Los deportados llegarán a la República Democrática del Congo partir de abril. Se trata de una medida acordada con Washington, que en principio es de carácter temporal y será totalmente financiada por Estados Unidos. No obstante, no especifica el número de personas afectadas. La sociedad civil critica el acuerdo por los riesgos que conlleva en un país que ya tiene dificultades para gestionar a sus propios desplazados internos.
De nuestro corresponsal en Kinshasa, Pascal Mulegwa.
En detalle, este mecanismo prevé la acogida supervisada de migrantes deportados por Estados Unidos, según los términos definidos conjuntamente por Kinshasa y Washington.
El gobierno congoleño subraya que no se trata de un programa de reubicación permanente ni de una externalización de la política migratoria estadounidense. La estancia de las personas afectadas se anuncia como estrictamente temporal.
Cada caso será objeto de una revisión individual, de conformidad con la legislación congoleña y los requisitos de seguridad nacional, especifica el gobierno. No se autorizarán traslados automáticos. Ya se han identificado centros de acogida en las afueras de Kinshasa.
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El Congo no es un vertedero para personas a las que se les ha denegado la entrada a otros países
La sociedad civil, crítica con el acuerdo
La sociedad civil no se siente tranquila. Timothée Mbuya, de la ONG Justicia ASBL, señala la falta de transparencia de este acuerdo: «Ni la población congoleña ni los diputados y senadores nacionales han sido informados. Tampoco ha habido un debate público en torno a estos acuerdos. El Congo no es un vertedero para personas a las que se les ha denegado la entrada a otros países. Nuestro país no cuenta con la infraestructura suficiente para acoger a este tipo de personas».
Para otros miembros de la sociedad civil, la prioridad debería ser atender a los más de seis millones de congoleños desplazados internamente.
Si bien la declaración no menciona ningún intercambio directo, este acuerdo se enmarca en un contexto de mayor cooperación entre ambos países. Esta cooperación incluye un acuerdo económico sobre minerales a cambio de seguridad y una promesa de Estados Unidos de aportar 900 millones de dólares al sector de la salud.