Una ley absurda

El Gobierno pidió a la prensa que coordinen con el Ejecutivo la reglamentación de una ley. Eso, además de ilegal, es patético.

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Una ley absurda

2. Bajo el Penoco, El Día: Invitación a Carlos Mamani

3. Los Tiempos: EL PRESIDENTE MORALES Y LAS FFAA

4. El Deber: Una marcha para expresarse

5. Cambio: La patria agradecida

6. La Prensa: El periodismo nuestro de cada día

7. El Diario: Karachipampa, ¿un caso sin solución?

8. El Mundo: Sin excusas

9. Opinión: La huelga de hambre de los periodistas

10. Clarín, Argentina: Marchas por la inseguridad

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El Día: Una ley absurda

Las generaciones venideras se preguntarán cómo fue que a alguien se le ocurrió una ley tan ridícula como la que acaba de promulgar el presidente Morales, quien trata de convencer al mundo de que el racismo es el problema más grave que agobia el país.

Tan absurdo ha sido el planteo del problema de la discriminación que se ha hecho en la ley, que las discusiones más importantes  giran en torno a temas muy alejados de los hechos a los que se refiere constantemente el presidente Morales, pertenecientes en su mayoría al ámbito de las leyendas y habladurías que han repetido los cuentacuentos de aquí y de allá. Uno de ellos fue justamente el canciller Choquehuanca, quien alguna vez comentó que los vecinos de la zona sur de La Paz lo escupían cuando éste acudía con su madre a vender sus productos.

Evo Morales y David Choquehuanca seguramente han sufrido discriminación, nadie lo duda; en Bolivia existe racismo, pero nunca se han producido casos ni siquiera semejantes a los que ocurren en Argentina y ni qué decir lo que sucede en España o Alemania, donde turcos, latinoamericanos y afroamericanos son constantemente víctimas de violencia racial. Paradójicamente, el caso más grave registrado en Bolivia ocurrió en La Paz hace unos años contra el ciudadano peruano Freddy Cano López, quien fue quemado vivo en las celdas de la Interpol por motivos estrictamente xenófobos. En el Chapare, un joven afroboliviano que hablaba con acento del oriente boliviano también halló la muerte a manos de cocaleros, que lo castigaron hasta matarlo simplemente porque no les agradaba su origen.  De cualquier forma son hechos aislados, tanto como algunos casos de racismo que se han dado en los medios de comunicación y que merecen castigo.

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La ridiculez de la norma firmada por el Presidente hace unos días no sólo se presta a comentarios extraídos de la mitología urbana, sino también para planteamientos absurdos que han comenzado a registrarse en los medios. La Cidob, por ejemplo, ha pedido que las instituciones públicas ya no incurran en discriminación y dejen de pedir antecedentes académicos a los postulantes para ocupar cargos. Otro sector ha sugerido que la Policía ya no establezca límites mínimos de estatura para los postulantes y lo mismo podría ocurrir en las Fuerzas Armadas. Los concursos de belleza ya no podrán exigir ciertos estándares porque estarían incurriendo en delito y lo mismo podría pasar en instituciones educativas. ¿Podrán los maestros aplicar calificaciones? ¿Ya no habrá aplazados? ¿Será todo como el tango Siglo XX cambalache?

Ayer mismo el presidente Morales era invocado por grupos opositores para que deje de discriminar entre los niños de colegios fiscales y particulares y que les entregue el bono Juancito Pinto a todos por igual, como sucede con el Bono Dignidad, heredero del neoliberal Bonosol, que estableció como regla básica la universalidad del beneficio.

El Gobierno no para de hacer el ridículo. Ha pedido a las organizaciones de prensa que sean ellas las que coordinen con el Órgano Ejecutivo la reglamentación de una ley. Eso además de ilegal, porque está usurpando funciones, es patético. Es como pedirles a los condenados a muerte que sean ellos mismos los que caven sus tumbas o que le hagan el nudo a la horca. Si Evo Morales quiere asesinar la democracia, que lo haga solo.

El Gobierno pidió a la prensa que coordinen con el Ejecutivo la reglamentación de una ley. Eso, además de ilegal, es patético.

