Los resultados de las Elecciones Subnacionales 2026 evidencian un incremento en la presencia de mujeres en cargos ejecutivos municipales respecto a anteriores procesos electorales; sin embargo, la participación sigue siendo marcadamente desigual y refleja las persistentes barreras estructurales que restringen el acceso de las mujeres a espacios de poder y toma de decisiones.
Fuente: Casa de la Mujer
De acuerdo con el análisis del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, con base en los datos del cómputo oficial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), 31 mujeres fueron electas como alcaldesas de un total de 335 municipios. Esto representa el 9,7% del total, una cifra que, si bien muestra un leve incremento respecto a procesos anteriores (8,6% en 2015 y 6,5% en 2021), continúa evidenciando una profunda brecha de género en el acceso a cargos ejecutivos.
“El aumento de mujeres en la política no está cambiando quién ejerce el poder. La brecha sigue siendo profunda: por cada 11 hombres electos como alcaldes, solo una mujer accede a este cargo”, afirma Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.
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Desigualdades territoriales
El análisis por departamento muestra diferencias significativas que dan cuenta de dinámicas territoriales desiguales en el acceso de las mujeres al poder local. Mientras Beni alcanza un 31,6% de alcaldesas y Pando un 20%, otros departamentos presentan niveles considerablemente bajos, como Potosí (4,9%) y La Paz (5,7%).
Particularmente preocupante es el caso de Cochabamba, donde ninguno de sus 47 municipios eligió a una mujer como alcaldesa, lo que evidencia la persistencia de patrones de exclusión más acentuados en determinados contextos.
“Estas disparidades territoriales refuerzan la necesidad de políticas diferenciadas y estrategias de impulso a liderazgos de mujeres que respondan a contextos locales específicos”, apunta Sánchez.
Desde la postulación
La brecha en los resultados electorales tiene su origen en la desigualdad en la oferta electoral. Solo el 13,8% de las candidaturas a ejecutivos municipales correspondió a mujeres (288 mujeres frente a 1.792 hombres), lo que limita de partida sus posibilidades de acceso.
Además, la tasa de éxito también es menor: mientras 17 de cada 100 candidatos hombres resultaron electos, solo 11 de cada 100 mujeres lograron acceder al cargo. Este dato evidencia que la desigualdad no solo radica en la cantidad de candidaturas, sino también en las condiciones de la competencia electoral.
Para la Coordinadora de la Mujer, estos resultados revelan que la ausencia de medidas de acción afirmativa en cargos ejecutivos continúa reproduciendo un sistema excluyente que restringe el liderazgo político de las mujeres.
Un hito histórico
En el nivel departamental, se registra un hecho histórico: por primera vez una mujer fue elegida gobernadora por voto popular. Gabriela de Paiva, de Libre Pando, obtuvo el 46,93% de los votos, marcando un precedente en la participación política de las mujeres en el país.
Asimismo, existe la posibilidad de que una segunda mujer acceda a una gobernación en Tarija, donde María René Soruco disputará la segunda vuelta electoral.
No obstante, estos avances conviven con una persistente predominancia masculina en los ejecutivos departamentales, lo que confirma que los logros son aún aislados y no reflejan un cambio estructural en la distribución del poder.
Desafíos pendientes
Si bien Bolivia ha logrado avances normativos importantes en paridad para cargos legislativos, los datos muestran que esta no se ha trasladado al ámbito de los cargos ejecutivos.
“El desafío no es solo aumentar la presencia de mujeres, sino transformar las condiciones que limitan su acceso al poder, avanzando hacia una democracia paritaria que asegure no solo representación, sino también ejercicio efectivo del liderazgo político de las mujeres”, afirma la directora de la Coordinadora de la Mujer.
En este contexto, la organización resalta la importancia de impulsar medidas concretas que promuevan la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, incluyendo mecanismos que incentiven su postulación y garanticen condiciones equitativas en la competencia electoral.