Dos ex funcionarios del mayor operador ferroviario privado de Bolivia ahora ocupan los cargos públicos que decidirán quién controla la infraestructura del proyecto más ambicioso del país. Ninguno ha declarado conflicto de interés. Ninguno ha respondido a las preguntas de este medio.
Fuente: El País.bo
El 9 de noviembre de 2025, un día después de que Rodrigo Paz Pereira asumiera la presidencia de Bolivia con el mandato de sacar al país de la peor crisis económica de su historia reciente, el nuevo Ministro de Economía y Finanzas Públicas tomó posesión en el Palacio de Gobierno. Ocho días más tarde, en las mismas instalaciones, fue designada la nueva Coordinadora General Interina de la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF) del Ministerio de Obras Públicas.
Sus nombres son José Gabriel Espinoza Yáñez y Cynthia Martha Aramayo Aguilar.
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En los perfiles oficiales que circularon en la prensa boliviana en esos días, sus trayectorias fueron descritas en términos de formación académica, experiencia técnica y compromiso institucional. Lo que ninguno de esos perfiles mencionó es que ambos trabajaron durante años para el mismo empleador privado: Carlos Enrique Gill Ramírez, el empresario paraguayo-venezolano que controla el 50% de las dos únicas redes ferroviarias concesionadas de Bolivia y que, desde 2015, se ha presentado ante presidentes, ministros y gobernadores como el impulsor natural del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, el proyecto de infraestructura más ambicioso que Bolivia ha intentado en más de un siglo.
Espinoza fue durante siete años director suplente del directorio de Ferroviaria Andina S.A., la red ferroviaria occidental de Bolivia que Gill controla desde septiembre de 2015. Aramayo fue designada Gerente General de esa misma empresa en la primera reunión de directorio presidida por Gill, el 29 de octubre de 2015, y ejerció el cargo durante más de seis años. Posteriormente ocupó la gerencia corporativa de la empresa hasta su desvinculación definitiva en mayo de 2024.
Ambos dejaron sus cargos privados y pasaron, en el transcurso de meses, al centro del sistema de decisiones que determina las políticas del uso de financiamiento interno (Mercado Valores, banca, Gestora), y quién opera los ferrocarriles bolivianos cuando los contratos de concesión venzan en marzo de 2036 —y sobre qué base jurídica y financiera se construye ese corredor que ambos, en sus nuevos roles, promueven con entusiasmo público.
Del directorio de Gill al gabinete de Paz
José Gabriel Espinoza Yáñez pasó siete años en el directorio de FASA antes de convertirse en ministro de Economía. Cynthia Aramayo ejerció como Gerente General de la misma empresa durante más de seis años, bajo la presidencia directa de Gill. Esta línea de tiempo muestra la superposición entre sus roles privados y su llegada al sector público que hoy regula a su ex empleador.
El Estado boliviano tiene, desde noviembre de 2025, una ventana legal de consecuencias históricas para modificar la ecuación. La justicia chilena anuló, en fallo que quedó firme, la estructura accionaria que otorga el control del principal ferrocarril del país. El fondo de pensiones de los trabajadores bolivianos está expuesto a esas mismas empresas como accionista y como acreedor por casi 38 millones de dólares. La Constitución establece instrumentos concretos para actuar. Y quienes deben decidir son, precisamente, los dos ex funcionarios del hombre que más tiene que ganar si nada cambia.
El mapa del poder ferroviario
Para entender lo que está en juego es preciso revisar cómo se llegó hasta aquí.
En 1996, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dividió la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) en dos concesiones privadas: la Empresa Ferroviaria Andina S.A. (FASA), que opera 2.276 kilómetros de red en el altiplano occidental con conexiones a Chile y Perú, y la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA), que opera 1.244 kilómetros de red en el oriente con conexiones a Brasil y Argentina. En ambos casos, el Estado —a través del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), que lo administra la Gestora Pública de Seguridad a Largo Plazo, y que es propiedad de los bolivianos— quedó con menos del 50% de las acciones. El otro 50% fue entregado a operadores privados internacionales.
