La investigación contra Roger Mariaca pasó de las acusaciones de Estados Unidos a dos procesos penales en Bolivia, mientras el Gobierno defiende los operativos, la Vicepresidencia cuestiona el procedimiento y distintos sectores piden que las acusaciones sean respaldadas con elementos verificables.
El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca. Foto: RRSS
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la tesis más dura del Ejecutivo: que las actuaciones policiales desarticularon una estructura criminal dentro del Ministerio Público. “Se ha desmontado una organización criminal que operaba desde una institución muy importante como es el Ministerio Público”, afirmó.
En su exposición ante la ALP, donde acudió con sus colegas de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda y de Presidencia, Fernando Aramayo, sin embargo, también señaló que la imputación formal alcanzaba inicialmente a cuatro personas, mientras que el operativo había producido 14 aprehensiones.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La defensa cuestionó desde el inicio la legalidad de las aprehensiones. Jerjes Justiniano sostuvo que el primer punto que debía aclararse era la existencia y procedencia de la orden de aprehensión de Mariaca. “Desde mi punto de vista, creo que lo que se ha hecho ha sido una vulneración a la Constitución Política del Estado, una vulneración a lo que establece la institucionalidad del Ministerio Público”, declaró.
Las acciones de libertad promovidas por los abogados defensores fueron rechazadas. El abogado Wilmer Vásquez, que impulsó uno de los recursos, sostuvo después de la audiencia que “hay mucha presión política y policial que ha amedrentado a los jueces. Estamos en manos de nadie”. Empero, esa afirmación corresponde exclusivamente a la defensa de los imputados.
La posición de la Central Obrera Boliviana (COB) había sido distinta antes de las aprehensiones. El 29 de septiembre expresó respaldo institucional a Mariaca y reclamó que los asuntos internos fueran resueltos en Bolivia. “Los asuntos internos de Bolivia deben resolverse por las autoridades e instituciones bolivianas, con pleno respeto a la soberanía nacional y al principio de no intervención”, señaló el ente matriz de los trabajadores.
El vicepresidente Edmand Lara a su llegada de España. Foto: captura de pantalla
El expresidente Evo Morales también sostuvo que, si existían vínculos con el narcotráfico, el caso debía ser investigado y juzgado en Bolivia. “Debe juzgarse acá en Bolivia, por soberanía jurídica, que se investigue”, afirmó.
Desde otra posición, el exfiscal de Santa Cruz Joadel Bravo planteó que el problema no podía quedar únicamente en las restricciones de visa. Sostuvo que la Asamblea debería pedir a Estados Unidos los fundamentos de las acusaciones y solicitar un informe al propio fiscal general. “Si es que vienen las pruebas desde Estados Unidos, entonces correspondería un juicio de responsabilidades al fiscal general que lo tendría que llevar adelante la Asamblea Legislativa”, afirmó.
Guido Áñez llevó el debate hacia una discusión más amplia sobre la Justicia. Admitió que, a su criterio, el procedimiento aplicado contra Mariaca no se ajustó estrictamente a la ley, pero planteó una justificación política: “No ha habido un procedimiento totalmente apegado, digamos, estrictamente a la ley. Pero no se olvide de quién se trata”. Después defendió la necesidad de una reforma profunda del sistema y habló de una “razón de Estado”.
El vicepresidente Edmand Lara, en cambio, sostuvo que el caso debe investigarse, pero con respeto a las garantías constitucionales. Antes había señalado que “nadie está por encima de la ley” y que las aprehensiones debían ejecutarse en sujeción a la Constitución, las leyes y el debido proceso. Tras regresar al país la madrugada de este lunes, cuestionó la forma en que la Asamblea suspendió a Mariaca mientras él se encontraba en España.
El caso Mariaca abre tres frentes de discusión en cuanto a la investigación penal sobre las personas detenidas, la necesidad de establecer qué elementos sostienen las acusaciones y el debate sobre el funcionamiento y la independencia del Ministerio Público. La Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales dentro de los procesos, mientras el conflicto político e institucional se traslada a la sucesión del Fiscal General.