En Chile, el presidente José Antonio Kast ordenó frenar la regularización de 182.000 inmigrantes, que había sido impulsada por su predecesor, Gabriel Boric. Una de las promesas de campaña de Kast era precisamente la expulsión de los inmigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven en el país.
Era uno de sus grandes reclamos electorales y una de las reformas más urgentes a poner en marcha. Para José Antonio Kast no había concesiones en torno a la política migratoria chilena. El primer paso dentro de su agenda oficial ha sido frenar la regularización de 182.000 migrantes, impulsada por la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric.
“La migración le está aportando al país el 10% del PIB”
“Hay 338.000 personas que se sabe que están en situación de irregularidad. De ellos, 182.000 son personas que se empadronaron, que fueron, dieron su dirección, dieron sus datos biométricos, cuestión que hoy incluso muchos nos preguntamos qué se va a hacer con esos datos biométricos, si a esa persona no la van a regularizar”, comenta para RFI Eduardo Cardoza, secretario general del Movimiento de Acción Migrante.
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“Esto tiene consecuencias enormes porque la migración le está aportando al país el 10% del Producto Bruto Interno, y evidentemente esto está perjudicando muchísimo, porque son personas trabajadoras que vienen en general, en su 99,9%, a trabajar al país, y que estando en las condiciones de no tener los papeles al día, se ven privados de derechos básicos”, recalca Cardoza.
Además de parar la regularización de estos 182.000 migrantes, Kast presentará al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados: uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso ilegal al país.
“Un fenómeno muy particular”
“Se da un fenómeno muy particular, que es que la gente está preocupada por esto pero muchas personas que están en situación irregular, que están trabajando, que tomaron arraigo con el país, no se quieren ir y no se van a ir. Entonces se va a dar una situación bien particular, de que no hay posibilidad de que se pueda expulsar a 338.000 personas en cuatro años”, subraya Cardoza.
“Lo máximo que ha expulsado un gobierno ha sido anualmente 8.000 personas, entre expulsiones administrativas y judiciales. Y entonces va a haber que tomar políticas que sean reales o seguir continuando con esta situación que condena a la gente a vivir mal. Y ese es un desafío que tiene este gobierno”, concluye.
Apenas cinco días después de asumir el cargo como presidente, Kast puso en marcha el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, una de las iniciativas más emblemáticas de su programa, que contempla la construcción de barreras físicas, zanjas, sistemas de vigilancia con cámaras y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera con Perú, y varios kilómetros en sectores críticos de la frontera con Bolivia.