Con un proyecto de ley se prevé modificar las normas de Servicios Financieros, el Código Tributario y el Código de Comercio. La UIF cobrará protagonismo y tendrá facultades de acceso a la información financiera. Las offshore serán reglamentadas
Hoy, desde mediodía, los nueve legisladores de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá sesionarán para aprobar el anteproyecto de ley que prevé flexibilizar el secreto bancario y darle mayores atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Pero también realizar recomendaciones a la Asamblea sobre los casos que investigaron.
El diputado Víctor Gutiérrez, miembro de la comisión, informó que en los casos de Samuel Doria Medina, empresario y jefe de UN, y de la familia de Marinkovic no serán llevadas a la justicia ordinaria, pero sí serán derivados al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para que sea esta instancia la encargada de completar la investigación que ellos empezaron.
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“La confidencialidad (secreto bancario) se eliminará de manera real y efectiva porque hasta ahora la Ley de Servicios Financieros habla de levantar la misma pero dentro de un proceso judicial, eso es contradictorio porque para llegar a un proceso es moroso y no se puede generar investigación, eso es un chaleco de fuerza para luchar contra los paraísos fiscales, entonces eso se eliminará y ahora a solicitud de la UIF, el sistema bancario y las autoridades de intermediación financiera deben informar sobre el movimiento bancario de empresas o ciudadanos que sean objeto de investigación”, reveló ayer el legislador en un contacto telefónico con EL DEBER.
El artículo 473 de la Ley de Servicios Financieros señala los requisitos para el levantamiento del secreto bancario y el inciso ‘e’ dice que se levantará la confidencialidad cuando lo requiera la UIF en el ámbito de su competencia. Esta entidad podrá pedir información a todos los bancos.
Por su parte, Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió a la comisión “no satanizar” a las empresas offshore, que actualmente operan en más de 20 países en el mundo de manera legal. Recomendó al legislativo que cualquier norma que vaya a prevenir el delito debe estar enmarcada en la ley.
Los legisladores creen que puede haber al menos cuatro delitos en los seis casos de empresarios o grupos privados que revisaron. Sin desvelar los nombres, la comisión señaló que hay posibles delitos de legitimación de ganancias ilícitas, estelionato, organización criminal y asociación delictuosa.Sobre los MarinkovicEl diputado Gutiérrez adelantó que los casos de la familia Marinkovic, a la que le identificaron 15 cuentas de empresas offshore (firmas registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica y que por lo general son paraísos fiscales), y de la familia Doria Medina serán derivadas al Servicio de Impuesto Nacionales, que deberá investigar los indicios que colectó la comisión.
Salvo en el caso de Doria Medina, los demás fueron señalados por la creación de empresas offshore en Panamá por el estudio jurídico Mossack Fonseca a través de estudios jurídicos en Bolivia.EL DEBER intentó comunicarse con los representantes de la familia Marinkovic, tanto en Santa Cruz, como en La Paz, pero no contestaron sus teléfonos. Los asistentes del Edgar Seifert, que es su abogado en La Paz, dijeron que el jurista podrá atender el lunes.LimitadosAhora, según Gutiérrez, las empresas offshore de origen boliviano serán reglamentadas y tendrán tuición de las leyes bolivianas y todo ese proceso estará en manos de las dos instituciones como el SIN y la UIF.Adelantó que el anteproyecto de ley plantea la modificación de “algunos artículos” del Código de Comercio y el Código Tributario para cumplir con la fiscalización de la venta de acciones o transacciones a través de estas empresas y luchar contra los paraísos fiscales.
Aquellas personas que constituyan empresas offshore deben declarar las mismas en el país, se inscribirán en un registro que será creado en Bolivia y será requisito para cualquier actividad de una empresa, caso contrario, la actividad con empresas fuera del país será considerada un delito y para eso, dijo, se establecerán las penas dentro el nuevo Código del Sistema Penal que está en consideración en Diputados.Hoy se leerá el informe final de la investigación que contiene 138 páginas y otras 30 del anteproyecto de ley. En el primer caso, realiza las recomendaciones para mejorar las instituciones y derivar los casos a las tres instancias; en el segundo caso se plantea más facultades para la UIF, principalmente.
Fuente: eldeber.com.bo