Brasilia acoge hasta el viernes 10 de abril a miles de activistas indígenas de todo Brasil, quienes participarán en una semana de debates y discursos políticos. Entre los temas a tratar se encuentran la defensa de los territorios ancestrales, el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la crisis climática, además de una marcha organizada para presionar al gobierno a fin de que reconozca sus tierras.
Cada año, miles de personas se reúnen para hacer oír su voz. Llegan en autobús y barco para debatir sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular los que reclaman sobre sus tierras ancestrales. Los organizadores esperan entre 7.000 y 8.000 participantes.
Música, danza y debates marcan la movilización, que se celebra anualmente desde 2004. «El Estado brasileño tiene una enorme deuda con los pueblos indígenas, y cada avance en materia de demarcación, cada proceso de política pública a favor de los pueblos indígenas, es un paso más», declaró Alcebias Sapara, portavoz de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía (COIAB).
Las reivindicaciones territoriales indígenas en el país más grande de Latinoamérica chocan, en efecto, con el poderoso sector agrícola y sus aliados en el Parlamento brasileño. En 2023, miembros del parlamento, en su mayoría conservadores, aprobaron una ley que otorga a los pueblos indígenas únicamente las tierras que ocupaban en el momento de la promulgación de la Constitución en 1988.
Los pueblos indígenas impugnan este límite, argumentando que ocupaban esas tierras antes de esa fecha, pero que fueron expulsados principalmente durante la dictadura militar de 1964 a 1985.
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Un enfrentamiento legal y político
Esta ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema, pero el Parlamento respondió con otra ley, lo que llevó a la Corte Suprema a iniciar un proceso de «conciliación». Los pueblos indígenas de Brasilia planearon marchar hacia el Congreso y el palacio presidencial para presionar al gobierno.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, gobierna con una amplia coalición que cuenta con el apoyo de los pueblos indígenas, pero que también incluye sectores de la agroindustria.
Desde el inicio de su tercer mandato en enero de 2023, el presidente brasileño ha reconocido oficialmente 20 territorios indígenas, mientras que su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro (2019-2022), cumplió su promesa de «no ceder ni un ápice más» a los pueblos indígenas.
En febrero, por ejemplo, el gobierno derogó un decreto que designaba los principales ríos amazónicos como vías fluviales prioritarias para el transporte marítimo, especialmente de granos. El decreto, que fue objeto de manifestaciones durante varias semanas, en particular frente a una terminal del gigante agroindustrial estadounidense Cargill en Santarém, al norte del país, habría permitido la expansión de puertos privados y el dragado de ríos, considerados vitales para el modo de vida de los pueblos indígenas.