El informe de Rendición de Cuentas Públicas Final 2025 del Ministerio de Gobierno muestra que la anterior administración no dejó información sensible sobre el registro para la portación de armas ni sobre los antecedentes de las personas que ingresaron a territorio nacional. Tampoco hay información sobre la afectación real a las bandas de narcotraficantes y se desconocen las inspecciones realizadas a las empresas que trabajan con sustancias controladas.
Fuente: Visión 360
La ausencia de información en el Ministerio de Gobierno, revelada en la Rendición de Cuentas de esta cartera de Estado, correspondiente a la gestión 2025, evidencia la inseguridad en la que se halla el país, debido a que no hay información sobre aspectos vinculados con la seguridad nacional.
Este viernes, el director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Rubén Darío Cardozo, realizó la Rendición Pública de Cuentas Final 2025, en la que lo común es que no se encontró información respecto a temas sensibles, como la tenencia de armas y el control sobre los antecedentes de las personas que recibieron autorizaciones de permanencia.
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Tampoco se cuenta con información sobre el control fronterizo en los puntos de control terrestre y aéreo, debido a que el sistema se encuentra en etapa de prueba, extremo que genera una debilidad para la seguridad nacional.
En cuanto a las tareas de lucha contra el narcotráfico, aunque se menciona un número de operativos, no se cuenta con los registros que permitan contrastar si efectivamente hubo una disminución de esa actividad delictiva. Además, si bien se habla de una afectación económica al narcotráfico, no se pudo cuantificar de manera objetiva si efectivamente la hubo.
Si bien se habla de los controles a las empresas que producen sustancias químicas, no se pudo corroborar la cantidad de inspecciones realizadas, como señalan los documentos que fueron revisados, detalló Cardozo.
No hubo un control adecuado sobre la portación de armas
Cardozo informó que el Viceministerio de Régimen tiene entre sus obligaciones el control sobre la tenencia, registro y portación de armas; sin embargo, sostuvo que no se cuenta con sistemas modernos de registro para la portación de armas, que permitan llevar un control adecuado de quienes portan este tipo de armamento y conocer cuáles son los registros básicos con los que se debería contar para hacer un seguimiento.
Por lo tanto, consideró que “no se pudo establecer ni generar políticas de prevención y uso indebido de armas, en razón de que es una actividad que todavía debe ser mejorada, reestructurada y modernizada, con el objetivo de tener registros en línea y hacer un control efectivo y de esta manera prevenir los delitos”.
También se refirió al programa de fortalecimiento de la Policía y consideró que, aunque los informes se refieren a estos procesos, “todos los reportes sobre éstos han carecido de veracidad para poder determinar cuál ha sido este fortalecimiento”, afirmó.
Explicó que el Ministerio de Gobierno debe fortalecer en infraestructura, tecnología, equipamiento y en otro tipo de aspectos a la Policía. “Tal vez no existan los datos para establecer cómo han coadyuvado a la función de la Policía este fortalecimiento”, afirmó.
El fortalecimiento a la Policía, según Cardozo, se encuentra en un proceso administrativo de ajuste: “no se ha realizado la refacción de la infraestructura”; debe trabajarse y mejorarse, y coadyuvar a la Policía en el ejercicio de sus actividades, aseguró.
Informó que se reportaron 1.282 conflictos en la gestión pasada; sin embargo, no se establecen cuáles fueron los procedimientos de atención que se aplicaron ni el porcentaje de avance durante toda la gestión, lo que hace prever que “este es un dato parcial de los conflictos”.
No hay documentos que permitan contrastar si hubo una afectación al narcotráfico
Cardozo informó que, según la anterior gestión, hubo 10.000 operativos de interdicción al narcotráfico, pero aclaró que tampoco se encontraron los registros para poder contrastar si efectivamente ha habido una disminución o un incremento en estas actividades.
Al respecto, consideró que este es otro problema de planificación que se tiene que cambiar y mejorar en el Viceministerio de Defensa Social, reformulando estos instrumentos de medición para establecer si los resultados son adecuados para evaluar la gestión.