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Bajo el Penoco, El Día: Invitación a Carlos Mamani

El presidente Morales le ha ofrecido trabajo a Carlos Mamani, el minero boliviano que ha permanecido durante más de dos meses atrapado en un socavón en Chile junto a otros 32 trabajadores chilenos. Mientras tanto, la esposa del obrero, Verónica Quispe, quien durante las primeras semanas del encierro de su marido se quejó del abandono del Gobierno boliviano, ha dicho que no está segura si está con ganas de volver a su tierra natal. Ella sabe que Carlos saldrá de la mina San José convertido en un héroe y que muchos tratarán de aprovecharse de su notoriedad. En ese caso, tendría que decidirse por derrochar su fama junto al Mandatario boliviano o seguir el libreto que seguramente tiene preparado para él y para todos los rescatados el presidente chileno, Sebastián Piñera, cuya imagen –con toda justicia- se escalará a niveles estratosféricos después de semejante epopeya. Cuando todo pase, es posible que a Mamani le queden ganas de volver a las minas y en ese caso optar por los socavones bolivianos no sería lo más inteligente. Sería volver a coquetearle a la muerte, como ocurre con miles de obreros en el país.

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Los Tiempos: EL PRESIDENTE MORALES Y LAS FFAA

Bueno sería que el presidente Morales aclare a qué “afanes políticos” se refiere cuando  denuncia un plan para distanciarlo de las FFAA

El presidente Evo Morales en un discurso pronunciado durante el acto de conmemoración del 87 aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana ha denunciado la existencia de “afanes políticos” que supuestamente buscarían enfrentarlo con los jefes del Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas. Y como no ha sido más explícito al hacer tan grave denuncia, sólo cabe preguntar: ¿A qué “afanes políticos” se referirá el presidente Morales?

Que se sepa, hay sólo dos temas que durante los últimos meses y semanas, respectivamente, han dado motivo a ciertas fricciones entre los principales órganos del Estado y el Alto Mando Militar. Y a no ser que haya otros de los que no ha trascendido ninguna información, sólo cabe suponer que es el engorroso asunto de los “archivos de las dictaduras”, el uno, y el de las prácticas de tortura que se realizan en algunos cuarteles militares, el otro.

Efectivamente, como es fácil constatar, ambos asuntos han sido –y todavía son– motivo de tensión y muchas asperezas en las relaciones entre el poder político civil y el militar. Lo que no es tan evidente, ni mucho menos, es que tales roces sean atribuibles a “algunos elementos con pensamiento retrógrado, o conservadores que tratan de enfrentar al Gobierno Nacional con nuestros comandantes”.

Más cuestionable aún es la suspicacia presidencial cuando se pregunta: “¿Qué más estarán planificando para distanciar al Presidente de las Fuerzas Armadas o los comandantes?", pues no hay cómo atribuir a una supuesta confabulación, a no ser con excesiva mala fe, las dificultades que los altos mandos militares están teniendo para adecuar su conducta a lo que manda la Constitución y las leyes en los dos casos que actualmente son motivo de controversia.

En lo que a los “archivos de las dictaduras” se refiere, el caso es clarísimo. Ya son tres las veces que la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado al comandante en Jefe de las FFAA que proceda a la desclasificación de los archivos militares del Departamento Segundo de Inteligencia comprendidos entre junio de 1979 y agosto de 1981, y otras tantas las oportunidades en que tal disposición judicial ha sido flagrantemente desobedecida. El último acto de rebeldía se produjo el pasado 8 de octubre cuando en vez de recibir la autorización para abrir los archivos, como estaba previsto, los fiscales a cargo de la investigación recibieron la orden de alejarse del caso. Exactamente igual que en ocasiones anteriores.

El segundo motivo de fricciones, el de las torturas practicadas en recintos militares, es igualmente atribuible a muchos factores pero de ningún modo a una supuesta confabulación. Cabe recordar que cuando el escandaloso caso salió a luz, el primer mandatario fue el primero, en su condición de capitán general de las FFAA, en exigir una investigación a través de los procedimientos previstos por la justicia ordinaria y no la militar.

Que ambos casos sean motivo de tensiones es muy comprensible por razones obvias. Lo que no es comprensible es que esas dificultades sean atribuidas a “afanes políticos” y, peor aún, si éstos no son debidamente identificados.

