Con un escenario fragmentado, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz activa su transición administrativa mientras los nuevos asambleístas delinean una agenda centrada en autonomía, financiamiento y demandas sociales.
Fuente: eldeber.com.bo
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La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz abrió formalmente un proceso de transición institucional tras la conclusión del cómputo electoral, en un escenario político fragmentado que obliga a construir consensos desde el inicio de la nueva gestión. Mientras la directiva en funciones avanza en el ordenamiento administrativo, financiero y operativo del ente legislativo, los asambleístas electos ya anticipan una agenda común atravesada por la demanda de mayores recursos, el fortalecimiento autonómico y la atención de urgencias en salud, en un contexto de alta expectativa ciudadana.
Desde el 13 de marzo, la ALD ejecuta una revisión integral de su estructura interna, con énfasis en la transparencia y el control de recursos. La asambleísta Martha Gutiérrez informó que este proceso incluye la evaluación de una ejecución cercana a los 20 millones de bolivianos, además de la verificación de activos institucionales, como el parque automotor.
De los 24 vehículos registrados, 22 fueron presentados, uno está en proceso de entrega y otro permanece pendiente, lo que derivará en acciones administrativas y eventualmente legales para resguardar el patrimonio público.
En paralelo, el pleno mantiene sesiones regulares con prioridad en proyectos vinculados a salud, atención de desastres naturales y demandas provinciales, lo que refleja una continuidad operativa, pese al recambio político.
Este proceso administrativo coincide con la reprogramación de la entrega de credenciales para el 28 de abril, lo que permitirá que los nuevos asambleístas asuman funciones desde el 4 de mayo, en sincronía con el calendario nacional definido por el Órgano Electoral Plurinacional, que prevé la posesión de más de cinco mil autoridades subnacionales en todo el país.
Escenario y prioridades
El nuevo mapa político departamental refleja una clara fragmentación. Seis fuerzas políticas tienen representación en la ALD, sin que ninguna alcance mayoría absoluta. La alianza Libre se posiciona como primera fuerza con 10 curules, seguida por Creemos con siete. Más atrás aparecen Santa Cruz Para Todos con tres, Demócratas con dos y el Movimiento Tercer Sistema con uno, además de los cinco escaños correspondientes a los pueblos indígenas. Este escenario anticipa una legislatura marcada por la negociación permanente, don-de cada voto tendrá peso específico en la aprobación de leyes y en el control político.
En ese contexto, los asambleístas electos comienzan a fijar sus prioridades. María René Álvarez Camacho, de Libre, planteó transformar la ALD en un “Parlamento de la Cruceñidad”, con participación abierta y decisiones tomadas desde el territorio. Su agenda incluye la defensa de áreas protegidas, la eliminación de trabas a la inversión privada y, sobre todo, la exigencia de un nuevo pacto fiscal que redistribuya recursos frente al centralismo, una demanda que se mantiene pendiente desde el Censo de 2012.
Desde Demócratas, Asis Aguilera enfatizó la urgencia de atender la crisis sanitaria, especialmente en provincias, donde existe un abandono estructural, señaló. Propone incrementar el presupuesto en salud, exigir al nivel central el cumplimiento del esquema 50/50 y retomar programas de agua, electrificación y caminos que fueron parte de gestiones anteriores y que hoy, desde su óptica, presentan rezagos significativos.
En la misma línea, Rony Mauricio Justiniano, de Creemos, subrayó la necesidad de fortalecer la institucionalidad autonómica y garantizar recursos suficientes para encarar las demandas del departamento. Planteó impulsar proyectos de infraestructura estratégica, como carreteras de integración binacional hacia Brasil, además de promover asociaciones público-privadas para dinamizar la economía regional, con énfasis en el desarrollo productivo de las provincias.
Por su parte, Víctor Hugo Méndez, de Santa Cruz Para Todos, delineó una agenda basada en tres pilares: legislación orientada al desarrollo y la seguridad jurídica, fiscalización firme del Ejecutivo y representación activa de las demandas ciudadanas. Advirtió que el contexto de transición podría ser complejo por los problemas heredados en la Gobernación, pero aseguró que existe la capacidad técnica y política para encarar los desafíos.
La coincidencia en temas como el pacto fiscal, el 50/50, la salud y la autonomía revela una base programática común, pese a la dispersión política. No obstante, el desafío radicará en traducir esas coincidencias en acuerdos legislativos concretos, en un escenario donde las alianzas serán dinámicas y sujetas a negociación permanente.
El proceso de transición ocurre además en la antesala de la segunda vuelta electoral del 19 de abril para la Gobernación cruceña, un factor que añade tensión al escenario político departamental. Aunque este resultado no modificará la composición de la ALD, sí incidirá en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, condicionando los márgenes de gobernabilidad.
Así, la nueva Asamblea se perfila como un espacio de equilibrio inestable, donde la fragmentación obliga al diálogo, pero también abre la posibilidad de construir consensos. La capacidad de sus miembros para articular acuerdos puede garantizar respuestas a demandas de la población cruceña.