Por Fernando Romero, economista
La liberación del uso de tarjetas para pagos en el exterior normaliza una situación que afectaba a más de 2,7 millones de usuarios y permite retomar actividades esenciales como educación, salud y servicios digitales.
Sin embargo, esta medida incrementa directamente la demanda de dólares, ya que cada transacción implica salida de divisas del país. Al aplicarse con un tipo de cambio referencial de aproximadamente Bs 9,15 por dólar, que aún puede estar por debajo del valor real de mercado, se genera un incentivo a usar más dólares de los que el sistema puede sostener, presionando las reservas internacionales y la liquidez en moneda extranjera.
Para el sistema financiero, la medida tiene un efecto mixto. Por un lado, reactiva operaciones y genera comisiones para la banca; por otro, puede generar riesgos de liquidez en dólares si los bancos no logran acceder a divisas al mismo tipo de cambio al que están obligados a procesar las transacciones. Esto puede traducirse en mayores restricciones indirectas, como límites en tarjetas, encarecimiento del crédito o condiciones más estrictas para préstamos, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de dólares ya es limitada y existe una brecha con el mercado paralelo.
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En términos generales, la población es la principal beneficiada en el corto plazo, pero el equilibrio del sistema depende de medidas más profundas. Para sostener una liberación total y sin restricciones, es necesario reducir la brecha cambiaria, aumentar la oferta de dólares (exportaciones, inversión, financiamiento externo) y mantener disciplina fiscal.
Sin estos ajustes, la medida podría ser solo temporal y terminar generando mayor presión sobre el tipo de cambio, afectando la estabilidad económica en el mediano plazo.