Fuente: https://lapatria.bo
La Delegación Defensorial de Oruro, junto al Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía Departamental y diversas instituciones del sistema judicial, llevó a cabo la Primera Visita Carcelaria de la gestión 2026 en los recintos penitenciarios de San Pedro y La Merced. Este acto se realizó el día de ayer, atendiendo diferentes solicitudes de los internos.
Atención directa a internos y sus necesidades
Durante esta jornada, se instalaron mesas móviles de atención, lo que permitió recoger quejas de manera directa y ofrecer orientación jurídica personalizada a las personas privadas de libertad. Este esfuerzo consolidó un canal inmediato de comunicación con el Estado.
Resultados en el Penal San Pedro
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En el penal de San Pedro, se atendió a 77 internos con detención preventiva. Estos internos plantearon reclamos principalmente por la retardación de justicia. Además, se brindó atención a 48 personas con sentencia ejecutoriada, quienes recibieron asistencia del Juzgado de Ejecución Penal. El fiscal departamental, Aldo Morales Alconini, destacó la importancia de escuchar tanto a los preventivos como a los sentenciados. Subrayó que detrás de cada expediente existe una familia y una realidad social que merece atención.
Crisis de hacinamiento en el sistema penitenciario
Morales Alconini también remarcó la urgencia de enfrentar la sobrepoblación carcelaria. El recinto, diseñado para 200 personas, actualmente alberga alrededor de 1.600, lo que genera una situación crítica.
Visita al Penal de Mujeres La Merced
Por la tarde, la actividad se trasladó al penal de mujeres de La Merced, donde las internas expusieron sus preocupaciones sobre la demora en procesos y la producción de pruebas. Las autoridades judiciales reafirmaron su compromiso de atender estas demandas y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Un esfuerzo interinstitucional por la justicia
Esta visita se consolidó como un esfuerzo interinstitucional que busca reducir la mora procesal, agilizar trámites y fortalecer el acceso a la justicia. Según estimaciones preliminares, al menos un 30% de la población penitenciaria podría beneficiarse de las medidas revisadas. Esto representa un avance significativo frente a la crisis de hacinamiento en el sistema penitenciario del departamento.