La normativa permitirá que productores agrícolas y ganaderos reclasifiquen sus tierras de forma voluntaria para acceder a créditos con tasas de interés del 6%, eliminando la dependencia de financiamientos costosos y garantizando trámites expeditos ante el INRA en un máximo de 10 días.
Milen Saavedra
Fuente: Red Uno/Que no me pierda
En el marco de la feria Agropecruz, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Oscar Mario Justiniano, calificó como un hito histórico la promulgación de la Ley 157. Según la autoridad, esta normativa elimina las barreras que impedían a los pequeños productores acceder a condiciones financieras justas, permitiéndoles voluntariamente reclasificar sus tierras de pequeña a mediana propiedad.
A pesar de las observaciones de organizaciones campesinas e indígenas que no asistieron al evento, el Gobierno ratificó que la medida es una respuesta a una «necesidad latente» de más de 15 años.
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El fin del crédito «caro»
Justiniano fue enfático al señalar que la ley busca corregir una distorsión del mercado que castigaba a los más vulnerables. Al no ser considerados mediana propiedad, miles de productores estaban excluidos de la banca comercial y dependían de créditos directos de empresas de insumos.
“¿Por qué el pequeño estaba condenado a tener que hacer trato con las casas comerciales teniendo créditos muchísimo más altos? O sea, del 15, 18, 20, 22, 25%. Cabalmente se acaba esa discriminación tan notoria que condenaba a los pequeños productores a tener que buscar otro tipo de financiamientos”.
Con la nueva norma, estos productores podrán acceder al sistema financiero formal con tasas adecuadas al sector, que oscilan entre el 6% y el 7.5%, permitiendo que el fruto de su cosecha rinda mejor.
Voluntariedad y exclusividad para el sector privado
Ante la susceptibilidad de sectores sociales, el ministro aclaró repetidamente que la Ley 157 no es impositiva ni afecta a la propiedad comunitaria.
“Esto es para el pequeño productor privado, no comunidades, que quieren y necesitan poder hacer el cambio. Es de manera voluntaria, se repite claramente: voluntaria”.
La autoridad detalló que la ley establece límites claros para quienes deseen acogerse a este beneficio:
Productores ganaderos: Hasta 500 hectáreas.
Productores agrícolas: Hasta 50 hectáreas.
Un INRA con plazos fatales
Para garantizar que la ley no se convierta en un obstáculo burocrático, el ministro anunció cambios en la dinámica del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). A partir de la solicitud del productor, la entidad tendrá un tiempo máximo para actuar.
“El INRA tiene un tiempo marcado como máximo de 10 días para poder cumplir esa voluntad que cuando el pequeño productor lo pida, lógicamente poder obtenerlo y sea un trámite expedito”.
Justiniano criticó la gestión pasada de la institución, afirmando que «el INRA durante mucho tiempo se utilizó solamente con la finalidad de tener sometido al sector productivo». Con la Ley 157, el objetivo es devolver la seguridad jurídica y la libertad de disposición sobre el patrimonio privado de los trabajadores del campo.
Visión estructural: 46 leyes en camino
La Ley 157 es solo el punto de partida de una agenda normativa más amplia. El ministro adelantó que se presentarán más de 46 leyes para transformar el sector productivo, incluyendo programas como «Mi Bolivia Lechera» y normativas para permitir ventas a futuro, similares a las que operan en las bolsas de Rosario o Chicago.
“Ese es el cambio estructural cuando uno ve una visión distinta de país, una visión productiva y que nuestros productores, principalmente nuestros pequeños productores, vean de que sus hijos tienen una posibilidad de vida en sus campos”, concluyó.