Johnny Nogales Viruez
Mientras el gobierno ordena su agenda legislativa y decide qué proyectos tratar primero, es irrebatible coincidir en que Bolivia necesita desmontar de inmediato el modelo estatista que ha fracasado en lo económico y ha terminado asfixiando la iniciativa, la inversión y el trabajo. Esa tarea no sólo es necesaria, es urgente.
Pero entre todas esas reformas necesarias, hay una que no puede ser postergada bajo ningún argumento técnico ni político. Una que no se mide en indicadores económicos, sino en vidas humanas.
Se trata del proyecto de ley para revisar procesos penales viciados por persecución política. Se le debe dar prioridad no como gesto ni concesión, sino porque durante casi veinte años la justicia dejó de ser justicia y se convirtió en un instrumento de sometimiento.
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Operó con fiscales que acusaban por consigna, jueces que resolvían bajo presión, tribunales que terminaban validando decisiones tomadas fuera del ámbito judicial. Fue un mecanismo de persecución. Es un hecho que hoy ya ni siquiera se discute. Incluso voces del propio masismo lo reconocen.
Las consecuencias siguen ahí. Cientos o quizás miles de bolivianos separados de sus familias, empujados al exilio o encerrados, no por haber cometido delitos, sino por pensar distinto. Porque resultaban incómodos y peligrosos para quienes confundieron el poder con la impunidad.
Quienes hemos vivido el destierro no necesitamos más explicaciones. Sabemos lo que significa. No es sólo irse, es romper la vida en dos. Es perder lo cotidiano, los afectos, el lugar propio. Y es cargar con una acusación que no desaparece cruzando una frontera.
A esto se suma una percepción que el gobierno no debería subestimar y que subrayamos quienes deseamos que esta gestión no fracase. Hay la impresión de que los cambios de fondo todavía no llegan. Persisten autoridades en condición interina, no se conocen decisiones claras sobre empresas estatales que siguen siendo un lastre y, lo más grave, el sistema judicial cuestionado permanece intacto. Esa continuidad no sólo genera incertidumbre; alimenta la desconfianza.
Por eso, este no es un debate técnico. Es un problema de conciencia. Cada día que pasa sin revisar esos procesos amañados es un día más de injusticia. Cada demora prolonga el daño y termina validando lo que nunca debió ocurrir.
Dar prioridad a esta ley no es mirar atrás con ánimo de revancha. Es poner un límite hacia adelante. Decir, de una vez, que la justicia no puede volver a ser usada como un arma para destruir al ciudadano.
La economía no puede esperar. Es cierto. Pero tampoco va a reactivarse sobre un sistema judicial desacreditado. No hay inversión donde la ley puede torcerse. No hay desarrollo donde la justicia depende del poder de turno.
Un gobierno se define en decisiones como esta. Reformar el modelo económico es urgente, pero restituir la justicia es impostergable.
Ya no se trata de diagnósticos. Se trata de decisiones. O se desmonta el uso político de la justicia y se restaura el Estado de derecho, o se convive con su simulación. No hay punto intermedio.
Y para quienes siguen esperando justicia, el tiempo ya se agotó.
Johnny Nogales Viruez