Sobre las organizaciones criminales desarticuladas del narcotráfico y sustancias controladas, dijo que “no existen los mecanismos para determinar las afectaciones económicas logradas de una manera razonable”.
Señaló que se habla de una afectación de 784 millones de bolivianos; sin embargo: “es importante hacer conocer que no hemos podido establecer de manera objetiva, porque no se ha podido cuantificar adecuadamente las afectaciones económicas a las organizaciones criminales”.
En cuanto a los controles que deben realizarse a las empresas que trabajan con sustancias químicas controladas, sobre la producción, comercialización y transporte a nivel nacional, afirmó que “no se pudo corroborar tampoco la cantidad de inspecciones que se han expresado en los documentos que hemos revisado, para poder determinar si ese ha sido el impacto en la lucha contra el narcotráfico”.
Al respecto, señaló que se debe trabajar en los mecanismos de control a las empresas que operan con estas sustancias.
Por otra parte, indicó que se menciona que hubo 10.000 hectáreas racionalizadas o erradicadas de cultivos excedentarios, lo que corresponde a un 27,3%, lo que muestra “un avance mínimo en esta tarea”; por lo tanto, consideró que “hay que reformular esta política acerca de la erradicación”.
No hubo control de antecedentes de los extranjeros que ingresaron al país
Cardozo detalló que, en 2025, se otorgaron 28.000 permanencias a ciudadanos de diferentes nacionalidades; sin embargo, no se cuenta con mayor información sobre las condiciones de quienes fueron autorizados. No se tienen los resultados de la autorización de permanencia de estas personas.
Los compromisos asumidos por Migración, como el sistema informático de ingreso y salida mediante tarjetas vecinales y fronterizas, tampoco cuentan con reportes precisos: “no existe un informe claro de la emisión de estas tarjetas en 2025 ni de la efectividad de los controles migratorios, especialmente con Chile”, informó, a tiempo de señalar que es importante retomar esos controles, toda vez que la seguridad es una prioridad del Ministerio de Gobierno.
Cardozo consideró que para el Gobierno es “prioridad la seguridad; por lo tanto, conocer quién entra y quién sale, si tiene antecedentes o no, o si ha estado relacionado con alguna actividad ilícita, es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana. Será un objetivo, una acción para desarrollar en la presente gestión”.
También se refirió a los kioscos informativos instalados en los aeropuertos internacionales, como los de El Alto y Santa Cruz, para brindar atención a los visitantes; sin embargo, consideró que no han dado los resultados esperados. “Eso preocupa, hay que preocuparnos de dar una buena atención; en este caso, no ha dado los resultados que esperábamos”.
Informó que el Sistema de Control Fronterizo en todos los puntos terrestres y aéreos se encuentra en etapa de prueba, “lo que genera una debilidad en los controles fronterizos, toda vez que se está trabajando en un análisis de este sistema, con la posibilidad de incorporar analítica de datos que permita el control de las personas que ingresan y salen del país”, afirmó.
Cardozo también informó que la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) se propuso generar una recaudación de 24 millones de bolivianos; sin embargo, con la monetización de bienes provenientes de actividades ilícitas se alcanzaron 103 millones de bolivianos, lo que evidencia una falta de planificación en esa institución.
Asimismo, indicó que se realizó una recaudación de 1,29 millones de dólares y una transferencia de 2,240 millones; sin embargo, no se pudo verificar el destino de dichas transferencias.
No hay información sobre las sanciones a policías que cometieron infracciones
Cardozo también se refirió a la institucionalidad y transparencia de la Policía Boliviana. Señaló que se reportaron 605 faltas disciplinarias cometidas por efectivos policiales; sin embargo, no se pudo establecer el número de sanciones ni el universo de procesos iniciados para determinar si todos fueron atendidos, cuáles fueron los resultados y qué tipo de sanciones se aplicaron.
“Ha primado la falta de información y no se ha podido establecer si el fortalecimiento a la transparencia ha dado buenos resultados o un impacto importante en el funcionamiento de la Policía”, afirmó.
Fuente: Visión 360