidentes de Bolivia, por considerar que la propuesta tenía deficiencias legales y no solucionaba problemas estructurales del país.
“No vamos a resolver la pobreza de los bolivianos ni los problemas del país quitándoles las rentas vitalicias a unos pocos expresidentes. Más allá de las diferencias políticas, quienes ocuparon la presidencia prestaron un servicio al país”, explicó el diputado Antonio Pino de la alianza Libre, miembro de dicha comisión.
En su criterio, una medida más apropiada de analizar podría ser el considerar que dicho beneficio esté condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos o establecer condiciones que provocarían la cancelación de la renta. “Por ejemplo, cuando se ejecute una sentencia por delitos de corrupción”.
“Una condena por corrupción debería ser motivo para retirar ese beneficio, porque se está perjudicando la inversión que se hizo”, dijo Pino, calificando la propuesta rechazada como “un planteamiento demagógico para ganar aplausos”, sin buscar verdaderas soluciones a las necesidades de un país que pretende salir de la crisis.
A lo largo de la pasada legislatura, Pedrazas impulsó el debate para dejar sin efecto el beneficio de la renta vitalicia para expresidentes, afirmando que se trata de una medida denigrante y discriminatoria para el grueso de la población que percibe ingresos incluso menores al salario mínimo nacional, mientras un sector minoritario es privilegiado sin producir nada.
Otro exlegislador que planteó la eliminación de la renta vitalicia durante la pasada legislatura fue el beniano Óscar Balderas, quien en distintas oportunidades cuestionó la vigencia de este tipo de beneficios en plena crisis social y económica.
Uno de los argumentos expresados por Balderas tenía que ver con que varios exmandatarios renunciaron a su mandato o asumieron la presidencia por un período corto, a esto se suma que otros violaron la Constitución Política del Estado y cuentan con juicios pendientes. “Otros han llegado al cargo por casualidad, a través de sucesión constitucional”, cuestionó.
El proyecto de ley recientemente rechazado por la Comisión de Constitución de Diputados fue presentado por una diputada del PDC vinculada a la línea política del vicepresidente del Estado, Edmand Lara.
La Ley 376, de mayo de 2013, firmada por Evo Morales, dispone otorgar un reconocimiento pecuniario a los ciudadanos que hayan ejercido la Presidencia y Vicepresidencia Constitucional del Estado con una suma equivalente a diez salarios mínimos nacionales mensuales, monto que será pagado por el Tesoro General de la Nación (TGN). La norma indica que este beneficio se percibirá de por vida.
“No puede haber derechos adquiridos para políticos”, finalizó el exdiputado Pedrazas.
Fuente: El Diario