Entre 7.000 y 9.000 personas son puestas tras las rejas cada año por viajar sin boleto en el transporte público alemán, en aplicación de una ley aprobada en 1935 bajo el régimen nazi. Una medida costosa para la sociedad, denunciada con frecuencia y en la mira de la ministra de Justicia, Stefanie Hubig.
Con Nathalie Versieux, corresponsal de RFI en Berlín
Fuente: RFI
En Alemania, una simple multa de unas pocas decenas de euros puede alcanzar rápidamente varios cientos de euros si no se paga. Una situación que atrapa especialmente a las personas sin recursos, a los inmigrantes indocumentados, a las personas sin hogar o incluso a quienes sufren adicciones, que a menudo se enfrentan a empresas privadas de cobro. Al no pagar, miles de defraudadores en el transporte público terminan así tras las rejas cada año.
Una situación que Leonard Ihssen considera absurda. Su asociación, financiada con donaciones, rescata la libertad de algunos detenidos pagando sus multas. “Todos los días recibimos cartas y correos electrónicos de presos”, explica Leonard Ihssen. “Estos mensajes suelen contarles sus vidas. Cada uno de ellos es, para nosotros, una razón para seguir con nuestra labor”. Y añade: “Al comprar su libertad, queremos llamar la atención sobre este problema”.
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Un alto costo para el Estado
La ministra socialdemócrata de Justicia, Stefanie Hubig, destaca el costo de estos encarcelamientos. A razón de 200 euros por día y por preso, representan en promedio 125 millones de euros al año para el Estado, en gastos judiciales y de reclusión.
El costo es aún mayor si se tienen en cuenta las consecuencias sociales del encarcelamiento, como la pérdida de vivienda o de empleo y la ruptura de los lazos familiares. Queda por convencer a la CDU (Unión Demócrata Cristiana) del canciller Friedrich Merz, que por el momento se opone a cualquier reforma de la ley.