El sector productivo pide acceso a divisas, seguridad jurídica, para consolidar la recuperación. El empresariado destaca mejoras frente a la gestión anterior.
Fuente: eldeber.com.bo
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El primer trimestre de 2026 marcó un punto de inflexión para la economía boliviana. Tras un 2025 caracterizado por la crisis cambiaria, energética y de precios, los sectores de la industria, el comercio y las pequeñas y medianas empresas (pymes) coinciden en que el país ingresó a una etapa de mayor estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el consenso también es claro: la recuperación aún es frágil y enfrenta obstáculos estructurales que impiden un despegue sostenido.
Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el balance del periodo destaca un contexto marcado por el “dinamismo del Poder Ejecutivo” frente a una limitada acción del Legislativo. Según el sector, esta falta de coordinación institucional está ralentizando la transición hacia un nuevo ciclo de crecimiento.
“Tras cerca de 20 años de modelo económico estatista, el nuevo Poder Ejecutivo adoptó medidas correctas para estabilizar la economía en un contexto de señales de apertura económica; sin embargo, no encontró un eco sustantivo en el Poder Legislativo y se está frenando la recuperación”, señaló Gonzalo Morales, presidente de la CNI.
Morales destacó que durante el primer trimestre de 2026 la principal medida del Gobierno de Rodrigo Paz fue levantar el subsidio a los hidrocarburos y aplicar la flotación del tipo de cambio en los mercados financieros, bajo un esquema referencial del Banco Central de Bolivia. Para Morales, esta orientación económica ha permitido generar certidumbre energética para el sector productivo, además de estabilidad cambiaria y de precios en los mercados.
“Asimismo, el respaldo crediticio internacional de instituciones como el FMI, CAF, BID, Banco Mundial y el Gobierno de Estados Unidos, con compromisos de crédito en torno a los $us 8.000 millones, generó un entorno de estabilidad y confianza macroeconómica que se refleja en el descenso del riesgo país de JP Morgan, la estabilidad del tipo de cambio y una inflación reducida”, destacó Morales.
De la crisis a una mayor certeza
Juan Carlos Vargas, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de Bolivia (Cnpymeb), sostuvo que el balance del sector, durante este primer trimestre, en relación con el de 2025, “tiene un sabor agridulce”.
“En 2025, el panorama era complicado. La cotización inestable del dólar paralelo nos causaba graves problemas de liquidez para la importación de materia prima e insumos. La escasez de diésel era otro motivo de incertidumbre y de incremento en los costos de producción. Ahora el panorama es distinto, hay un poco más de estabilidad y eso para nuestra actividad es muy importante”, subrayó Vargas.
El contraste con el primer trimestre de 2025 es uno de los elementos más destacados por el empresariado. Mientras que el año pasado estuvo marcado por la escasez de combustibles, la depreciación del boliviano y el incremento de costos de importación, el arranque de 2026 muestra un escenario más predecible.
Entre los factores que explican esta mejora, los industriales identifican dos medidas clave: la eliminación del subsidio a los hidrocarburos y la flexibilización del tipo de cambio, bajo un esquema referencial del Banco Central de Bolivia (BCB).
Para el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Alejandro Alpire, el primer trimestre de 2026 presenta factores que permiten un mejor posicionamiento de los sectores productivos y empresariales.
Alpire sostuvo que es un gran alivio para la proyección de negocios contar con certeza en el tipo de cambio, ya que eso permite realizar proyecciones a corto y mediano plazo.
“Eso en 2025 no se tenía, todo era más volátil e inestable. No por nada las pymes y mypes fueron las más afectadas, por lo que muchas debieron reducir su producción y la cantidad de sus empleados”, indicó Alpire.
Reactivación y obstáculos
Pese a las señales positivas, el sector empresarial advierte que persisten factores que limitan la recuperación. Entre ellos destacan la alta burocracia estatal, la persistencia del contrabando, la creciente informalidad, los cupos de exportación y los bloqueos de carreteras.
Así, Rafael Riva, gerente técnico de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), precisó que el balance del sector exportador es positivo, pues en los primeros tres meses de 2026 se han concretado exportaciones de carne de res a dos nuevos mercados, como el paraguayo y el egipcio, y que se está por cerrar ventas de proteína cárnica y lácteos a Chile.
Riva explicó que el comercio mundial de carne bovina mueve alrededor de $us 30.000 millones, un mercado dominado por grandes exportadores como Brasil, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Para Riva, el ingreso a estos mercados no solo beneficia a los frigoríficos exportadores, sino que genera un impacto económico a lo largo de toda la cadena productiva.
Riva advirtió que las restricciones o cupos de exportación aplicados a varios productos agropecuarios han limitado el desarrollo del comercio exterior boliviano.
Entre los productos con este tipo de restricciones mencionó la carne, la soya y sus derivados, el azúcar, el arroz, el maíz, el sorgo, el pollo y el ganado en pie.
“Los cupos son como poner un freno de mano al desarrollo productivo, porque generan incertidumbre para las inversiones orientadas a la exportación”, afirmó.
El gerente técnico de Cadex señaló que los contratos de exportación suelen ser acuerdos de provisión a largo plazo y que la interrupción de los envíos puede generar penalidades y pérdida de credibilidad para los exportadores bolivianos.
Riva destacó que el nuevo enfoque del Gobierno hacia la promoción de exportaciones representa un cambio respecto a años anteriores, cuando la política económica priorizaba principalmente el mercado interno.
“Las exportaciones son una fuente clave de divisas y empleo formal. Además, son divisas de libre disponibilidad que ingresan al país porque la mayor parte de los costos de producción se realiza en Bolivia”, señaló.
En ese sentido, consideró positivo que las misiones oficiales incluyan al sector empresarial en las gestiones de apertura de mercados y promoción comercial.
En el caso del comercio, la estabilización de precios permitió una leve recuperación del consumo, aunque aún por debajo de niveles prepandemia y afectado por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en 2025.
Para las pymes, el escenario es más complejo. Si bien la estabilidad cambiaria reduce riesgos, el acceso al financiamiento y a divisas sigue siendo limitado, lo que restringe su capacidad de inversión y expansión.
El sector industrial, a través de la CNI, impulsa una “Agenda Ampliada de Industrialización” centrada en dos pilares fundamentales.
Estabilidad macroeconómica y libertad económica. En este sentido, el empresariado plantea medidas urgentes: unificación del tipo de cambio, acceso irrestricto a divisas, garantías para el libre tránsito y comercio (incluida una ley antibloqueos) y suministro estable de carburantes de calidad.
El segundo punto medular es la seguridad jurídica e institucionalidad moderna.
Entre las reformas estructurales pendientes destacan una nueva Ley de Inversiones, la modernización de la legislación laboral y la simplificación de trámites, además de la eliminación de barreras administrativas.
Las perspectivas del empresariado para el resto de 2026 son moderadamente optimistas, pero condicionadas a factores clave: coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, aprobación de reformas estructurales, desembolso efectivo de créditos internacionales y reducción de trabas burocráticas.
“El país requiere ajustes en el ‘Estado tranca’ para impulsar un entorno competitivo donde la empresa sea el actor central del crecimiento”, remarcó Morales.