La medida cautelar fue dispuesta por un juzgado público mixto de El Torno, en Santa Cruz, que aceptó una acción popular impulsada por María E. Aramayo Quinteros contra el presidente del TSE Gustavo Ávila Mercado.
Una persona sufraga en la última elección/ABI
Fuente: Brújula Digital
Un juez de El Torno falló a favor de una acción popular y ordenó la suspensión inmediata de la difusión de encuestas de intención de voto de medios de comunicación antes, durante y después de los debates a gobernadores de este domingo 12 de abril, de cara la segunda vuelta electoral.
La medida cautelar fue dispuesta por un juzgado público mixto de El Torno, en Santa Cruz, dentro de un proceso impulsado por María E. Aramayo Quinteros contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral Gustavo Ávila Mercado, según un oficio emitido el 11 de abril de 2026.
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El fallo está firmado por el juez Diego Campero e instruye la suspensión de la difusión de cualquier encuesta o estudio de intención de voto y prohíbe a la red Unitel y a otros medios de comunicación publicar estos contenidos mientras no se resuelva la acción.
En redes sociales, usuarios cuestionaron el recurso y la decisión judicial, al considerar que restringe el acceso a información relevante y atenta contra el voto informado de la ciudadanía.
El documento también advierte que la orden debe cumplirse de manera inmediata desde su notificación, bajo conminatoria de aplicar sanciones por desobediencia a la autoridad, conforme al Código Penal.
La acción popular se sustenta en preceptos constitucionales y del Código Procesal Constitucional, que facultan a la autoridad judicial a disponer medidas cautelares para resguardar derechos fundamentales mientras se resuelve el fondo del caso.
En el fundamento de su recurso, Aramayo Quinteros asegura que ella y otros electores se ven afectados por las encuestas “mal intencionadas”.
“Si bien mi persona es una persona particular, la ley me faculta a pretender un control constitucional pues, claramente tanto mi persona como toda la colectividad se ve afectada en nuestro sagrado derecho al sufragio a raíz de unas encuestas mal intencionadas que a diario como si fuese una figura de suerte varían según los intereses del medio televisivo el cual denunciamos por ser atentatorio tanto al derecho al sufragio como el derecho de una persona a ser candidato”.
Agrega que presenta el recurso para cumplir con su “deber ciudadano de proteger y defender nuestra sociedad, haciendo carne de la necesidad de toda la colectividad del pueblo cruceño de conservar nuestros derechos tanto al sufragio como a la libre postulación de candidatos”.
Agrega que en los últimos procesos electorales se evidenció “una profunda desconfianza pública” en algunas encuestas de intención de voto difundidas por medios de comunicación.
BD/JA