Andrea Ballivián Vargas
Hoy, el eco de mis tacones sobre el mármol de la Asamblea Plurinacional suena distinto. No es solo el ruido de la prisa; es el pulso de una responsabilidad que, por momentos, me quita el aire. Me he convertido en diputada nacional y voy camino a las mesas técnicas para tratar la Ley Brisa. El corazón me late fuerte. Pienso en quienes llevan una pena silenciosa en el alma: las víctimas de violencia sexual en la niñez o la adolescencia.
Cuando me reúno con ellas, las llamo «compañeras» sin necesidad de conocerlas. Entiendo que comparten heridas y que las lágrimas son la única fuga frente a la frustración. Pero algo mágico sucede en la sala: gritan al unísono “¡Todas somos Brisa!”, el llanto desaparece y sus voces recuperan una fuerza que estremece las paredes del poder.
El origen de una lucha de 24 años
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Esta ley no nace de un escritorio frío, sino del temple de Brisa de Ángulo Lozada. Hace más de dos décadas, Brisa fue víctima de violencia sexual por parte de un pariente. Su batalla por justicia no solo logró una sentencia histórica contra el Estado Boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sino que se convirtió en la esperanza de miles de bolivianas.
Como legisladora, recibir su agradecimiento me genera un nudo en la garganta. Esta es la magnitud del compromiso: transformar una sentencia internacional en una realidad tangible que proteja a las próximas generaciones.
¿Qué cambia realmente con la Ley Brisa?
La normativa (Proyecto de Ley N° 010/2025-2026), impulsada inicialmente por la entonces senadora Andrea Barrientos, y hoy enriquecida por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, busca extirpar las trampas legales que protegen al agresor sexual. Estos son los pilares de la reforma:
Eliminación del disfraz del “estupro”: Es hora de admitir que una adolescente no puede «consentir» una relación con un adulto, como tipifica la figura de “estupro”. En realidad, el estupro ha sido el disfraz legal para la manipulación y el abuso de poder, pues ha permitido penas mínimas (de tres a seis años) para violadores de adolescentes. Estas sentencias, además, rara vez se han aplicado.
Imprescriptibilidad: El trauma no tiene fecha de vencimiento. Las víctimas suelen tardar décadas en procesar y denunciar. El Código Penal actual es cruel al exigir plazos para la denuncia y la prueba; la Justicia debe esperar a la víctima, y no al revés.
Tipificación de la violación incestuosa en el caso de niñas, niños y adolescentes: El 70% de los abusos ocurren en el hogar. Debemos visibilizar la doble traición que sufre un niño cuando el agresor es quien debía cuidarlo y ha roto su sistema de apego y seguridad.
El consentimiento es para los adultos: Siguiendo los estándares de la Corte IDH, el consentimiento debe ser el elemento central del delito de violación y no los requisitos de la fuerza y resistencia, porque poner el foco en si una persona “se defendió lo suficiente” es en el fondo ignorar el miedo, la parálisis y las múltiples formas en que la violación se ejerce sin necesidad de golpes visibles.
Construir historia sobre nuestras heridas
A veces, viendo a expertas como Mónica Bayá argumentar con solvencia técnica, me pregunto por qué para las mujeres nada es fácil. ¿Por qué siempre tenemos que construir el camino hacia la justicia sobre las cicatrices de nuestros propios cuerpos?
Bolivia registra cifras alarmantes de violencia sexual infantil. Tener una norma no lo es todo, pero es la herramienta que otorga tiempo a las víctimas para estar listas y denunciar. Es el instrumento que evita que los agresores se acojan a juicios abreviados para salir libres en poco tiempo mientras sus víctimas quedan presas de su memoria.
Soy una diputada nueva, y esa es mi mayor fortaleza: me niego a aceptar que el sistema no puede cambiarse. Sin una reforma estructural, seguiremos contando casos y sumando víctimas a los listados de la impunidad.
La batalla no ha terminado. Se lo debemos a los niños, a las niñas y a todas las «Brisas» que hoy nos miran esperando coherencia. Si no es ahora, ¿cuándo?
Diputada nacional por Alianza Unidad.