La elección para el municipio de La Paz nos marca un nuevo rumbo después de cinco años de abandono. Los hechos de corrupción fueron los grandes titulares de la gestión, en la que la constructora Las Loritas intentaba sacar ventaja del contubernio que mantenía con las autoridades. Hace unos días, la aún concejala Yelka Maric, en una reveladora columna de opinión, dio a conocer que tanto el alcalde como su secretario ejecutivo estaban apurados por regularizar las construcciones fuera de norma: «El alcalde Iván Arias y su secretario ejecutivo, José Carlos Campero, esperaban exactamente eso: una concejal complaciente. Llegaron incluso a instruirme la aprobación de una propuesta de regularización de edificaciones fuera de norma, con multas irrisorias y, de ser posible, “calladita”».
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La cúpula municipal sabía muy bien cada paso que daba. La sociedad civil y el valioso aporte de los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros pusieron freno a su negociado. Empero, la destrucción del patrimonio arquitectónico y urbanístico avanzó con la demolición de la Casa Pagoda en Sopocachi y la residencia de la exembajada de Francia en Obrajes.
En Bajo Llojeta, por la falta de trabajos de prevención, la nula fiscalización territorial y el haber otorgado planimetrías en zonas de riesgo, áreas verdes o de equipamiento, la mazamorra fue el desastre ocasionado por la dejadez de las autoridades. De manera cínica y sinvergüenza, intentaron sin éxito responsabilizar a terceros. La famosa ciclovía resultó ser perjudicial para las zonas de Calacoto y San Miguel, al reducir el ancho de vía y tener un costo de medio millón de euros —quizá con la pintura más cara del continente—, siendo una muestra viva de la inoperante gestión municipal con un gigantesco daño económico a las arcas ediles.
El parqueo tarifado que, más allá de las buenas intenciones que dice tener, va contra la Constitución y las leyes municipales vigentes, debido a que los únicos que pueden inmovilizar y remolcar los automóviles son los miembros de la guardia municipal y no así las empresas que se hacen cargo del servicio. O el famoso contrato de luces led, cuya modalidad desconocemos (concesión o asociación público-privada) y que hasta hoy no pasa por el Concejo Municipal.
Las tropelías de la gestión saliente son innumerables. La falta de pago a los contratistas que realizaron las pocas obras hace que la Asociación de Contratistas en Obras Civiles de La Paz realice un plantón en las afueras del despacho del alcalde, quien no les paga desde enero de 2025 sin dar una respuesta clara. La realidad destruye su famoso saneamiento económico municipal y es una advertencia para las nuevas autoridades sobre la necesidad de auditorías urgentes en todas y cada una de las secretarías y empresas municipales. La destrucción de todo lo construido en más de veinte años no debe quedar impune. Es necesario que la autoridad no sea simplemente nominal, sino que regrese al Gobierno municipal.
Alexis de Tocqueville mencionaba en su obra que es el municipio el lugar donde nace el Estado. El día a día de los ciudadanos y sus actividades, allí donde mejorar su calidad de vida es fundamental, son esenciales. Sus límites son importantes y un ejemplo clásico de ello es el momento en que Rómulo fijó las fronteras de la Ciudad Eterna, convirtiendo en sagrado su territorio. La Paz debe ser reconstruida tanto en lo físico como en lo institucional. La capacidad y visión de las nuevas autoridades será fundamental para recuperar el orgullo paceño, volver a ser la primera ciudad del país y recuperar nuestra añorada Ciudad Maravilla. Somos la sede de embajadas y organismos internacionales; La Paz es la ventana de Bolivia al mundo.
Es momento de la reconstrucción y de que La Paz vuelva a brillar; de recuperar todo lo perdido en estos cinco años y ser nuevamente la ciudad número uno del país.
Jorge Roberto Marquez Meruvia
Politólogo