En junio de 2014, Carlos Enrique Gill Ramírez, empresario paraguayo-venezolano, cónsul honorario de Paraguay en Venezuela y presidente del grupo Corimón, compró el 50% de FOSA al grupo estadounidense Genesee & Wyoming. En septiembre de 2015 hizo lo propio con FASA, adquiriendo la participación del grupo chileno Luksic. En ambas operaciones, el Estado mantuvo su 50% a través del FCC. Gill quedó como accionista mayoritario operacional y presidente de ambos directorios.
El mismo mes en que tomó control de FASA —el 8 de septiembre de 2015— se designó a José Gabriel Espinoza Yáñez como director suplente dentro del directorio de esa empresa. Esa designación fue ratificada en seis juntas ordinarias consecutivas hasta abril de 2022. Ese mismo año, Gill Ramírez designó como Gerente General interina a Cynthia Martha Aramayo Aguilar, siendo Gerente General al año siguiente, manteniendo el puesto hasta 2022.
Con esas dos piezas en posición, Gill consolidó una presencia empresarial única en Bolivia como el único operador privado que controlaba simultáneamente ambas redes ferroviarias del país, los dos extremos de cualquier corredor bioceánico posible, y los únicos activos físicos sobre los que ese proyecto podría construirse sin empezar desde cero.
No tardó en presentarse como su promotor natural. En entrevistas a medios bolivianos —entre ellos La Razón, el diario paceño del que también es propietario— se describió repetidamente como “el pionero del Tren Bioceánico” y proyectó inversiones que conectarían la red boliviana con la red brasileña donde ya tenía el 20% de Rumo ALL, la empresa logística ferroviaria más grande del Brasil.
El circuito estaba cerrado: Gill controlaba los rieles, controlaba el diario que los cubría favorablemente, y tenía en el directorio de FASA al economista que, con el tiempo, llegaría a ser ministro. Tenía también excelentes relaciones con el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, “el gerente de Bolivia”, según sus palabras. Y, sobre todo, tuvo acceso al financiamiento de esas operaciones con dinero del Fondo de Pensiones y el Mercado de Valores de Bolivia, financiado principalmente por ese Fondo de Pensiones que administra, otra vez, la Gestora.
La crisis judicial silenciada
Mientras ese circuito operaba, una disputa judicial acumulaba décadas en los tribunales de Santiago.
Los orígenes del problema se remontan a 2009. Ese año, Gill y Peter O’Toole Ford adquirieron el control de FOSA a través de la sociedad YULARA INVERSIONES usando acciones que estaban prendadas como garantía de una deuda con el grupo chileno CB Inversiones y cinco bancos. La compra se realizó sin notificar a los acreedores prendarios, en violación expresa de los contratos de prenda. El acreedor original, Manuel Cruzat Infante, tardó años en reconstruir la cadena societaria opaca que había ocultado la operación, pero en agosto de 2018 presentó denuncia criminal en Santiago y, en febrero de 2019, alertó formalmente a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia y a AFP Futuro de Bolivia.
La ASFI no tomó ninguna medida documentada. AFP Futuro tampoco. En los seis años siguientes, la inversión del Fondo de Pensiones en bonos de FOSA pasó de diez millones a casi 38 millones de dólares.
El 17 de noviembre de 2025, nueve días después de que Paz Pereira asumiera la presidencia de Bolivia, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó un fallo que anuló la subasta de enero de 2023 en la que se había adjudicado por apenas USD 3 millones el paquete accionario que otorga el control del 50,00035% de FOSA, monto que contrasta con los USD 73 millones en dividendos que la empresa distribuyó en los catorce años anteriores. El tribunal acogió el argumento de que el procedimiento había sido ilegal desde su origen.
La casación interpuesta contra ese fallo fue declarada inadmisible por la Corte Suprema chilena. El fallo quedó firme. Las acciones de Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada, el primer eslabón de la cadena que otorga el control de FOSA, no tienen hoy propietario jurídicamente consolidado.
Consultado directamente por El País en marzo de 2026, Cruzat calificó de “absolutamente falsa” la afirmación pública de Gill de que la adquisición de 2009 fue una transacción legítima. Explicó que los compradores conocían las acreencias prendadas y diseñaron deliberadamente la arquitectura societaria para evadirlas. Descartó un nuevo remate judicial sin un acuerdo global que reconozca los elementos de corrupción del caso. Confirmó que comunicaría la situación a las autoridades bolivianas competentes, incluyendo a la Gestora Pública.
