Lo que comenzó como un operativo rutinario de transporte de remesas terminó en una de las tragedias aéreas más impactantes de los últimos años en El Alto. Sin embargo, más allá del luto por las 22 víctimas fatales, el accidente del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ha destapado una caja de Pandora política y económica que el Gobierno de Rodrigo Paz no logra cerrar.
El viernes 27 de febrero, el gigante de acero impactó en la zona de la avenida Costanera. Lo que siguió fue una escena dantesca: entre el fuselaje retorcido y el auxilio a los heridos, miles de billetes de la nueva Serie B (cortes de Bs 10, 20 y 50) comenzaron a volar sobre el asfalto.
La respuesta ciudadana fue polarizada. Mientras unos rescataban sobrevivientes, otros calificados como “vándalos” por el Ejecutivo, se abalanzaron sobre el botín. El Banco Central de Bolivia (BCB) estima que se transportaban 17,1 millones de piezas, de las cuales un 30% se habría perdido entre el fuego y los robos, aspecto que no queda claro respecto a la cuantía.
Desde el punto de vista económico, el BCB ha intentado calmar las aguas con un argumento técnico: la monetización.
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La versión oficial: El presidente del BCB, David Espinoza, afirmó que los billetes “no tienen valor legal” porque no completaron el registro en bóvedas. Según el Gobierno, son “material impreso” y el costo de reposición lo cubre un seguro “puerta a puerta” de la empresa Crane Currency Malta Limited (contrato de $us 76,9 millones).
El riesgo real: A pesar del discurso oficial, el temor a que este dinero “sin valor” ingrese al sistema financiero mediante fraudes hormiga es real. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha instruido a los bancos retener estos cortes. Si bien no hay una inyección de masa monetaria legal, la circulación de billetes robados genera una economía sumergida de desconfianza que afecta principalmente al pequeño comercio, lo cual ha paralizado el comercio minorista, generando una total incertidumbre en la población.
Evidentemente, existe un laberinto político enmarcado en la contradicción. Aquí es donde el Gobierno enfrenta su mayor turbulencia. La estrategia comunicacional ha sido, por decir lo menos, errática.
Primero, se dijo que el dinero no tenía valor. Segundo, la policía y militares procedieron a quemar cajas de billetes en el lugar del siniestro para evitar saqueos, una imagen que proyectó desesperación en lugar de control.
No obstante, este accionar contravendría la norma, por cuanto, la Resolución de Directorio 94/18 del BCB, que aprueba el “Reglamento de Monetización, distribución de material monetario y destrucción de material falsificado”, establece que, el Directorio del BCB determinará mediante resolución expresa la destrucción del material monetario en otras instalaciones fuera del BCB, resolución que a la fecha se desconoce públicamente.
Tercero, y horas después, el BCB habilitó un “verificador” y anunció que el dinero recuperado sí tendría vigencia plena desde hoy lunes; no obstante, el comercio minorista aún continúa con la incertidumbre y desconfianza.
Lamentablemente, el ciudadano se ha convertido en policía de billetes. El Gobierno dice que no valen, pero detiene a 51 personas por robar ‘papel pintado’. Esa es la contradicción que erosiona la autoridad.
El accidente del Hércules no fue solo una falla mecánica; fue una falla de protocolo. La falta de un perímetro de seguridad robusto y las versiones encontradas entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el BCB, dejan la sensación de un Estado que reacciona tarde e improvisa.
Finalmente, mientras las cajas negras son enviadas a peritaje, el Gobierno deberá explicar por qué se transportaban remesas millonarias en un avión de la FAB sin las medidas de contingencia que un cargamento de tal sensibilidad exigía y aclarar si es un medio de transporte autorizado por la (ASFI), toda vez que, la Ley N° 393 de Servicios Financieros, establece que el ente regulador autoriza y regula a las empresas de transporte de material monetario y valores.