El proyecto contempla iniciar obras de gran envergadura en los recintos de Chonchocoro (La Paz) y Palmasola (Santa Cruz), considerados estratégicos dentro del sistema penitenciario de Bolivia. En el caso de Chonchocoro, la autoridad señaló que existe el objetivo de transformarlo en una verdadera cárcel de máxima seguridad.
Fuente: ANF / La Paz
El director general de Régimen Penitenciario, coronel Daniel Mérida, informó que el plan para la construcción de nuevos centros penitenciarios y pabellones en el país depende de la aprobación de un proyecto de ley actualmente en la Asamblea Legislativa. La iniciativa busca ampliar la infraestructura carcelaria para enfrentar la crisis de hacinamiento que afecta al sistema penitenciario boliviano.
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Según explicó Mérida, el proyecto contempla iniciar obras de gran envergadura en los recintos de Chonchocoro y Palmasola, considerados estratégicos dentro del sistema penitenciario. En el caso de Chonchocoro, la autoridad señaló que existe el objetivo de transformarlo en una verdadera cárcel de máxima seguridad.
“Tenemos el sueño grande de convertir Chonchocoro en un centro de máxima seguridad que responda a las necesidades del sistema penitenciario”, afirmó el coronel a ANF, al remarcar que este tipo de infraestructura permitiría mejorar la gestión de la población carcelaria y reforzar las condiciones de seguridad.
El director de Régimen Penitenciario explicó que el proyecto requiere una inversión significativa por parte del Estado, motivo por el cual se prevé contar con cooperación de organismos internacionales para financiar parte de las obras.
“Estas construcciones representan un gasto enorme, por lo que estamos trabajando con apoyo y cooperación internacional para que el proyecto sea viable”, indicó.
Mérida precisó que actualmente la administración penitenciaria se encuentra a la espera de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley en su totalidad para iniciar la ejecución de las obras. De concretarse, la nueva infraestructura permitiría realizar cambios estructurales en el sistema penitenciario y aliviar la presión sobre recintos que actualmente se encuentran colapsados.
Entre ellos mencionó al penal de San Pedro, en La Paz, uno de los centros más antiguos y sobrepoblados del país.
Durante recientes inspecciones a ese recinto, el coronel observó que algunos internos han realizado nuevas construcciones dentro del penal. No obstante, aclaró que estas mejoras no generan ningún tipo de derecho propietario, ya que el terreno pertenece al Estado.
La ampliación de la infraestructura penitenciaria surge en medio de una crisis persistente de hacinamiento. Actualmente Bolivia cuenta con 46 centros penitenciarios con capacidad para aproximadamente 15.598 personas, mientras que la población privada de libertad supera las 32.000, lo que representa una sobrepoblación mayor al 100%.
Uno de los factores que explica esta situación es el uso extendido de la detención preventiva. Se estima que entre el 55% y el 65% de los internos aún no cuenta con una sentencia, lo que implica que permanecen encarcelados durante años mientras avanzan sus procesos judiciales.
El crecimiento de la población carcelaria también ha sido acelerado en los últimos años. De 17.305 internos registrados en 2020 se pasó a más de 33.000 en 2025, casi el doble en un periodo de cinco años.
Organismos de derechos humanos advirtieron que esta situación genera condiciones de vida precarias, limita el acceso a servicios básicos y dificulta los procesos de rehabilitación, por lo que consideran urgente impulsar reformas estructurales en el sistema judicial y penitenciario, además de ampliar la infraestructura carcelaria.