Esa comunicación no constaba en ningún registro público al cierre de esta investigación.
El fondo de pensiones: accionista y acreedor del mismo riesgo
Para entender la escala del problema que heredó el gobierno de Paz Pereira conviene comprender la doble exposición del sistema previsional boliviano a las ferroviarias de Gill.
La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo administra más de 29.500 millones de dólares en ahorros previsionales de 2,79 millones de trabajadores bolivianos, que constituyen el Fondo Integral de Pensiones. Asimismo, a través del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), posee el 49,91% de FOSA y el 49,93% de FASA. Esos recursos financian la Renta Dignidad para adultos mayores bolivianos: cuando ambas ferroviarias distribuyen dividendos, la mitad va al Fondo de Capitalización Colectiva.
Pero la Gestora no es solo accionista de FOSA. Es también su principal acreedor. A través del Fondo Integral de Pensiones, mantenía al 30 de junio de 2025 un total de 37.967.622 dólares en bonos corporativos de Ferroviaria Oriental. Son dos fondos distintos de trabajadores bolivianos —el accionarial y el de bonos— expuestos al mismo riesgo: si FOSA entra en dificultades financieras, los trabajadores pierden como accionistas y como acreedores al mismo tiempo.
El salto más pronunciado en esa posición de bonos ocurrió entre enero y junio de 2025: de 23 millones a casi 38 millones en seis meses. Ese incremento se produjo bajo la gestión de Moisés Murillo Lima, quien había llegado a la Gestora en junio de 2023 tras seis años como socio de Eduardo Valdivia Zambrana en Multivalores Agencia de Bolsa. Valdivia Zambrana es hijo del mayor accionista individual de Gravetal Bolivia, el principal cliente de FOSA con cerca del 70% de los ingresos de la ferroviaria según los propios prospectos de bonos de la empresa.
En diciembre de 2025, la nómina de autoridades detallada en el sitio web de la Gestora Pública ya no mostraba a Murillo Lima, por lo que se infiere que fue reemplazado en el cargo alrededor de la fecha del fallo de Santiago, o semanas después. La Gestora, en respuesta a las preguntas de El País, negó que la salida tuviera relación con el fallo chileno. La institución no precisó cuál era, según sus propios registros, la fecha correcta de la desvinculación.
Cuando El País preguntó a la Gestora sobre su exposición a FOSA y sus implicaciones tras el fallo chileno, la institución respondió, en carta firmada el 24 de marzo de 2026, que no tiene “relación directa con el caso”, que sus inversiones en bonos de FOSA se realizan bajo “estrictos criterios de análisis económicos y financieros” y en cumplimiento de “todos los requisitos regulatorios necesarios para su oferta pública”. La Gestora no respondió sobre el monto actual de su posición en bonos de FOSA ni sobre los términos del canje del eurobono.
De acuerdo a la ley, quienes definen esos “requisitos regulatorios” son el ministro de Economía y Finanzas, ahora José Gabriel Espinoza Yáñez, el director de la ASFI, designado por el ministro, y el actual gerente de la Gestora, también designado por el ministro Espinoza.
El canje del eurobono: quien pagó la cuenta
El 20 de marzo de 2026, Bolivia cumplió con el pago del eurobono con vencimiento en esa fecha: 356 millones de dólares en capital e intereses. El ministro Espinoza confirmó a la agencia Bloomberg días antes que el pago estaba garantizado en dólares. Los tenedores privados externos —que poseían aproximadamente el 33% de los títulos— recibieron sus dólares, financiados con unos 130 millones de las reservas acumuladas desde noviembre de 2025.
La Gestora Pública, que poseía el 50% de esos bonos, no recibió dólares. Recibió instrumentos de deuda a mediano plazo denominados en bolivianos o en moneda local. El Banco Central de Bolivia, con el 17%, recibió condiciones similares.
Tres días después, el 23 de marzo, S&P Global Ratings elevó la calificación de Bolivia de CCC− a CCC+. El mismo informe proyectó que el tipo de cambio oficial pasaría de 6,91 bolivianos por dólar a 10,4 en 2026 y 13,0 en 2027, con una inflación proyectada del 16,2% para 2026 y el 13,9% para 2027. El tipo de cambio referencial del Banco Central ya se ubicaba en 9,24 bolivianos por dólar en la tercera semana de marzo, una brecha del 33% respecto al tipo oficial.
