«Como las alcaldías estaban pagando ilegalmente para hacer conflicto al Evo, al Gobierno, he decidido que paguen legalmente las alcaldías a los hermanos con discapacidad», confesó ayer el mandatario en la promulgación de la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica.
Evo cargó a las alcaldías el bono de “discas” por apoyar la marcha
Un grupo de personas con discapacidad no pudo ingresar al acto realizado en Palacio pese a que estaban invitados. Con el bono se beneficiarán 46.000 personas.
El presidente Morales promulgó la ley que beneficia a discapacitados. Foto:ABIPágina Siete / Verónica Zapana S. / La PazEl presidente Evo Morales reveló ayer que cargó a los gobiernos municipales el pago del bono de las personas con discapacidad porque supuestamente apoyaron la marcha que este sector protagonizó en 2016, por el incremento de su Renta Solidaria de 1.000 bolivianos.»Como las alcaldías estaban pagando ilegalmente para hacer conflicto al Evo, al Gobierno, al proceso (de cambio), he decidido que paguen legalmente las alcaldías a los hermanos con discapacidad. Gobierno y Alcaldía ahora paguemos juntos a todos los hermanos con discapacidad. Ahí está (la) ley ahora”, afirmó ayer el mandatario en la promulgación de la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica.Explicó que el Ministerio de Gobierno «radarizado” (en alusión a Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales) es el que observa y controla todo; por eso, el Gobierno está «bien informado” de lo que pasó en 2016, cuando una marcha de personas con discapacidad marchó desde Cochabamba a La Paz demandando un incremento de la Renta Solidaria de 1.000 a 6.000 bolivianos anuales.Morales relató que algunos alcaldes se quejaron con él porque cumplieron con dar trabajo a discapacitados en sus regiones como demanda la ley, pero esos funcionarios habrían abandonado sus fuentes laborales y se sumaron a la marcha en contra del Gobierno central, que en La Paz puso un cerco metálico en plaza Murillo para evitar el ingreso de los interpelantes y reprimió violentamente las protestas.Morales dijo que las personas con discapacidad saben que su trabajo está garantizado, por eso hay algunos «muy pocos” que no cumplen con sus obligaciones.La ley establece que desde enero de 2018 las alcaldías deberán pagar un bono mensual de 250 bolivianos a las personas con discapacidad y esta población o sus familiares, hasta segundo grado, podrán acceder a una fuente laboral. Mientras se desarrollaba el acto, en los pasillos de Palacio un grupo de discapacitados reclamaba porque fue impedido de ingresar.»Para qué nos invitan”, cuestionó la representante de las personas con discapacidad de Llallagua, Potosí, quien se abstuvo de dar su nombre. La mujer aseguró que llegó de esa región a las cinco de la madrugada y que esperó en la puerta de Palacio para poder ingresar al acto, pero no lo hizo.»Dice que no estamos en la lista de invitados. Qué mal, no tienen consideración hacia nosotros”, reclamó la mujer.Otro grupo de personas con discapacidad protestaba por ingresar. «No nos dejan entrar. Claro, no les conviene que ahí dentro gritemos que gracias a la gran marcha de 2016 hemos conseguido este bono”, dijo con molestia otro representante.Hinojosa: 40.000 discapacitados tendrán trabajoEl Ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, explicó que según los cálculos que hizo el Gobierno de los más de 46.000 personas con discapacidad grave y muy grave, 40.000 accederían a la inserción laboral y unas 6.000 al bono municipal.»Se ha proyectado a un número de beneficiarios 46.000 personas que tienen discapacidad grave y muy grave, de ellas 40.000 estarán insertados laboralmente y unas 6.000 personas accederían el bono mensual”, informó la autoridad gubernamental.De acuerdo con la ley, las empresas estatales deben incorporar dentro de su personal a personas con discapacidad y deben alcanzar al 4% de su planilla y las empresas privadas deben tener un 2% de su personal.Hinojosa explicó que el Ministerio tiene 90 días para elaborar el reglamento de la ley que incluirá los requisitos para acceder a este beneficio y las sanciones,El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Javier Bellot, dijo: «Nosotros haremos lo que nos corresponde hacer y esperamos lo propio de nuestras autoridades”, al pedir mayor seguridad jurídica y que no haya «sorpresas” a la hora de dictar el incremento salarial, informó ANF.Por su parte, el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, aclaró que su despacho también trabajará en un plan para capacitar a esta población de acuerdo con la demanda de los oficios que requieran.
