TSJ: El Órgano Judicial recibe menos del 0,5% del PGE


El presidente del TSJ expuso en Diputados una comparación salarial y pidió mayor asignación de recursos para garantizar la independencia financiera del sistema judicial.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que el Órgano Judicial recibe menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado (PGE). Esa —según indicó— resulta inferior al presupuesto asignado a varios ministerios del Órgano Ejecutivo.

La declaración fue realizada este jueves durante la presentación de un proyecto de ley para modificar la Ley 025 del Órgano Judicial, iniciativa que busca garantizar la independencia financiera y presupuestaria de la administración de justicia. La exposición tuvo lugar en la Cámara de Diputados de Bolivia.

Órgano Judicial

Durante su intervención, Saucedo expuso un cuadro comparativo de escalas salariales entre cargos del Órgano Judicial y del Órgano Ejecutivo, con el objetivo de mostrar las diferencias en remuneraciones y en asignación de recursos.



“Recibimos menos del 0,5% y usted lo sabe”, afirmó la autoridad, que se dirigió al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro. Añadió que existen entidades estatales que disponen de un presupuesto mayor al asignado a todo el sistema judicial.

“Hay instituciones del Estado que tienen más presupuesto que todo el Órgano Judicial, que necesita darle mayores condiciones a los litigantes y a la población que acude en busca del servicio judicial”, sostuvo.

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Presupuesto

Saucedo señaló que el sistema judicial plantea que se destine al menos el 5% del Presupuesto General del Estado al Órgano Judicial, con el fin de fortalecer su funcionamiento y reducir las limitaciones operativas.

Asimismo, explicó que la comparación salarial muestra diferencias significativas en distintos niveles laborales. Según indicó, existen secretarios judiciales que asumen una elevada carga de trabajo y responsabilidades, pero perciben salarios inferiores a los asignados a personal que cumple funciones de mensajería o conducción de vehículos en ministerios.

La propuesta legislativa busca abrir el debate sobre el financiamiento del sistema judicial y la necesidad de garantizar recursos suficientes para mejorar la administración de justicia en el país.