En la Corte de Justicia de La Paz denuncian un aniquilamiento de este poder.
El Poder Ejecutivo acusa al Judicial de ser parte del cuoteo político y no haber luchado contra la corrupción. La oposición dice que es señal de confrontación.
Salame dimitirá si no cursan las designaciones.
• LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL • Las autoridades de la Corte Superior de Justicia de La Paz participan del acto de inauguración del Año Judicial. Fue ayer. El Ejecutivo no asistió.
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La Razón
El Gobierno volvió a atacar ayer a las autoridades del Poder Judicial acusándolas de tener vínculos con partidos tradicionales y de incurrir en acciones políticas. Paralelamente, la bancada del MAS, en Diputados, anunció la agilización de los juicios pendientes contra cinco de 11 supremos.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, fue el encargado de fijar ayer la posición del Ejecutivo y anunciar, en consecuencia, que el presidente Evo Morales no participará —como era tradicional— del acto de inauguración del Año Judicial, previsto para el 7 de enero en Sucre.
“Resulta, francamente imposible que el Presidente constitucional, abanderado de la nueva Constitución y el cambio pueda ocupar la misma mesa, la misma testera con magistrados cuestionados, con magistrados de la Suprema que han demostrado una posición política”, manifestó.
Las diferencias afloraron luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera que Morales no sería parte de los oradores del acto inaugural del Año Electoral. Un año antes, el Jefe de Estado, en este mismo acto los acusó de ser parte del cuoteo político y de estar vinculados a la corrupción.
Ayer, San Miguel relacionó al presidente de la Suprema, Eddy Fernández, y a otros magistrados, de los que no mencionó sus nombres, con “los gobiernos anteriores” y los acusó de haber “llegado a esos cargos fruto del cuoteo político-partidario”.
El año pasado, tras un acuerdo entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición en el Congreso se designó a los supremos Teófilo Tarquino, Ángel Irusta, José Luis Baptista y Hugo Suárez. Luis Vásquez, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, recordó que el MAS participó de la designación de otros cuatro supremos.
No obstante, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, insistió en que el poder Judicial fue “el que menos ha ayudado en la lucha contra la corrupción, el que más se ha sostenido sobre las bases de la vieja cultura política en Bolivia”.
A estas críticas se sumó el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, quien consideró que en la inauguración del Año Judicial las autoridades judiciales deben “explicar la corrupción y la retardación de justicia que existe”.
Coincidentemente, en la Comisión de Constitución de Diputados, manejada por el MAS, radican cuatro demandas de juicio de responsabilidades, una de ellas contra Fernández por retardación de justicia en casos del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del ex ministro de Salud Tonchy Marincovik, y del ex prefecto paceño Luis Alberto Valle.
Los supremos Hugo Suárez, Teófilo Tarquino, José Luis Baptista y Ángel Irusta, entre otros, también tienen juicios planteados por supuestos delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato.
El diputado y subjefe de la bancada del oficialismo en Diputados, Jorge Silva, informó que la próxima semana el Comité de Ministerio Público de la Comisión de Constitución debe entregar un informe respecto a los juicios planteados.
Los informes, ya sea de acusación o sobreseimiento, deben ser considerados en la Comisión y, luego pasar al pleno camaral. De aprobarse un informe de acusación, los acusados “cesan inmediatamente en sus funciones”, anunció Silva.
En una de sus últimas actuaciones, la Comisión, sin presencia de la oposición definió la suspensión del Contralor de la República, Osvaldo Gutiérrez.
Ante este panorama, el senador Vásquez anticipa que éste “será un año de confrontación” que, en el corto plazo hace prever la falta de consensos para avanzar en las designaciones de autoridades en el Tribunal Constitucional, Suprema y la Fiscalía General de la República.
Desde Sucre, Fernández lamentó la decisión de Morales de no asistir al acto del miércoles en la medida que, expresó, “no sólo sería un desaire al Poder Judicial, sino un desaire al pueblo boliviano que espera ver ahí, en esa oportunidad, si ese artículo 2 de la CPE referida a la coordinación de poderes funciona”.
Otro precedente de la compleja relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial se remonta a diciembre pasado, cuando una Cumbre del Poder Judicial en Trinidad se pronunció en contra del proyecto de texto constitucional que irá a consulta el 25 de enero.
Ayer el presidente de la Corte Superior de Justicia de Oruro, Zenobio Calizaya, aseguró que el Poder Judicial fue víctima de constantes e injustificados ataques de parte de Morales, que los obligó a emitir posiciones de defensa. Su similar de La Paz, Dora Villarroel, denunció que se busca aniquilar a la justicia, según un reporte de ATB. “A muy corto plazo no existirá la superior jerarquía del poder judicial en Bolivia, creándose un vacío institucional”, sostuvo la autoridad.
“No sólo sería un desaire al Poder Judicial, sino al pueblo boliviano que espera ver ahí la coordinación de poderes”.
Eddy Fernández Pte. de la Corte Suprema.
Salame dimitirá si no cursan las designaciones
TRIBUNAL
La única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, afirmó que renunciará a su cargo si es que el Congreso no elige este mes a las autoridades del Poder Judicial, puesto que, en el caso de que se apruebe el proyecto de Constitución, los actuales parlamentarios perderán la facultad de nombrar, ya que el nuevo texto señala que los ministros, consejeros y magistrados deben ser elegidos por voto popular.
“Si en esta legislatura no sale una designación, hemos perdido la posibilidad de hacer las designaciones hasta el 2010 ó 2011”, afirmó Salame e indicó que su presencia en el Tribunal no serviría de nada. “El Congreso si bien va a continuar en funciones hasta que se proceda a un nueva elección, ya no tendría la facultad de elegir, porque ese proyecto de CPE dice que la forma de elección es por voto popular”.
El presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, pidió al Poder Legislativo y Ejecutivo, que cumplan con su responsabilidad y completen las acefalías en el Poder Judicial. Redacción Sucre