El director de la AJAM también denunció la presencia de minería ilegal en áreas protegidas, como parques nacionales, reservas forestales y sitios RAMSAR (humedal de importancia internacional).
Fuente: ANF
La minería ilegal en Bolivia ha alcanzado dimensiones alarmantes y podría incluso superar al narcotráfico en magnitud, según advirtió el director ejecutivo nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, durante la Rendición Pública de Cuentas Final de la gestión 2025. El fenómeno, dijo, marcado por un crecimiento sostenido y descontrolado, se consolida como uno de los principales desafíos para el Estado.
Sanabria sostuvo que la expansión de esta actividad ilícita responde, en gran medida, a fallas estructurales dentro del propio aparato estatal. Entre ellas, señaló la “extrema burocracia” que retrasa la aprobación de contratos mineros. Según explicó, en los últimos cinco años la Asamblea Legislativa no ha aprobado ni un solo contrato administrativo, lo que obliga a muchos operadores a optar por la ilegalidad ante la imposibilidad de esperar entre 9 y 15 años para regularizar sus actividades.
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El director de la AJAM también denunció la presencia de minería ilegal en áreas protegidas, como parques nacionales, reservas forestales y sitios RAMSAR (humedal de importancia internacional). A su juicio, esta situación se debe a la falta de una normativa que articule adecuadamente la legislación minera con la ambiental, lo que genera rechazos sistemáticos a los trámites de formalización.
En cuanto a las acciones ejecutadas, informó que durante 2025 se atendieron 23 denuncias relacionadas con minería ilegal, una cifra inferior a las 42 registradas en la gestión anterior. Este descenso, lejos de reflejar una mejora, evidencia las limitaciones operativas de la entidad. Sanabria reveló que la AJAM cuenta con un presupuesto insuficiente y apenas ocho vehículos para realizar intervenciones en todo el territorio nacional.
Desde el ámbito del control comercial, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Armando Magne, reportó avances parciales en la lucha contra el comercio ilegal de minerales. Durante 2025 se ejecutó un operativo de control mensual y se aplicaron sanciones bajo el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) a empresas que incurrieron en irregularidades. Sin embargo, reconoció que la falta de personal técnico impidió una evaluación adecuada del uso de analizadores en los puntos de control.
Por su parte, el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, enmarcó la problemática dentro de la necesidad de fortalecer la fiscalización para garantizar una minería sostenible. Informó que su cartera atendió 14 denuncias por presuntos hechos de corrupción, algunas de las cuales fueron derivadas a entidades como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto para su investigación.
En el nivel operativo, el viceministro de Políticas Mineras, Walter Landívar, reportó la realización de 122 inspecciones bajo la Ley 403. De estas, 48 derivaron en informes remitidos a la AJAM tras confirmarse la existencia de actividad minera en curso. No obstante, también mencionó obstáculos en el terreno, como la negativa de una comunidad que impidió la ejecución de una inspección programada.
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Fuente: ANF