Hernan Cabrera
No hay excusas. Ni argumentos para defender una abierta violación a los derechos de una víctima. Son tan responsables el fiscal, juez o jueza, los de la Defensoría de la Niñez de La Guardia, el Policía y los medios de comunicación. Otra vez se repite los errores muy graves en un proceso judicial de feminicidio: mostrar al niño, revictimizarlo, que vuelva a ser testigo de un atroz delito. Las leyes se las pasaron por donde se les dio en gana. Hace algunos meses en Santa Cruz, la Defensoría de la Niñez del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, sentó a una niña frente a su violador. Y el juez permitió, el fiscal que dicen es defensor de la sociedad, no dijo nada, y los medios denunciaron el hecho.
Cuando se dan casos reiterados es que definitivamente las leyes no sirven y no se cumplen; o es que el personal que se desenvuelve en estas instancias son incapaces, mediocres y neófitos. Para desempeñarse en estas instancias que trabajan con niños, niñas, adolescentes y mujeres, básicamente se requiere que sean éticos, con un alto sentido de compromiso social y conocedores de las leyes sobre derechos humanos, que son varias y que están hechas para el cumplimiento y la protección de estas poblaciones: Constitución Política, Código de Niño, Niña y Adolescente, Ley contra la Discriminación, Ley contra la Violencia hacia la Mujer, Ley contra la Trata y Tráfico de Personas, Ley del Sistema integral de Seguridad Ciudadana, Código Penal, y muchas otras. Ese es su oficio, no es ser carpintero, carnicero, arquitecto, ingeniero. Su trabajo es velar, proteger, exigir y hacer justicia. Ser soldados de los derechos humanos, y no se admiten errores ni complicidades en la lucha por los derechos humanos.
Volviendo al caso del municipio de La Guardia, donde las propias funcionarias de la Defensoría de la Niñez, mostraron al niño testigo de un cruel asesinato, y frente a ellos un ejército de cámaras de televisión y periodistas. La nota de El Día señala que el director de la FELCC, les dijo a los medios que no filmen al niño. Se equivocó señor policía, usted tendría que haber ordenado que nadie entre a la audiencia, así lo establece el Código de Niño, Niña y Adolescente: cuando hay menores de edad, la audiencia es reservada. A este jefe policial deben caerle severas responsabilidades. En la misma nota de El Día se muestra al niño de perfil, que es casi reconocido en las faldas de una funcionaria de la Defensoría de la Niñez, también se cometió una grave falta de parte de ese medio y de cualquier otro que haya realizado la cobertura noticiosa. El Código de NNA señala claramente: se debe preservar la identidad, el nombre, la dignidad de todo niño y niña en situación como éstas.
Y sin duda los operadores de justicia, tanto el fiscal y juez, y la Defensoría de La Guardia cometieron delitos al vulnerar los preceptos legales de los derechos de ese niño, y permitir que sea mostrado y que participe de esa audiencia. El Consejo de la Magistratura debe asumir una actitud más responsable y castigar severamente a estos ciudadanos. No vengan con pretextos de que la prensa presionó y que las declaraciones del niño eran fundamentales.
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Lo que ha pasado es demasiado grave y genera precedentes, de que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas que hayan sido víctimas de violaciones, maltratos o testigos de algún hecho delictivo. Que este caso que se registró no quede en simples pedidos de informes o llamadas de atención, de una vez por todas, se deben encarar acciones claras y contundentes, si existe una verdadera voluntad política y actitud de protección hacia las víctimas, en este caso, de niños, niñas y adolescentes.