En Chapare, Evo Morales es como un dios. Pelea por padrón para frenar desvío de coca. Sin Usaid todo es más burocrático, admiten los cocaleros. Los productores ahora están obligados a entregar la coca a los mercados primarios y a Sacaba. La nueva generación de dirigentes cocaleros.
Vacío. Así lucía el mercado primario de la coca de Shinahota, el miércoles por la tarde. El Presidente exige que toda la producción se canalice a través de estos galpones
Pablo Ortiz. Chapare, El Deber
Reprimenda de Evo hace revisar todo el sistema
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Medidas. Los productores ahora están obligados a entregar la coca a los mercados primarios y a Sacaba
En Chapare, Evo Morales es como un dios. Su imagen es omnipresente y tiene la capacidad de transmutarse en sol para aparecer junto al Che Guevara en el coliseo de Villa Tunari. Su palabra es dogma y es por ello que la fuerte reprimenda que lanzó a los cocaleros en el congreso de las Seis Federaciones en Lauca Ñ, el 16 y 17 de octubre, caló hondo. Ahora, los dirigentes buscan la forma de controlar a sus afiliados para que la producción de coca no se desvíe al narcotráfico y han instruido que todos los productores deben sacar las cargas de coca a los mercados primarios.
La cumbia Al fondo hay sitio retumba en el televisor del mercado de la coca de Shinahota. En una mesita, Rosendo Alave espera a que sus compañeros entreguen su carga de hojas y cumplan con la voluntad de Morales. Por cada entrada de producto, Rosendo da un recibo en el que se anota el nombre del agricultor, los paquetes de coca (bolsas de 50 libras) y el sindicato al que pertenece. Por cada salida de coca, Rosendo anota el nombre del detallista y la cantidad de coca que retira.
Este control debería servir para que en el mercado legal de Sacaba, donde se comercializa toda la coca de Chapare, se lleve un registro cruzado de la coca.
Rosendo explica que la coca también se vende del productor al consumidor. Los cocaleros tienen ‘detallistas’ que llegan hasta los chacos a comprar coca para llevarla directamente a los mercados provinciales, principalmente ubicados en provincias no productoras de Cochabamba, Oruro y Potosí. Para este tipo de venta, los agricultores elaboran boletas que deben ser entregadas al sindicato para que se realice el control.
De esta coca, nadie conoce el destino real. Consultado sobre la cantidad que se comercializa de esta manera, Rosendo calcula que es la mitad de la producción, aunque no tiene datos certeros.
A eso es a lo que Morales quiere ponerle fin. En el congreso de Lauca Ñ se quejó de que los mercados de la coca permanecen vacíos. El efecto de la reprimenda está aún por verse, pues pese a que el sol era propicio para secar las hojas del arbusto, los galpones de Shinahota y Chimoré permanecían vacíos.
Si la palabra de Evo es ley, el nuevo ‘evangelio’ de Chapare se llama control social. En esa frase se refugian los dirigentes cuando se les consulta cómo combaten el narcotráfico en sus sindicatos. “El control social somos todos los compañeros. Esto es un trabajo que hacemos para lograr la despenalización y eso implica sacrificios. El cato de coca no alcanza para el sustento, peor cuando la familia es numerosa”, dice Elena Martínez, encargada de la oficina de Apoyo al Control Social, de Ivirgarzama.
Cada cosecha del cato da entre dos y cinco paquetes de coca, dependiendo de la zona y del clima. Eso implica una ganancia de entre Bs 1.600 y Bs 4.000 cada tres meses.
“El cato de coca es como un bono por toda nuestra lucha, pero no alcanza para vivir”, secunda Teófilo Reyes, secretario agropecuario de la central Ivirgarzama. Lamenta que siempre, en cada sindicato, haya una ‘oveja negra’ que hace quedar mal a todos los cocaleros y asegura que no quieren cometer más errores. “Queremos que se respete la coca en su estado natural, así como está. Si la coca estuviera despenalizada, haríamos un producto igual a Herbalife y tendríamos un comercio (a escala) mundial”, agrega.
‘Oveja negra’ puede ser un eufemismo de cocalero trabajando en parques nacionales. Los miembros de las federaciones Chimoré y Carrasco se quejan de que a ellos los presionan sobre la gente que tiene sembradíos ilegales en el parque Carrasco, pero no se ejerce la misma presión sobre la Federación Trópico, que colinda con el Isiboro Sécure, donde incluso hay sindicatos cocaleros, pese a que están en asentamientos ilegales. También protestan contra la gente que compra parcelas en el Territorio Indígena Yuracaré, porque también es ilegal, más allá de que los indígenas (nómadas y recolectores) no trabajen su tierra.
