Colectivos, sectores sociales y organizaciones ambientalistas anunciaron que se mantendrán en vigilia permanente ante el desenlace de las determinaciones judiciales que hoy podría asumir el juzgado de Entre Ríos respecto de las operaciones de Petrobras en el proyecto DOMO OSO X3, ubicado en el área de amortiguamiento de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía. Pero además, exigen el cumplimiento del mandato constitucional de la consulta previa, así como el desarrollo de un estudio integral de impacto ambiental.
Activistas protagonizan un plantón en defensa de Tariquía en inmediaciones del Tribunal de Entre Río
Fuente: https://sumandovoces.com.bo
Estas y otras demandas están recogidas en el denominado “Manifiesto de resistencia nacional”, una declaración conjunta publicada en las últimas horas a través de las redes sociales.
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En entrevista con Sumando Voces, la activista Andrea Álvarez explicó que el manifiesto fue redactado colaborativamente el domingo 22 de marzo por un grupo de personas autoconvocadas comprometidas con el tema.
“Desarrollamos una reunión nacional, en línea para, compartir de primera mano la información que recogieron dos de nuestros activistas durante la inspección realizada en la zona el jueves 19 de marzo, cuando se ha visto la mala intención de todo el aparato estatal para frenar la inspección”.
Álvarez valoró que, por primera vez, la defensa de Tariquía trasciende el espacio territorial y logra eco en otros departamentos, como Santa Cruz, donde al igual que en Tarija se desarrollan plantones exigiendo que se respete la Constitución, la consulta previa y el Acuerdo de Escazú.
La audiencia instalada este 24 de marzo en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos es el resultado de una acción ambiental precautoria presentada por la Defensoría del Pueblo. Esta medida busca suspender oficialmente las actividades del pozo exploratorio Domo Oso X3, operado por Petrobras y YPFB, alegando riesgos irreparables a la biodiversidad y el patrimonio hídrico de la Reserva de Tariquía.
El proceso judicial llega en un momento de máxima tensión, luego de que una inspección ocular realizada el pasado 19 de marzo fuera denunciada por activistas como una diligencia «parcial» y «obstaculizada» por el aparato estatal, mientras las petroleras sostienen que el proyecto se encuentra legalmente fuera de los límites protegidos.
Al respecto, Álvarez expresó su confianza en que la determinación judicial favorezca los derechos ambientales y de las comunidades que habitan la zona. “La audiencia es un momento clave y sabemos que la lucha no va a terminar acá. La actividad y la industria hidrocarburífera tienen intereses fuera el país y es un sistema imperante en el mundo entero. En ese caso, vamos a estar siempre firmes. Si el juez llega a falla en contra sería una pena; hay pruebas desde 2014 cuando el MAS modificó el plan de manejo de la reserva para abrirla a la explotación”, afirmó.
Mientras se desarrolla el acto procesal, en redes sociales se multiplican los pronunciamientos en defensa de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía. De igual manera, un grupo de mujeres activistas llegó hasta las inmediaciones del Tribunal de Entre Ríos para exigir el cumplimiento de la norma nacional e internacional vigente.
Las demandas de los autoconvocados
Son ocho las demandas concretas de los autoconvocados:
1) cumplir el mandato de la Constitución sobre la consulta previa según estándares nacionales e internacionales.
2) cumplir el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales, al cual Bolivia se adhirió en 2018.
3) realizar un estudio integral de impacto ambiental del proyecto en la zona.
4) elaborar una auditoría ambiental integral e independiente sobre el proyecto y las concesiones petroleras en Tarija.
5) frenar el hostigamiento y la criminalización de las acciones asumidas por 33 defensores del territorio como establece el Acuerdo de Escazú.
6) proteger de manera efectiva el patrimonio hídrico de la reserva y las comunidades que dependen de ella.
7) respetar los derechos colectivos de las comunidades.
8) garantizar la defensa y el derecho a la defensa para los defensores ambientales, en particular mujeres que enfrentan violencia de género estructural.