Los italianos van a las urnas para participar en un referendum sobre una reforma constitucional de la justicia, cuya mayor modificación será separar las carreras de los jueces y los fiscales. RFI conversó con Sabrina Ragone, profesora de derecho comparado en la Universidad de Bolonia, para entender lo que propone esta reforma.
Se trata de un referéndum constitucional muy controvertido y politizado, ya que el bando de Giorgia Meloni está a favor: la primera ministra de extrema derecha considera que la reforma propuesta es indispensable para garantizar la imparcialidad del sistema judicial. La oposición, por su parte, lo ve como un intento del Gobierno de controlar a los magistrados.
Meloni se ve obligada a convocar un referéndum, al no contar con la mayoría de dos tercios necesaria en el Parlamento para llevar a cabo una reforma constitucional.
Aunque el texto no establece una subordinación directa al Poder Ejecutivo, las voces críticas advierten sobre las implicaciones a largo plazo de separar las funciones de jueces y fiscales. Uno de los puntos más polémicos es la autonomía del Ministerio Fiscal. Si bien la reforma no contempla un sometimiento explícito al Ministerio de Justicia, lo que representaría el máximo nivel de conexión con la administración pública, los expertos advierten sobre un posible cambio de paradigma.
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«Transformar el Ministerio Fiscal en un órgano completamente separado del juez que decide el fondo de las causas puede ser el primer paso para llevar a una mayor conexión entre el rol del Ministerio Fiscal y el gobierno», advierte Sabrina Ragone, profesora de derecho comparado en la Universidad de Bolonia.
Esta diferenciación busca, en teoría, especializar las funciones, pero para los críticos, la separación total del cuerpo judicial podría debilitar los muros que protegen a la fiscalía de las influencias políticas.
La reforma no es un simple ajuste administrativo; se trata de una modificación profunda de varios artículos de la Constitución que se asienta sobre tres ejes fundamentales como la separación de carreras profesionales. «Con las nuevas reglas, cada juez o cada fiscal debería elegir desde el principio cuál es la función que quiere desarrollar», explica la profesora Ragone.
Un segundo cambio se aplicaría al Consejo Superior de la Magistratura. Las funciones de este órgano rector dejarán de estar centralizadas para repartirse entre tres entes distintos.
Un tercer cambio fundamental busca centralizar la supervisión y sanción de los funcionarios judiciales bajo un nuevo organismo denominado Alta Corte Disciplinaria.
¿Qué cambia para el ciudadano de a pie?
A pesar de la magnitud de estos cambios estructurales, la pregunta que muchos se hacen es si esto tendrá un impacto real en la eficacia de los tribunales. En este sentido, la experta responde que «en realidad no cambia mucho, porque para el ciudadano de a pie el tipo de procedimiento sería el mismo. Esa reforma de por sí no va a hacer la justicia más rápida ni necesariamente más viable».
En la década de 2000, Silvio Berlusconi, el primer ministro de derecha implicado en varios escándalos y condenado por corrupción, intentó, sin éxito, reformar el sistema judicial. Hoy le toca el turno a Giorgia Meloni. Seguramente la primera ministra recordará que el último referéndum constitucional que fue rechazado, en 2016, le costó el cargo al entonces primer ministro, Matteo Renzi.