El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca aprobó el proyecto de Ley de Homologación y Aplicación de la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI) y Anexos en la lucha contra la violencia en razón de género, normativa impulsada por el Ministerio Publico que articula la participación de las instituciones que forman parte de la cadena de atención integral de las víctimas.
Fuente: FGE
“A nombre del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, expresamos nuestro profundo agradecimiento por este respaldo institucional que permite que un departamento más se sume a la aprobación de una ley fundamental para la protección de los derechos de las mujeres, sustentada no solo en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 348, sino también en estándares y tratados internacionales en materia de derechos humanos”, manifestó Nava Morales tras la aprobación del proyecto de ley en sus estaciones grande y detalle.
La Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI) y Anexos pretende evitar que las víctimas de violencia en razón de género peregrinen en busca de ayuda en diferentes instituciones, garantizándose una respuesta única, pronta y coordinada, en cuanto a la protección y acompañamiento respectivo.
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En Chuquisaca, una veintena de instituciones, colectivos de víctimas y distintas instituciones respaldaron la aprobación de la norma, que ya fue promulgada en otros departamentos. De acuerdo al procedimiento legislativo, la Asamblea de Chuquisaca, una vez aprobada la norma, debe remitirla al Ejecutivo Departamental para su respectiva promulgación.
El Fiscal Departamental también reconoció el valioso aporte del Centro Juana Azurduy, el Defensor del Pueblo y más de 20 instituciones que integran la Mesa Departamental de Lucha Contra la Violencia, liderada por el Ministerio Público, que desarrollaron un trabajo técnico y articulado en la construcción de la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI), instrumento que, a partir de su promulgación, se incorpora plenamente al ordenamiento jurídico como una herramienta clave para garantizar una respuesta coordinada, oportuna y efectiva en la atención a víctimas de violencia.