Así, los acreedores externos con peso negociador internacional recibieron divisas duras. El fondo de pensiones de los trabajadores bolivianos recibió bolivianos, en instrumentos que, si las proyecciones de S&P se cumplen, valdrán en dólares aproximadamente un tercio menos a finales de 2026 y casi la mitad menos en 2027. El riesgo cambiario, en otras palabras, fue transferido desde los tenedores externos hacia los jubilados bolivianos.
Los términos exactos del canje —tipo de cambio aplicado, plazos, cláusulas de indexación— no fueron confirmados por escrito por la Gestora ni por el Ministerio en respuesta a las consultas documentadas de El País del 16 de marzo de 2026.
Con una rentabilidad nominal histórica del sistema de pensiones boliviano que ronda el 4,5% anual y una inflación que según datos del Banco Central cerró 2025 en torno al 20%, la pérdida real acumulada en el poder adquisitivo de los ahorros supera el 30% en cuatro años.
Aramayo: la ejecutiva de Gill que diseñará la licitación
La trayectoria de Cynthia Martha Aramayo Aguilar en el sector ferroviario boliviano tiene una duración y una densidad institucional sin equivalente entre los funcionarios del actual gobierno.
Abogada de profesión, ingresó a FASA en octubre de 2000 como Asesora Legal. Los prospectos de emisión de bonos y pagarés de 2008, 2009 y 2010 la documentan en esa función; en junio de 2008 se registró además una sustitución de poder general a su favor para actuar en representación de la empresa. Con la llegada de Carlos Gill Ramírez al control de FASA, su posición dio un salto decisivo: el 29 de octubre de 2015, en reunión de directorio presidida por Gill, fue designada Gerente General interina en sustitución de Carlos Agramont Salinas. Esa designación fue reportada con retraso ante las autoridades regulatorias, lo que derivó en una sanción para la empresa. A partir de 2016 y hasta julio de 2022 fungió como máxima autoridad ejecutiva, firmante titular de los estados financieros y representante legal ante la ASFI y la Bolsa Boliviana de Valores. En ese período lideró el Programa de Emisión de Bonos Ferroviaria Andina II por USD 10 millones.
Dirigió la empresa como Gerente General durante aproximadamente seis años y medio, bajo la presidencia directa de Gill en el directorio. En julio de 2022 presentó su renuncia a ese cargo, siendo reemplazada interinamente por Rodolfo Cachambi Velarde. De inmediato pasó a ocupar el cargo de Gerente Corporativa y de Relaciones Interinstitucionales —posición desde la que continuó representando a la empresa en su relación con instituciones del Estado— hasta su desvinculación total, efectiva el 1 de mayo de 2024. Entre su ingreso como asesora legal y su salida definitiva, Aramayo acumuló casi veinticuatro años de carrera en FASA bajo la misma estructura accionaria que hoy regula desde el Estado.
En ese período, FASA alcanzó una capacidad de transporte de 1,5 millones de toneladas anuales, firmó alianzas estratégicas con empresas estatales bolivianas como YLB y ECEBOL, y diversificó su portafolio logístico más allá de los minerales. Durante su gestión, Aramayo fue reconocida como la primera mujer en dirigir una empresa ferroviaria en Bolivia y fue vicepresidenta de la Cámara Binacional de Comercio e Industria Bolivia-Paraguay. Esa misma cámara otorgó en 2022 un reconocimiento especial a Carlos Gill Ramírez, cuyas ferroviarias —según sus propias declaraciones públicas— son el eje del corredor bioceánico que Bolivia y Paraguay comparten como horizonte logístico.