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El Deber: Una marcha para expresarse

La movilización de los trabajadores de la prensa de Bolivia, sobre todo la de los cruceños, ha alcanzado en las últimas horas un tamaño que en principio no se esperaba. De una protesta de los periodistas contra la mordaza, se ha pasado en pocos días a una demanda ciudadana masiva en defensa de la libertad de expresión. Son más de 105.000 personas las que firmaron libros en Santa Cruz, en sólo dos semanas de movilizaciones. Son más de cinco los ciudadanos de otros sectores no periodísticos que también ayunan en la plaza 24 de Septiembre. Para hoy, serán varias las organizaciones sociales y ciudadanas y las instituciones que anunciaron su presencia en la llamada ‘marcha de marchas’, convocada en pocas horas al calor del entusiasmo que genera el apoyo imparable de la gente a la lucha contra dos artículos mordaza.

Éstas son señales contundentes de que la gente ha logrado dimensionar en estos días el enorme peligro de perder su libertad para decir lo que piensa. Son síntomas de que el ciudadano está despertando de un largo letargo. Son indicios de que la gente pierde de a poco el miedo a ir a la cárcel por simplemente reclamar sus derechos. Esto ya es suficiente para sostener que la prensa boliviana independiente ha cumplido hasta ahora una misión noble y puede quedar conforme con los resultados del sacrificio de algunos de sus trabajadores en la prolongada huelga de hambre que se realiza en Santa Cruz. Aunque no se logre derogar los dos artículos de la mordaza, los periodistas han conseguido ya despertar la conciencia ciudadana para la lucha final, que se librará seguramente mediante la iniciativa legislativa ciudadana o el referéndum reconocido en la Constitución Política del Estado.

Frente al argumento de los que dicen que éste es un movimiento aislado de los periodistas y que no tiene el respaldo ciudadano, basta referir las miles de firmas obtenidas en todo el país para llevar adelante una iniciativa legislativa. Nadie ha obligado a nadie a estampar su rúbrica en los libros. Simplemente ha prevalecido la conciencia y el convencimiento de que los artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo afectan la libertad de expresión y de prensa. Tampoco es sólida la versión de que el movimiento está instalado sólo en Santa Cruz. Ya son miles las firmas registradas en los libros distribuidos por las diversas organizaciones periodísticas en todo el país.

Como respuesta a esta movilización ciudadana imparable, el Gobierno sólo ha recurrido a respuestas torpes, como la de señalar que la huelga de hambre en Santa Cruz es un acto de desacato. El viceministro que dijo eso desnuda un lamentable desconocimiento de la propia Constitución, que considera la protesta como un derecho ciudadano.

También han surgido los primeros embates para descalificar a los huelguistas y para sembrar dudas sobre la utilidad de las miles de firmas recogidas, con el objetivo malintencionado de lograr la desmovilización. Sin embargo, la respuesta de los periodistas es de firmeza y hoy se ratificará la fortaleza de este movimiento, seguramente, con una masiva marcha. El periodismo cruceño hace historia y le propone a Santa Cruz y Bolivia una nueva agenda: romper el miedo a expresarse y defender los derechos humanos. En ese propósito, la noble causa de la lucha contra el racismo recibe el pleno respaldo de la prensa.

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Cambio: La patria agradecida

La Cámara de Diputados del Estado Plurinacional distinguió ayer —en una sesión de honor— a tres luchadores por la democracia y a la Central Obrera Boliviana (COB): Ana María de las Nieves Romero de Campero, Édgar Huracán Ramírez Santiesteban y Manuel Morales Dávila recibieron la Medalla al Mérito Democrático Marcelo Quiroga Santa Cruz y, a través de su secretario ejecutivo, Pedro Montes, la central sindical que aglutina a los trabajadores bolivianos.

Se trata de un justo como trascendental reconocimiento de la democracia boliviana a quienes dedicaron su vida a la lucha incesante por los valores democráticos y en contra de toda forma de violación de los derechos humanos, de marginación de millones de bolivianos y, fundamentalmente, de un compromiso —muchas veces puesto a prueba— de su entrañable amor por la patria.