Entre los dirigentes de Chapare hay un orgullo de veteranos de guerra. Eliseo Zeballos tiene 40 años y vivió para ver cómo su padre y sus hermanas cambiaron Chapare por La Guardia, porque en un momento se volvió inhabitable. “Aquí hubo una guerra no declarada. Hemos perdido 119 vidas, tenemos 513 heridos por armas de fuego y se detuvo y torturó a 4.134 personas. A eso hemos sobrevivido, por eso ahora tenemos el cato y nadie está autorizado a sembrar más de 40 por 40 metros”, cuenta Zeballos, recordando los años de lucha contra la erradicación forzosa y la pelea que se extendió entre 1988 y 2005.
Hoy, ser dirigente no es tan peligroso como en esas épocas. José Delgado, secretario de relaciones de la Federación Centrales Unidas, recuerda que cuando Gonzalo Sánchez de Lozada estaba en el poder, nadie quería ser dirigente. “Los militares entraban a tu casa y sin autorización te comenzaban a pegar. Todos estábamos bien recomendados de no identificar a los dirigentes. Pero algunos compañeros torturados soltaban los nombres y esos dirigentes éramos procesados”, recuerda.
Es por eso que Evo es idolatrado en Chapare y es un espejo para la nueva dirigencia que asumió la dirección en julio pasado. “Él nos hizo respetar como campesinos”, dice Teodosio Montes, secretario general de Ivirgarzama. “Él para nosotros es como un padre. En cada reunión nos retea, nos corrige como padre y nosotros tenemos que cuidar su imagen. Es la única manera para que sigamos adelante sin hacerlo quedar mal. No puede ser que por culpa nuestra quede mal”, añade Teodosio, con ahínco de hijo.
Y para no quedar mal, en la central de Ivirgarzama están reforzando los controles. Están elaborando una carpeta por cada sindicato en la que los afiliados están obligados a presentar los comprobantes de la entrega de coca al mercado primario. Incluso, para tener un mejor control, los 2.500 cocaleros de la central analizan la posibilidad de reunir todos los catos de cada sindicato en un solo lote, para que así nadie produzca más de lo establecido y el destino de esa coca esté garantizado.
Teófilo Reyes dice que será un proyecto piloto que comenzará en un sindicato y si da resultados podrá ser aplicado primero en la central, luego en la federación y finalmente en todo Chapare.
“No podemos quedar mal. Aquí, el que siembra más coca no es por necesidad, sino por flojera. Si tiene necesidad, ¿por qué no trabaja con otros productos en todo su chaco? Es que es más fácil sembrar un cato y sentarse tres meses a esperar venderlo”, critica enojado.
Ahora, los nuevos dirigentes saben que tienen que ‘responder’ y vigilar de cerca a las ‘ovejas negras’ para evitar que sigan manchando el rebaño. Caso contrario, el ‘padre’ puede ser más severo.
Sin Usaid todo es más burocrático
Más allá del dogma, aún hay cocaleros que extrañan a la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés). No es un grito desesperado, pero es un susurro anónimo que recorre Chapare en tono de queja: nadie ha reemplazado a los gringos.
Los cocaleros consultados aseguran que Usaid hacía las cosas rápido, que si pedían caminos lo tenían en el año y si se quería montar una fábrica era más fácil con ellos que con los europeos, que siguen trabajando en la zona pero son más ‘lentos’ para canalizar los proyectos.
Usaid fue expulsada de Chapare por los mismos cocaleros en 2008, luego de que el Gobierno de Evo Morales acusara a la agencia de financiar opositores y al entonces embajador de EEUU, Philip Goldberg, de ser parte de lo que el Ejecutivo llamó ‘golpe cívico prefectural’, protestas de las regiones opositoras que derivaron en la toma de instituciones y en la violencia callejera. Los que ahora se sienten afectados comentan que ya nadie capacita a los productores como lo hacía la agencia estadounidense y que incluso los cocaleros son renuentes a recibir capacitación de sus compañeros formados por Usaid.
La realidad de Chapare es desigual y la dependencia de la coca se basa en los productos alternativos que se siembren. Los Bs 900 que se paga por cada libra de coca no son fáciles de reemplazar y sólo los que producen banano y palmito logran cubrir sus cuentas. Los productores de cítricos reclaman plantas procesadoras para no perder su producción, ya que en épocas de cosecha lo que les pagan por la fruta apenas alcanza para pagar a los recolectores. Por eso, la legalización de la coca sigue siendo su mayor esperanza y el paraíso soñado.
Los nuevos dirigentes
Teófilo reyes | Central Ivirgarzama
Tiene 33 años y comenzó como dirigente del sindicato 25 de Julio cuando tenía 19 años. Empezó a ir a las reuniones en reemplazo de su padre y ahora es el encargado de agropecuaria de una de las centrales más grandes de Chapare. Considera que el cultivo del banano es un buen sustituto de la coca y que la pacificación de la zona ha traído buenas oportunidades de negocio. Como ahora no hay bloqueos, les pagan $us 3 por cada caja de plátanos que exportan a Argentina.