Durante casi una década, Aramayo ostentó facultades de representación extremadamente amplias sobre la empresa, formalizadas principalmente a través del Testimonio de Poder N° 646/2015. Con ese instrumento quedó habilitada para suscribir contratos bancarios, gestionar líneas de crédito y constituir garantías prendarias sobre locomotoras y vagones ante entidades como el Banco Unión, BISA y BCP; para intervenir en procesos judiciales y administrativos —incluidas demandas contra la propia ATT, el regulador que hoy supervisa los contratos de concesión que ella misma contribuyó a ejecutar—; y para delegar poderes a otros funcionarios y abogados de la empresa. Esa arquitectura de atribuciones convierte su paso por FASA en algo cualitativamente diferente a un cargo directivo ordinario: Aramayo no solo conoce el funcionamiento interno de las ferroviarias de Gill desde la gerencia; las conoce desde los contratos bancarios, las garantías sobre activos físicos y la estrategia litigiosa frente al Estado.
En 1991, Aramayo dejó su tesis de grado en la Universidad Mayor de San Andrés. Se tituló en derecho con un trabajo sobre “La Constitución Política del Estado como expresión de la incoherencia ideológica de la clase dominante”. Su bibliografía incluía a Marx, Engels, Gramsci y Althusser. Sus conclusiones señalaban que los problemas constitucionales bolivianos “no son solo problemas de derecho sino de poder”, que “los acuerdos políticos están generalmente por encima o al margen de la Constitución”, y que el Estado era visto por la clase política como “el botín de guerra” —en palabras del politólogo James Malloy, que la joven tesista citaba con precisión.
Desde noviembre de 2025, Aramayo dirige la UTF del Ministerio de Obras Públicas. El ministerio describió el objeto de la UTF, en su respuesta a El País, como orientado principalmente a “la planificación, ejecución y supervisión de proyectos ferroviarios en el país, especialmente el Tren Metropolitano de Cochabamba”. Sin embargo, la UTF es también el organismo técnico del Estado que preparará los términos de referencia para la licitación o renovación de las concesiones de FOSA y FASA cuando venzan en marzo de 2036 —la decisión de infraestructura de mayor alcance que Bolivia deberá tomar en el sector ferroviario en las próximas décadas. Quien gane esa licitación controlará la infraestructura sobre la que el gobierno de Paz Pereira ha construido su proyecto más ambicioso: el Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que conectaría el puerto atlántico brasileño de Santos con el Pacífico peruano de Ilo atravesando Bolivia.
En febrero de 2026, Aramayo declaró que el gobierno trabaja “en la vinculación” de las dos redes, “viendo la alternativa de que se unan por Tarija por la parte sur”, en un trayecto estimado de entre 400 y 550 kilómetros. No mencionó que FOSA —la pieza sin la cual ese corredor no puede existir— lleva más de tres meses con su estructura de control en situación jurídica indefinida tras el fallo de Santiago.
No respondió el cuestionario de 22 preguntas que El País le remitió el 16 de marzo de 2026. Tampoco ha declarado públicamente ningún conflicto de interés derivado de su gestión previa en la empresa cuyas concesiones ahora regula.
En 2017, mientras era director suplente de FASA, trabajó en el libro colectivo de Konrad Adenauer Un siglo de economía en Bolivia, siendo pieza fundamental del equipo de base de datos y series estadísticas para que los autores tuvieran un punto de partida, y publicó un capítulo titulado “Las empresas del Estado en el siglo XX y XXI” en el segundo tomo del libro. El texto analiza la historia de las empresas públicas bolivianas e identifica, con precisión académica, la “tendencia de las empresas públicas a sobrepasar al regulador cuando empiezan a crecer”, los riesgos de la “falta o debilidad de mecanismos para monitorear su manejo y desempeño” y el peligro de la “búsqueda de la maximización de intereses propios como motivación fundamental de los servidores públicos”. El capítulo no menciona en ningún momento su propio vínculo con el directorio de FASA.
En 2025, durante la primera vuelta de las elecciones que llevaron a Paz al gobierno, Espinoza fue el líder económico de la campaña de Samuel Doria Medina a la presidencia. Doria Medina no llegó al balotaje. Paz ganó. Espinoza pasó a ser ministro de Economía.
Como titular de esa cartera, ejerce tuición y autoridad sobre el sistema financiero boliviano del que es actor central la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, cuyo gerente fue designado por Espinoza. La Gestora posee el 49,91% de FOSA y el 49,93% de FASA. Tiene directores propios en los directorios de ambas empresas. Administra los ahorros de jubilación de 2,79 millones de trabajadores bolivianos, incluyendo los casi 38 millones de dólares en bonos de la empresa FOSA cuya estructura de control fue anulada judicialmente. Es el mismo hombre que respondió durante siete años al grupo accionario de Carlos Gill Ramírez, ahora a cargo de la institución que representa al Estado en las empresas de Gill.