Por eso, la entrega de la Medalla al Mérito Democrático no pudo ser entregada a mejores manos, porque Romero de Campero, Ramírez Santiesteban y Morales Dávila dieron pruebas más que suficientes de solidaridad con los desposeídos, de demanda de justicia con los perseguidos y firmeza en la defensa de nuestros recursos naturales desde la trinchera que asumieron como ejemplo de su compromiso con Bolivia.

Y para nadie es desconocida la permanente lucha de la COB, no sólo en defensa de los derechos y reivindicaciones sociales de los trabajadores, sino como vanguardia del movimiento popular que nunca bajó los brazos y enfrentó a cuanta dictadura militar se apoderó con las armas de los destinos de la patria.

Fue la central sindical la que apuntaló, junto al pueblo boliviano, el proceso de refundación de Bolivia por la constante lucha por el respeto a los derechos humanos, el derecho a la vida y a la tierra. Y junto a ella, fueron héroes anónimos, indígenas, campesinos, mineros, intelectuales, militares patriotas, mujeres y hombres libres que ofrendaron su vida para evitar la destrucción de la patria y cimentaron la democracia profunda que hoy recorre los caminos de la patria.

Y si la democracia es el sistema político que preserva los derechos de todos, que tiene en el pueblo al único depositario de su soberanía, que se asienta en una justa distribución de la riqueza y que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, concluiremos en que a ese objetivo nunca renunciaron quienes ayer fueron homenajeados por la expresión más alta de nuestra democracia: la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Es que Ana María Romero de Campero, periodista que dirigió uno de los más importantes emprendimientos periodísticos, como fue el matutino Presencia, es un referente de la defensa de la democracia. Tras cerrar ese capítulo brillante del periodismo boliviano, en 1998 fue elegida por el Congreso como la primera Defensora del Pueblo, y desde este cargo desplegó una labor de acercamiento y defensa de los sectores menos favorecidos ante la actuación del Estado, y desplegó una gran campaña de promoción de los derechos humanos de sectores secularmente ignorados.

Su tarea a favor de los pobres le deparó el respeto del pueblo, pero a la vez el temor de la autodenominada ‘clase política’. Por eso su continuidad como Defensora del Pueblo fue cuestionada por el MNR y en septiembre de 2003 —apenas días antes del levantamiento popular en defensa de los recursos naturales— Sánchez de Lozada vetó su reelección y ordenó a su bancada bloquear en el Congreso lo que el pueblo exigía.

Y mientras el Goni y sus cómplices asesinaban al pueblo en las calles de El Alto y en la zona Sur de La Paz, Ana Mar, como cariñosamente la había bautizado el pueblo, se sumó a la protesta popular en defensa de los intereses de la patria. Lideró una histórica huelga de hambre que aglutinó a toda la oposición contra un gobierno que alentaba el saqueo de Bolivia, y fue el toque final para la capitulación de la antipatria y la huida de Sánchez de Lozada.

La historia de vida de Édgar ‘Huracán’ Ramírez también se inscribe en las páginas de las luchas por los ideales de justicia social. Nació minero y, como tal, lideró la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la COB. La nacionalización de las minas fue parte de su vida y su razón de ser. Uno de los más honestos dirigentes sindicales, Ramírez nunca admitió el cierre de las minas que el neoliberalismo decretó el 29 de agosto de 1985.

Junto al también ex dirigente de la FSTMB y de la COB Víctor López Arias, fueron los dos únicos trabajadores que resistieron la relocalización de los mineros de la Comibol; no aceptaron el pago de indemnizaciones ni beneficios extraordinarios. Ramírez fue reducido a portero en los centros mineros cerrados por el MNR y hoy permanece en las planillas de la Comibol como custodio de la histórica memoria minera de Bolivia. Por eso el antiguo líder de los obreros bolivianos recibió el reconocimiento a su lucha inclaudicable por la recuperación de los valores democráticos en nuestro país tras 18 años de aciagas dictaduras militares.

Mientras que Manuel Morales Dávila fue encarcelado por el gonismo el 7 de marzo de 1996. Su delito fue la defensa intransigente que asumió de los recursos naturales frente a la capitalización del gobierno de Sánchez de Lozada. Mientras el neoliberalismo aprobaba la Ley de Capitalización en el auditorio del BCB, Morales, junto a un pequeño grupo de bolivianos, protestaba en las afueras de ese edificio en uso legítimo de la libertad de expresión, hoy bandera de quienes entonces callaron ese atentado contra la patria. Acusado de sedición y desacato, fue encarcelado en régimen de incomunicación en el penal de San Pedro.

