Santa Cruz. Yerko Iriarte es el principal implicado. El aeroparque es una de las instalaciones donde se presume que el narco uruguayo almacenaba droga, dinero y armas. Los informes forenses son del caso de desaparición del abogado Lorgio Saucedo.
Fuente: eldeber.com.bo
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Una pericia forense detectó rastros de sangre humana en las instalaciones del aeródromo de Coloradillo donde el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, expulsado desde mediados de marzo a Estados Unidos, pudo desarrollar varias de sus actividades ilícitas que ahora son investigadas por la Fiscalía.
EL DEBER accedió a este informe que está firmado por Fabiola Ibaraki, una de las especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). El documento señala que se analizaron seis muestras para ser sometidas a pruebas biológicas. Una de ellas fue eliminada por considerar que no era de interés para el análisis forense.
Una teoría de los investigadores es que los rastros de sangre podrían pertenecer al abogado Lorgio Saucedo Méndez (hijo), quien fue reportado como desaparecido el 2 de septiembre de 2025. En un video divulgado en ese tiempo se veía a personas armadas que disparaban contra un hombre que estaba atado a una silla de plástico en medio de la pista de Coloradillo. La toma pudo haberse logrado con el celular de Yerko Iriarte, implicado en este crimen y quien tiene vínculos con Marset.
De acuerdo con una de las conclusiones del informe forense, la mancha hallada en una evidencia codificada como E-2.1 (tierra) no corresponde a sangre. El segundo punto confirma que el resto de las muestras tienen rastros de sangre, pero en el tercer punto especifica que: “en las evidencias del caso (…) se determinó que las manchas” no solo eran de sangre, sino que correspondían a la especie humana. La evidencia fue tomada de la tierra, de unos zapatos y de otras partes del aeródromo.
Los documentos, basados precisamente en el trabajo forense, revelan la existencia de restos de plástico, que se presume sean de una silla. La evidencia fue tomada de la pista de Coloradillo, mientras que los zapatos le corresponden a Iriarte. Esos calzados fueron hallados en el departamento donde éste fue aprehendido, junto con otros tres hombres, el 3 de septiembre de 2025.
La denuncia contra Iriarte y los otros imputados sostiene que el principal implicado tenía una deuda de $us 340.000 con Saucedo, motivo por el cual, supuestamente, la tarde del 2 de septiembre coordinaron una cita “para ajustar cuentas”. La cita se dio en un centro comercial.
Según la madre de la víctima, Iriarte, llevó a su hijo con engaños a otro punto. La acusación se respalda en el último mensaje y una fotografía que Saucedo le envió a su pareja, en la que le afirmaba que Iriarte lo llevaba hacia otro punto y que sería el responsable si algo le sucedía.
El vehículo que Saucedo conducía fue hallado quemado y hasta la fecha no se da con el cuerpo del abogado.
Los datos del cuaderno de investigaciones en la Fiscalía mencionan que, inicialmente, en la entrevista con policías, Iriarte confesó el crimen, pero luego su defensa negó el hecho. En las conversaciones que esta persona tuvo con los familiares del abogado, previas a su captura, también involucró a Mariano Paz Chávez, una persona a la cual Saucedo denunció por secuestro. El mismo nunca fue citado a declarar.
De la misma forma, en contacto con EL DEBER, los abogados descartaron que Iriarte hubiera grabado el video de la ejecución de Saucedo, como lo indica el informe policial y que este fue descargado en su celular porque le llegó por un grupo de WhatsApp.
No obstante, los datos del video (ubicación, hora y fecha de la creación del archivo) revelaron las coordenadas del lugar de la ejecución, lo que permitió dar con la ubicación de Coloradillo, lugar hasta donde fue la Policía, pero fueron recibidos por nueve vehículos en cuyo interior había gran cantidad de personas, algunas de nacionalidad extranjera, con armamento pesado y explosivos, que hicieron retroceder a los policías para luego darse a la fuga.
Cinco meses después de esos hechos, se descubrió que el aeródromo que se presumía había quedado en custodia de las autoridades al igual que siete aeronaves, continuaba operando bajo la administración de Marset y su organización delictiva.