El Ministerio de Economía no respondió la pregunta de El País sobre si Espinoza ha declarado formalmente algún conflicto de interés derivado de su paso por el directorio de FASA.
Las juntas de marzo: dividendos sí, directores no
Entre las páginas del Reporte de Hechos Relevantes que la ASFI publicó el 30 de marzo de 2026, constan las resoluciones de las juntas anuales de ambas ferroviarias.
El 26 de marzo se reunió la Junta General Ordinaria de FASA, con el 99,93% del capital representado. El 27 fue el turno de FOSA, con el 99,99%. En ambas, los accionistas aprobaron los estados financieros de la gestión 2025, designaron auditores externos para 2026 y distribuyeron utilidades. FOSA aprobó repartir Bs 3.401.230,85 —el 95% de sus utilidades de 2025, que ascendieron a Bs 3.580.243—, a pagar hasta el 30 de junio de 2026. FASA aprobó una distribución de Bs 6.650.801,80, pagadera hasta diciembre según disponibilidad de caja. El FCC recibirá aproximadamente la mitad de ambas distribuciones —unos Bs 1,7 millones de FOSA y Bs 3,3 millones de FASA— que financian la Renta Dignidad. Pero ambas gestionan créditos de la banca boliviana y del mercado de valores boliviano para sustentar su flujo de caja.
Lo que en ambas juntas quedó suspendido mediante cuarto intermedio, con reanudación fijada para el 9 de abril de 2026, fue la elección de directores titulares y suplentes y la elección de síndicos.
El documento de la ASFI no explica la razón de esa suspensión, el fallo de Santiago: el 50% de las acciones de FOSA cuyo control fue anulado por la Corte de Apelaciones no tiene propietario jurídicamente consolidado. Quien pretenda representar ese paquete en la junta del 9 de abril lo hará sin mandato accionario firme. El directorio que resulte elegido con esos votos gobernará la empresa —decidirá sobre deuda, dividendos y el contrato de concesión que vence en 2036— sin certeza sobre quién lo mandató.
Los estados financieros aprobados en esa misma junta del 27 de marzo no incluyen ninguna referencia al fallo de Santiago. Los prospectos de las series 12 y 13 de bonos de FOSA, que al cierre de esta investigación continuaban en proceso de inscripción ante la ASFI, tampoco informan a los tenedores sobre el litigio que afecta la estructura accionaria del emisor. El artículo 9 de la Ley 1834 del Mercado de Valores faculta a la ASFI a suspender ofertas públicas cuando la información del emisor no refleja su situación legal real. Esa facultad no ha sido ejercida.
Los números de FOSA revelan, por otra parte, una estructura financiera que da contexto a la urgencia del grupo accionario mayoritario por mantener el control. La empresa reportó una utilidad neta de Bs 3,58 millones en 2025, pero su deuda financiera total —bonos más créditos bancarios— superó los Bs 733 millones al cierre del año. Por cada boliviano de utilidad, el servicio de deuda consume trece. La empresa distribuye dividendos y paga sus bonos, en ese orden, con flujo de caja operativo. Cualquier interrupción en ese flujo —por pérdida de crédito en el sistema financiero, por pérdida de la concesión, por cambio de operador, por litigio accionario prolongado— afectaría directamente a los tenedores de bonos. Entre los principales tenedores está la Gestora Pública.
El circuito financiero: soya, rieles y ahorro previsional
Un tercer actor ilumina la anatomía del sistema que los funcionarios nombrados no han descrito en sus declaraciones públicas.
Según los prospectos de bonos de FOSA, Gravetal Bolivia S.A. ha estado siempre entre los cuatro clientes principales de la ferroviaria. Sus exportaciones de aceite y torta de soya representan más del 10% de los ingresos de FOSA. Su accionariado incluye a Juan Valdivia Almanza —presidente de la compañía con el 35% del capital— y a Hernán Martín Murillo Avaroma, designado Gerente Comercial de Gravetal en agosto de 2025 y accionista directo desde la liquidación de Inversoja en 2024.
