El Viceministro de Defensa Social conversó con EL DEBER sobre los avances de este caso. Anticipó que se ejecutarán otras operaciones con apoyo internacional
Uno de los vehículos secuestrados al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Foto: El Deber
Fuente: El Deber
El Gobierno puso el foco en el análisis de chips, celulares y equipos con contactos telefónicos como una de las principales estrategias para desarticular la red criminal vinculada con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cuya estructura —según las autoridades— continúa activa, según las evidencias halladas.
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“A medida que se vayan destapando las informaciones en los aparatos electrónicos, vamos a tener más elementos de trabajo”, afirmó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, en un contacto con el diario EL DEBER.
La autoridad advirtió que, pese a los golpes asestados en las últimas semanas, la organización de Marset no ha sido desmantelada “Hemos avanzado, pero definitivamente tenemos que seguir desarticulando la estructura. La hemos golpeado bastante, pero todavía hay trabajo por hacer”, afirmó ayer durante el contacto con este medio.
La investigación, explicó Justiniano, se apoya en ese cruce de información contenida en dispositivos electrónicos incautados durante los operativos ejecutados en Santa Cruz y dijo que no podía dar más detalles debido a que se trata de un tema vinculado con la seguridad del Estado.
Hasta el momento, al menos 16 personas han sido aprehendidas, además del hallazgo de inmuebles y otros indicios que están bajo investigación. El énfasis está puesto en reconstruir la red de comunicaciones que permitió a la estructura operar con altos niveles de coordinación y evasión. Este trabajo se desarrolla en paralelo a una cooperación internacional cada vez más estrecha.
Justiniano confirmó que Bolivia mantiene una relación “fluida” y de coordinación casi diaria con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. “Estamos haciendo investigaciones conjuntas en operativos contra objetivos criminales de alto valor”, señaló de mera general.
El intercambio de información no se limita a Estados Unidos. “El mayor intercambio es con la DEA, porque está en diferentes países”, indicó, antes de añadir que también existen contactos con Paraguay, Uruguay y Brasil. Con este último país, incluso, se prevé la realización de talleres conjuntos. “Estamos trabajando con el mundo”, enfatizó con una mirada más general al crimen organizado.
En el caso de Marset, quien mantuvo alianzas con organizaciones como el PCC de Brasil, el componente comunicacional resulta clave que —según investigaciones internacionales— logró articular una red transnacional con operaciones en varios países de América Latina y conexiones logísticas hacia Europa. Este entramado comenzó a quedar expuesto con la operación A Ultranza Py que tuvo lugar en 2022 que involucró a agencias como la DEA y Europol.
De acuerdo con esos reportes, el uruguayo no solo coordinaba el envío de grandes cargamentos de cocaína, sino que también sostenía un sistema basado en protección armada, lavado de dinero y uso de identidades falsas. En ese esquema, las comunicaciones seguras y los contactos estratégicos resultaban esenciales para sostener la operación internacional.
Su captura en Santa Cruz, el 13 de marzo, representó un golpe duro, pero no definitivo. Justiniano insistió en que la naturaleza del narcotráfico impone límites estructurales a la acción del Estado. “La eficacia de la inteligencia está entre un 10% y un 15%. Si se producen 100 toneladas (de cocaína) entre 85 y 90 no van a ser interceptadas”, explicó para dimensionar el problema que enfrenta el país.
Rechazo de Marset a juicio rápido es una estrategia legal “con alto riesgo”
La decisión del uruguayo Sebastián Marset de no someterse a un juicio rápido en Estados Unidos responde a una estrategia de su defensa, pero implica riesgos que podrían agravar su situación judicial, según el análisis de Jorge Santistevan, un coronel de Ejército del servicio pasivo.
El militar explicó que los abogados de Marset buscan “justificar su inocencia” y, con ello, reducir la eventual condena que podría dictar un juez en Virginia. Sin embargo, advirtió que esta decisión abre la posibilidad de que la Fiscalía de Estados Unidos incorpore más cargos en su contra.
“Están tomando el riesgo de que la Fiscalía incluya mayor cantidad de cargos, lo que podría derivar en una condena de 25 años para arriba, incluso cadena perpetua”, sostuvo a EL DEBER.
Santistevan señaló que el rechazo al proceso abreviado también implica que Marset no cooperará con la justicia estadounidense. En ese escenario, será la Fiscalía la que reconstruya la actividad de la organización criminal.
Respecto a su situación en Bolivia, indicó que hay indicios, pero no pruebas contundentes “No le han encontrado un gramo de cocaína en su poder”, afirmó.
DATOS
Zona productora
De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) —presentado a finales de 2025— en Bolivia había 34.000 hectáreas de coca en 2024, 14.299 de esas hectáreas estaban el trópico de Cochabamba.
El ‘Negocio’
Marset transportaba miles de kilos de cocaína a través de un ‘puente aéreo’ que pudo estar alimentado por los centros de producción en Bolivia, pero también en Perú.