DESGLOSE
El Concejo Municipal de Sucre enfrenta cuestionamientos por el uso de recursos públicos. Entre las gestiones 2023, 2024 y 2025, los concejales erogaron Bs 533.920,40 en pasajes, viáticos y viajes de representación, en su mayoría nacionales y algunos internacionales, sin que —según sectores ciudadanos— se evidencien resultados proporcionales para el municipio.
Iván Ramos – Periodismo que Cuenta
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Fuente: erbol.com.bo
El desglose muestra que Yolanda Barrios lidera el gasto con Bs 146.166,5, seguida por Gonzalo Pallares (Bs 74.291,1), Carmen Rosa Torres (Bs 67.561,6), Jenny Montaño (Bs 57.369,5) y Edwin Gonzáles (Bs 53.958,75). También figuran Óscar Sandy (Bs 49.664,45), Rudy Avilés (Bs 31.172,75), Goya Fernández (Bs 30.703,75), Antonio Pino (Bs 12.613,5), Eduardo Lora (Bs 9.256) y Mesila Cortés (Bs 1.162,5).
Gran parte de estos viajes corresponde a actividades protocolares —como aniversarios municipales y departamentales—; sin embargo, las críticas apuntan a la escasa incidencia real de estas representaciones. “Mucho gasto y poco retorno para la ciudad”, reclaman vecinos.
¿QUIÉN FISCALIZA A LOS FISCALIZADORES?
La situación reabre una pregunta clave: ¿quién fiscaliza al órgano que debe fiscalizar? Según la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, el Concejo tiene atribuciones legislativas, deliberativas y fiscalizadoras, pero en la práctica —afirman dirigentes barriales— ese rol ha sido débil en los últimos tres años.
A ello se suma el desgaste político. Ciudadanos denuncian que varios concejales no retornaron a sus distritos tras ser electos y que la agenda institucional derivó en confrontaciones internas antes que en control efectivo al Ejecutivo municipal.
CONCEJALES TIKTOKEROS
En paralelo, la presencia en redes sociales —particularmente en TikTok— ha sido interpretada por críticos como una estrategia de posicionamiento personal más que de gestión pública, en un contexto de baja aprobación ciudadana.
Los cuestionamientos también se sostienen en los resultados visibles: obras observadas y de corta durabilidad, una planta de alimentos sin operar, infraestructura vial en entredicho y espacios públicos deteriorados pese a intervenciones recientes.
El balance del periodo 2023–2025 deja una señal de alerta: un Concejo con alto gasto en viajes y representación, pero con limitada capacidad de fiscalización y escaso impacto tangible en la calidad de vida de los ciudadanos.
La demanda social apunta ahora a mayor control interno, transparencia y rendición de cuentas en el ente deliberante.