Una deuda de $us 5.000, además de chats y audios de WhatsApp se presentaron como indicios contra Yerko Iriarte y sus familiares, a quienes se sindicó como presuntos autores intelectuales del asesinato del aviador José Carlos Jiménez.
Por Carlos Quisbert
Fuente: eldeber.com.bo
Por determinación del fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, se revocó una resolución que favorecía a Yerko Iriarte -uno de los presuntos socios del narco uruguayo, Sebastián Marset-, y se reactivó la investigación en su contra, por el sicariato del piloto cochabambino José Carlos Jiménez Alí, suscitado en 2024 en Santa Ana del Yacuma.
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“El suscrito fiscal departamental del Beni, en aplicación de las disposiciones legales establecidas (…) resuelve: 1. Revocar la resolución fiscal de rechazo de denuncia de 27 de mayo de 2025, debiendo el fiscal del caso proseguir con la investigación y agotar la investigación preliminar”, señala el documento de 10 páginas al que EL DEBER tuvo acceso.
En ese documento se responsabiliza al fiscal del caso, Yery Mamani, por emitir una resolución de rechazo a la denuncia en favor de Yerko Iriarte, sin fundamentos y sin realizar lo necesario para esclarecer el asesinato que transcurría sin que se tome la declaración del sindicado, a casi dos años del crimen, entre otras irregularidades denunciadas por la madre de la víctima, Ivonne Alí.
En ese sentido, se dispuso que, además de notificar a todas las partes con la revocatoria, Iriarte sea citado para declarar por el asesinato. El documento está fechado el 10 de febrero, pero se dio a conocer recientemente, luego de la captura y entrega de Marset a Estado Unidos.
Por otro lado, Iriarte está imputado por el asesinato del abogado Lorgio Saucedo, hecho que fue grabado en un video que se halló en el celular del sospechoso. Dicho crimen se cometió el 2 de septiembre de 2025, al interior del aeroparque Coloradillo, en Santa Cruz.
Esa instalación era uno de los centros de acopio de droga y almacenaje de armas de la organización criminal de Marset, quien intercambió mensajes de texto con Iriarte el día de su aprehensión, de acuerdo a la pericia realizada por orden Fiscal. Iriarte y otros tres sospechosos cumplen detención domiciliaria en Santa Cruz por ese caso.
Antecedente
El asesinato del cochabambino, José Carlos Jiménez, de 35 años, fue perpetrado por cuatro encapuchados el 26 de mayo de 2024 en el municipio beniano de Santa Ana de Yacuma, mientras la víctima desayunaba junto a su pareja. Uno de los cómplices del crimen identificó a dos de los sicarios como los hermanos Erick y Oswaldo Hurtado Aguilera, quienes a su vez trabajarían para Yasser Andrés ‘Coco’ Vázquez, otro socio de Marset.
Un mes después del crimen, la Fiscalía amplió el proceso contra Iriarte y sus familiares, porque se hallaron pruebas de que estos tenían una rencilla por una deuda de $us 5.000 con la víctima.
Además del dinero, el grupo dejó indicios de las amenazas contra Jiménez en audios de llamadas y conversaciones de WhatsApp. La hermana de Iriarte incluso creó un grupo con el nombre de “Todos contra el colla”, apodo con el cual se referían a Jiménez, cuyo número añadieron para hacerle conocer todo lo que se decía sobre él.
En la resolución firmada por el fiscal departamental se menciona que el día del asesinato, según una fuente ‘extraoficial’, Yerko Iriarte y ‘Coco’ Vásquez desayunaron junto a los hermanos Hurtado Aguilera, cerca al lugar del crimen.
Organización criminal
Luego de que se cometió el asesinato del piloto José Carlos Jiménez Alí, el 26 de mayo de 2024, la Policía procedió a realizar una serie de allanamientos que dieron lugar a la aprehensión de tres personas, entre ellas Ariel Cabrera Havivi y Aaron Hurtado Lens, este último también de profesión piloto, quien alojó a la víctima en Santa Ana del Yacuma y se presume que proporcionó información a los sicarios, sobre los movimientos de Jiménez.
Debido a estas aprehensiones, un día después del asesinato, un grupo de antisociales que simuló una protesta ciudadana quemó las oficinas policiales de Santa Ana de Yacuma y exigieron la renuncia del entonces comandante regional de la Policía, Juan Pablo Ayllón Peña.
Los supuestos vecinos afirmaban que los policías habían cometido abusos al momento de los allanamientos.
La madre de la víctima, Ivonne Alí, denunció que, pese a que se logró identificar a los cuatro sicarios y a quienes serían los autores intelectuales del asesinato de su hijo, a casi dos años del crimen, la Fiscalía no cumple con la captura y encarcelamiento de los implicados, quienes, asegura, viven y realizan sus actividades delincuenciales “con normalidad” en el territorio beniano.