Las víctimas de tortura en Bolivia no solo cargan con las secuelas físicas y psicológicas de la violencia, sino que también deben enfrentar un sistema judicial que dificulta el acceso a la verdad y la justicia, según advirtió Carla Achá, representante del Instituto de Terapia e Investigación sobre secuelas de la tortura y la violencia del Estado (ITEI), durante su participación en el programa El Defensor con el Pueblo de la Defensoría del Pueblo.
Fuente: ANF
Achá explicó que la tortura debe entenderse como un acto intencional, cometido con el objetivo de infligir daño físico, mental o emocional para castigar, intimidar u obtener confesiones. Subrayó que este tipo de violencia tiene un elemento distintivo: es ejecutada por funcionarios del Estado, como policías o militares, o con su consentimiento, lo que agrava el caso.
En ese contexto, identificó escenarios donde el riesgo de tortura se incrementa por factores estructurales. Entre ellos, mencionó los recintos penitenciarios, donde el hacinamiento favorece los malos tratos, y los recintos militares, caracterizados por su carácter cerrado, que limita la fiscalización externa. Para contrarrestar esta situación, destacó la labor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, encargado de realizar visitas periódicas y visibilizar posibles vulneraciones de derechos.
Uno de los principales obstáculos, según Achá, es la dificultad para denunciar. Las víctimas, afectadas por un profundo daño psicológico, requieren procesos terapéuticos previos antes de poder iniciar acciones legales. A ello se suma un sistema judicial que, en muchos casos, tiende a negar los hechos, entorpecer las investigaciones y generar un desgaste económico y emocional que termina revictimizando a quienes buscan justicia.
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Como ejemplo emblemático, mencionó el caso del subteniente Poma, ocurrido en 2011, cuyo proceso continúa sin resolución. Su padre falleció recientemente sin haber obtenido justicia, tras años de litigio tanto a nivel nacional como internacional.
La representante del ITEI enfatizó además que el Estado tiene una responsabilidad absoluta sobre las personas bajo su custodia. “Cuando una persona es privada de libertad o entregada a una institución para su formación, el Estado debe garantizar su integridad”, sostuvo, al señalar que las familias confían en que sus seres queridos serán devueltos en las mismas condiciones en que fueron entregados.
El impacto de la tortura, agregó, no se limita a la víctima directa. Las familias también enfrentan consecuencias profundas, que van desde conflictos internos por el desgaste del proceso hasta problemas económicos derivados de la contratación de abogados. En muchos casos, estas situaciones conducen al endeudamiento o incluso a la pérdida de empleo, debido al tiempo y recursos que exige la búsqueda de justicia.
Frente a este panorama, Achá informó que desde el ITEI y organizaciones de la sociedad civil se impulsa un proyecto de ley integral contra la tortura, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados. La propuesta plantea la incorporación de una tipificación adecuada del delito en el Código Penal, ya que actualmente los casos suelen ser clasificados como lesiones o asesinatos, invisibilizando la tortura como tal.
Asimismo, contempla la capacitación permanente de policías y militares con enfoque en derechos humanos, la aplicación de estándares internacionales como el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota, y la implementación de mecanismos de reparación integral que no se limiten a compensaciones económicas, sino que garanticen el acceso a la verdad y una justicia transparente.
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