Uno de los mayores retos, añadió, son las uniones de hecho no registradas, en las que un adulto convive con una niña o adolescente sin pasar por ninguna instancia legal.
Fuente: ANF
La promulgación de la Ley N.º 1639 marcó un hito en la protección de los derechos de niñas y adolescentes en Bolivia. Por primera vez, el Estado prohíbe de manera absoluta los matrimonios y uniones libres de personas menores de 18 años, eliminando todas las excepciones legales que durante años permitieron estas prácticas. Sin embargo, especialistas advirtieron que el desafío central no es solo jurídico, sino profundamente cultural y social.
“La ley es un primer paso fundamental, porque cierra cualquier resquicio legal que antes avalaba estas uniones. Pero prohibir no basta si no desmontamos los factores culturales que las sostienen”, señaló a ANF Mónica Bayá, representante de la Comunidad de Derechos Humanos.
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Para la activista, la vigencia de la norma abre una nueva etapa que exige acciones integrales, sostenidas y con enfoque territorial.
La Ley N.º 1639, promulgada el 24 de septiembre de 2025, modifica el Código de las Familias (Ley 603) y establece que cualquier unión antes de los 18 años es nula de pleno derecho. Con ello, el Estado busca frenar una práctica que históricamente afectó sobre todo a niñas y adolescentes, expuestas a violencia, abandono escolar, embarazos forzados y dependencia económica.
Bayá subrayó que, en el corto plazo, el control institucional es clave. “Hoy ninguna oficina del Servicio de Registro Civil (Sereci) puede registrar matrimonios o uniones con menores de edad. Para eso se han emitido circulares internas, pero también se requiere socializar la ley entre quienes deben garantizar su cumplimiento, como las Defensorías de la Niñez”, explicó.
Indicó que detectar y proteger a posibles víctimas sigue siendo una tarea urgente, sobre todo en contextos donde la práctica intenta persistir de manera informal.
Más allá de la aplicación inmediata, la experta insistió en la necesidad de una política pública específica de prevención. Dijo que hay que trabajar con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en una estrategia que incluya capacitación, campañas de comunicación y, si es necesario, nuevas normas complementarias.
Uno de los mayores retos, añadió, son las uniones de hecho no registradas, en las que un adulto convive con una niña o adolescente sin pasar por ninguna instancia legal.
Desde una mirada estructural, Martín Vidaurre, coordinador de políticas de Ipas Bolivia, definió el matrimonio infantil y las uniones tempranas como una forma de violencia sistemática.
“Estas prácticas se sostienen en una profunda desigualdad de poder y truncan el proyecto de vida de las niñas. Están directamente vinculadas a la deserción escolar, la dependencia económica, el embarazo adolescente e incluso el riesgo de feminicidio”, advirtió en entrevista con ANF.
Para Vidaurre, la nueva ley representa un quiebre en una estructura “machista y patriarcal” que normalizaba estas uniones al permitir el matrimonio desde los 16 años con autorización.
“En menores de 18 años no se puede hablar de consentimiento pleno. Ese consentimiento está viciado por la seducción, el engaño o la presión familiar, y debe ser entendido desde la óptica de la violencia sexual”, enfatizó.
Ambos especialistas coincidieron en que el cierre de la vía legal puede empujar estas prácticas a la clandestinidad. Por ello, Vidaurre destacó los “candados institucionales” que se están implementando con instancias como el Sereci y el Segip (Servicio General de Identificación Personal), así como las alianzas con la Policía y comisiones de derechos humanos para difundir la norma.
También resaltó experiencias locales, como leyes municipales que fortalecen las atribuciones de las Defensorías para actuar de forma inmediata.
En el mediano y largo plazo, dijo, el desafío es desnaturalizar el matrimonio infantil como supuesta solución a la pobreza. “Hay que cambiar el chip de la sociedad”, sostuvo Vidaurre, quien defiende la obligatoriedad de la Educación Integral para la Sexualidad desde la primaria.
“Hablar del cuidado del cuerpo y de derechos sin tabúes es una herramienta clave de prevención”, enfatizó.
Bayá complementó esta visión con un enfoque territorial. Indicó que aunque no existen estadísticas oficiales desagregadas por municipio, “estudios cualitativos sugieren priorizar regiones como el Oriente, el Chaco y Potosí, así como territorios indígena originario campesinos”.
“Es fundamental trabajar con gobiernos municipales, redes de radios comunitarias, escuelas y organizaciones juveniles. La prevención debe llegar directamente a las comunidades”, afirmó.
El enfoque intercultural también es central. Vidaurre propuso un trabajo “de par a par” en áreas rurales, utilizando idiomas originarios y respetando las culturas, pero informando con claridad sobre los riesgos para la salud, las consecuencias legales y la ilegalidad de estas uniones ante la justicia ordinaria.
En Bolivia se registraron más de 4.800 uniones de adolescentes de 16–17 años y 487 matrimonios de niñas de 12–15 años entre 2014 y 2023. Además, entre 2020 y 2023 hubo miles de embarazos en niñas y adolescentes, lo que refleja el vínculo entre MUITF y embarazos tempranos.
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Fuente: ANF