Es en ese contexto que la patria rindió ayer homenaje a esos luchadores por la democracia, por la soberanía y dignidad de un pueblo que desde que recuperara el estado de derecho, el 10 de octubre de 1982, nunca cejó en su decisión de profundizarlas y, en su simiente, edificar un Estado de iguales, de hombres libres.

La patria rindió ayer homenaje a luchadores por la democracia, por la soberanía y dignidad de un pueblo que desde que recuperara el estado de derecho, el 10 de octubre de 1982, nunca cejó en su decisión de profundizarlas para edificar un Estado de iguales, de hombres libres.

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La Prensa: El periodismo nuestro de cada día

Está pues nuestra historia plagada de ejemplos que nos han legado conscientes de que su trabajo para informar requiere de criterios de libertad.

Sin hablar de excelencias en el sentido nato del concepto que involucra un académico o al menos un diestro y atildado manejo del idioma, podemos decir, sin alardes de modestia, que el periodismo que se desarrolla en nuestro país, tanto en medios impresos como en radiofónicos o televisivos, transita por niveles más que aceptables, o buenos propiamente dicho.

Destaca, y es cosa que se puede apreciar todos los días, amén de la justa aplicación de las normas gramaticales básicas, el ponderable afán de llamar a las cosas por su nombre, sin rebuscamientos, sin sacrificar en pos de las galas literarias o del golpe efectista la veracidad incontrastable de los sucesos, de manera que quien recurra a ellos no sólo se informe, también que se sienta acompañado y además sienta un desarrollo en su manera de percibir el mundo en estos tiempos en los que la globalización se erige en un elemento consubstancial en la cotidianidad que construye el ciudadano de nuestros días.

Muy madura la gente comprometida con la prensa independiente, ya sea la que la forja o la requiere para tomar el pulso al mundo, el territorio nacional o el ámbito netamente local, que no se manifiesta por las exquisiteces gramaticales del idioma. Quiere esa gente encontrar la realidad en el lenguaje gráfico de cada día, con sus gracias y sus desgracias, con sus alegrías y tristezas, con sus dolores y goces, todo aquello que hace vibrar a cada cual, en su comunidad grande o pequeña, por la parte de bien o de mal con que le alcanza el mensaje noticioso simple y claro, y expuesto ya en columnas periodísticas.

Naturalmente el transcurrir de nuestra historia ha obligado al periodismo nuestro de cada día a transitar por caminos bastante accidentados. Son dignos de todo encomio aquellos medios que jamás han bajado la cerviz pese a constantes amenazas que llegaban desde los factores de poder que, por su misma naturaleza, intuían que era allí, en el periodismo, donde anidaba su enemigo más tenaz, aquel que pese a las amenazas de exterminio, siempre ha difundido a través del trabajo diario la inequívoca vocación por la libertad y la justicia. Está pues nuestra historia plagada de ejemplos que nos han legado una y otra vez viejos periodistas conscientes de que su trabajo diario para informar requiere de sus criterios de una inequívoca libertad de expresión.

En la medida en que nuestra prensa ha dado pasos en pos de una plena madurez, de una criteriosa mayoridad, ha ido copando metas y a estas alturas, sin que se suponga que se considera perfeccionada y sin nada por delante que aprender, llena de manera generosa, eso sí, las expectativas y los anhelos de sus lectores. A través de sus columnas tradicionales, los que las repasan regularmente se ubican en el plano de los sucesos de dentro y de fuera de casa por efectos de su lenguaje y sus gráficos atildadamente empleados.

En suma, no es cháchara indigesta lo que trae nuestra prensa todos los días o con preeminencia. Y, no obstante los vientos de fronda que soplan actualmente en el país contra la libre expresión, la buena prensa boliviana dispone de voluntad, espacio y tiempo, pero sobre todo vocación, para mejorar aún más y de ese modo satisfacer las expectativas del cada vez más exigente público lector al que se debe sin condicionamiento alguno.