Según la Coordinadora de la Mujer, los ataques se concentran con mayor intensidad en mujeres que disputan posiciones de poder, lo que evidencia que la violencia digital también funciona como un mecanismo para limitar su acceso a espacios de encuesta política.
Fuente: ANF
El proceso electoral rumbo a las elecciones subnacionales de 2026 se desarrolla en un contexto marcado por el incremento de la violencia política digital contra mujeres candidatas. Un monitoreo del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer identificó múltiples expresiones de acoso, hostigamiento y descalificación en redes sociales que buscan desacreditar o desalentar la participación política femenina.
El estudio, basado en un seguimiento sistemático de publicaciones en Facebook, Instagram, X y TikTok entre el 30 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, detectó al menos 665 publicaciones, comentarios y videos con contenido de acoso o violencia política digital dirigidos contra 17 candidatas en diferentes regiones del país.
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La investigación priorizó el análisis de 22 municipios y se enfocó en mujeres que participan en el actual proceso electoral para cargos ejecutivos y legislativos. De las 17 candidatas identificadas como principales víctimas de ataques digitales, 12 postulan a cargos ejecutivos, entre ellas candidatas a gobernadoras, alcaldesas y una aspirante a vicegobernadora.
Según el informe, los ataques se concentran con mayor intensidad en mujeres que disputan posiciones de poder, lo que evidencia que la violencia digital también funciona como un mecanismo para limitar su acceso a espacios de decisión.
Tres patrones de violencia digital
El análisis cualitativo identificó tres patrones discursivos recurrentes en los ataques contra candidatas: la sexualización como mecanismo de deslegitimación, el cuestionamiento de sus capacidades basado en estereotipos de género y la burla sistemática de sus postulaciones.
La sexualización aparece cuando los comentarios se centran en la apariencia física, la vida privada o la moralidad de las candidatas, desplazando el debate sobre sus propuestas o trayectorias políticas. Este tipo de mensajes busca reducir su participación pública a juicios personales y socavar su credibilidad.
Un segundo patrón consiste en la descalificación de sus capacidades mediante estereotipos vinculados al género, la edad, la clase social o el origen étnico. En estos casos se cuestiona su liderazgo, experiencia o competencia política, reforzando la idea de que las mujeres no deberían ocupar espacios de poder.
El tercer patrón identificado es la burla sistemática hacia las candidaturas femeninas. En numerosos comentarios analizados aparecen expresiones que califican las postulaciones como “chistes” o ridiculizan la posibilidad de que las candidatas ejerzan cargos públicos, instalando un clima de desprestigio simbólico que debilita su legitimidad.
Ataques que buscan disciplinar la participación
El monitoreo también evidenció que la descalificación y desvalorización concentran la mayor proporción de mensajes violentos, seguidas por expresiones de desprestigio y violencia sexualizada.
Entre las candidatas que registran mayor volumen de ataques se encuentran Angélica Sosa, Paola Aguirre, Rosario Schamisseddine, Luisa Nayar y Priscila Segovia. Sin embargo, el informe advierte que otras candidatas, aunque reciban menos mensajes, enfrentan formas similares de hostigamiento.
Los casos analizados muestran que los ataques no solo buscan desacreditar a una persona específica, sino también enviar un mensaje más amplio de censura hacia la participación política de las mujeres. Comentarios misóginos, burlas, insultos y cuestionamientos a su rol en la vida pública refuerzan estereotipos tradicionales que intentan relegarlas a espacios domésticos o de cuidado.
El informe también revela que las candidatas entre 30 y 40 años concentran la mayor proporción de ataques, lo que podría estar relacionado con prejuicios sobre liderazgo y experiencia en mujeres jóvenes.
Impacto en la democracia
Para el Observatorio de Género, la violencia política digital no debe entenderse como hechos aislados, sino como una manifestación de las desigualdades de género en la esfera pública. Estas prácticas buscan desacreditar, hostigar o silenciar a mujeres que participan en política, afectando no solo sus derechos individuales sino también la calidad de la democracia.
El informe advierte que el anonimato, la viralización de contenidos y la limitada regulación en redes sociales amplían las posibilidades de ataques contra candidatas durante las campañas electorales.
Frente a este escenario, la Coordinadora de la Mujer recordó que Bolivia cuenta con la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, que protege a candidatas y autoridades en el ejercicio de sus derechos políticos. Asimismo, el reglamento de propaganda electoral establece sanciones para la difusión de contenidos misóginos o discriminatorios en campañas.
No obstante, la organización subraya que la existencia de normas no es suficiente si no se aplican mecanismos efectivos de prevención, denuncia y sanción. También exhorta a los tribunales electorales y a las organizaciones políticas a activar medidas de protección para evitar que el hostigamiento digital derive en renuncias forzadas de candidatas.
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Fuente: ANF