La conexión con la Gestora es oblicua pero documentable. Moisés Murillo Lima, el ejecutivo que supervisó el salto de la posición en bonos FOSA de 23 a 38 millones en seis meses, provino de Multivalores Agencia de Bolsa, donde fue socio de Eduardo Valdivia Zambrana. Valdivia Zambrana es hijo de Juan Valdivia Almanza, presidente de Gravetal. Murillo Lima fue reemplazado en la Gestora durante o después del fallo de Santiago.
Entre el 16 y el 30 de marzo de 2026, Gravetal contrató financiamientos por Bs 224,9 millones con tres bancos bolivianos: Banco FIE el 16 y 30 de marzo, Banco Unión el 18 y 23 de marzo, y Banco Económico el 23 y 26 de marzo. El volumen contratado en quince días equivale a cerca del 36% de todos sus préstamos bancarios durante el año 2024, y se suma a más de Bs 116 millones contratados en octubre de 2025. Los bancos que financian a Gravetal se capitalizan en parte con los depósitos a plazo fijo que la Gestora realiza con el ahorro previsional boliviano. No existe registro público que permita dimensionar la exposición total del sistema de pensiones boliviano en la cadena completa que conecta a la Gestora con Gravetal a través de FOSA, los bancos y los mercados de valores.
La empresa reportó para 2024 una utilidad de Bs 148,7 millones que analistas independientes señalan como resultado de un ajuste contable no operacional de Bs 390 millones que encubre una pérdida operativa de Bs 241 millones. La dependencia del crédito continuo es estructural. Su dependencia de FOSA para transportar su producción también.
Entre el 16 y el 30 de marzo de 2026, Gravetal contrató financiamientos por Bs 224,9 millones con tres bancos bolivianos: Banco FIE el 16 y 30 de marzo, Banco Unión el 18 y 23 de marzo, y Banco Económico el 23 y 26 de marzo. El volumen contratado en quince días equivale a cerca del 36% de todos sus préstamos bancarios durante el año 2024, y se suma a más de Bs 116 millones contratados en octubre de 2025. Los bancos que financian a Gravetal se capitalizan en parte con los depósitos a plazo fijo que la Gestora realiza con el ahorro previsional boliviano. No existe registro público que permita dimensionar la exposición total del sistema de pensiones boliviano en la cadena completa que conecta a la Gestora con Gravetal a través de FOSA, los bancos y los mercados de valores.
La empresa reportó para 2024 una utilidad de Bs 148,7 millones que analistas independientes señalan como resultado de un ajuste contable no operacional de Bs 390 millones que encubre una pérdida operativa de Bs 241 millones. La dependencia del crédito continuo es estructural. Su dependencia de FOSA para transportar su producción también.
En el análisis de las empresas públicas bolivianas que publicó en 2017, el hoy ministro Espinoza escribió que “el marco de gobernanza institucional de las empresas públicas ha fallado consistentemente” y que quedan preguntas por responder: “¿Cómo regular la competencia cuando hay una empresa pública en el mercado?” La pregunta, formulada con rigor académico hace ocho años, tiene hoy una dimensión que el análisis no anticipaba: ¿cómo regular a tu exjefe cuando el Estado te ha puesto precisamente a cargo de eso?
La tesis de derecho que Cynthia Aramayo defendió en 1991 concluía que “los problemas constitucionales bolivianos no son solo problemas de derecho sino de poder”. Treinta y cinco años después, es ella quien tiene que resolver uno de los problemas más complejos de poder que el sector ferroviario boliviano ha enfrentado. Y lo hace desde un cargo que su propio pasado convierte en un conflicto de interés que ninguna ley obliga a declarar, pero que ningún análisis honesto puede omitir.
Los ahorros de los trabajadores bolivianos son el hilo que cose todos los planos de esta historia: financian como accionistas a las ferroviarias de Gill, las sostienen como acreedores a través de los bonos, y pagaron el grueso del eurobono en bolivianos mientras los acreedores externos recibían dólares. Son el fondo que nadie nombra cuando se habla de bioceánico, de corredores, de soberanía logística.
El 9 de abril, cuando las juntas se reanuden, serán también ellos quienes estén en la sala sin saberlo.
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Fuente: El País.bo