Eliseo Zeballos | Central Yungas Chapare
Tiene 40 años y está en medio de las generaciones de Evo Morales y los dirigentes jóvenes. Tiene más de 20 años en la dirigencia sindical y está curtido en las jornadas más duras de Chapare. Como secretario general de la Federación Yungas Chapare, se queja de la imagen que conservan los cocaleros ligada con el narcotráfico. Asegura que Chapare ya cambió, que nadie tiene cinco o diez hectáreas de coca como antes y que el cocalero que se meta con ese negocio será expulsado.
Hipólito Vera | Central paractito
Es uno de los dirigentes más jóvenes de Chapare. A sus 22 años y con cuatro de experiencia dirigencial, se perfila como uno de los futuros conductores del trópico. Entró a la dirigencia de su sindicato cuando su padre no pudo seguir manteniéndolo en el colegio. La falta de caminos a su zona impedía que puedan sacar sus productos. Su primer logro sindical fue construir ese camino, con una fuerte presión sobre el alcalde. Ahora ha retomado los estudios y saldrá bachiller en 2011.
José delgado | Centrales unidas
Fue dirigente de su central cuando nadie quería serlo, cuando los militares y policías entraban en las sendas a cazar dirigentes y cuando encabezar un sindicato o una central era sinónimo de ser procesado por la 1008. Ahora, con 37 años, es el tercer hombre de la federación Centrales Unidas. Tiene 16 años de experiencia dirigencial y asegura que no es fácil. “Uno tiene que dejar a la familia. Hay que andar y trabajar por la federación y servir a los afiliados”, contó.
Elena Martínez | Federación Carrasco
Tiene 30 años y trabaja como coordinadora de Apoyo al Control Social de la federación Carrasco. Elena es la guía de sus compañeros cocaleros cuando quieren vender su parcela, trasladar o renovar su cato de coca. Asegura que en Chapare hay paridad de dirigentes entre hombres y mujeres y que todos pelearon en su momento por hacer respetar la coca. Ella estaba en colegio aún cuando los bloqueos arreciaban, pero igual llevaba el tapeque a su padre y participaba de las vigilias.
Rosendo alave | Mercado de la coca
Rosendo tiene un rostro asimétrico producto de la lucha por la coca y una experiencia sindical que se deja sentir en cada una de sus palabras. Tiene 40 años, nació en la provincia Bolívar, pero su hogar es Chapare. Aquí crece todo, allá, en su tierra natal, no hay vida, asegura. “En el tiempo del Goni, vivir el Chapare era jodido, pero Dios ha querido que se respete la coca, que ahora esté constitucionalizada. Antes, los militares nos pegaban y nos trataban de todo. Ahora, coordinamos”, cuenta.
Pelea por padrón para frenar desvío de coca
Control. Unos 15 heridos causó un enfrentamiento en una zona rural de La Paz entre los cocaleros que respaldan y los que rechazan aplicar el control biométrico para evitar que la hoja vaya al narcotráfico
Registro. Un técnico de la Udestro ubica en un mapa el cato de coca de uno de los productores afiliados a la Federación Especial de Cocaleros de Yungas Chapare
Pablo Ortiz. Chapare, El Deber
El coliseo del pueblo de Paractito está repleto de cocaleros. La mitad vino a registrarse en el nuevo padrón biométrico y el resto está preparando el lugar para albergar la feria de la coca, en la que el trópico cochabambino muestra todo lo lícito que se puede hacer con la hoja, desde jarabe hasta tortas, pasando por aderezo para comidas.
Hasta aquí llegó Jaime Fuentes, supervisor del programa de registro biométrico de los cocaleros de Chapare, dependiente de la Unidad de Desa-rrollo Económico y Social del Trópico (Udestro), que esta vez no se preparan para votar por Evo Morales, sino para controlar que la coca no se desvíe al narcotráfico.
El nuevo programa del Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral trata de evitar lo que el Presidente del Estado y de las Seis Federaciones Especiales de Productores de Hoja de Coca, Evo Morales, denunció el pasado fin de semana en Lauca Ñ: hay cocaleros que desvían la ‘hoja sagrada’ hacia el narcotráfico.
Según explica Fuentes, el padrón pretende crear un mecanismo confiable de identificación de los cocaleros. El documento, además de registrar las características biométricas del afiliado a las seis federaciones, guarda la localización por coordenadas del cato de coca que posee y tratará de evitar que haya más de 7.000 hectáreas de sembradíos de este arbusto en Chapare.
Eliseo Zeballos, secretario general de la Federación Yungas-Chapare, explica que, además, esto acabará con la práctica de algunos malos dirigentes que otorgaban carné de afiliación a las seis federaciones a gente que no era productora y que eso se prestaba para cometer actos ilícitos.
Para anotarse en el nuevo registro, los productores necesitan su carné de identidad, certificación de que poseen un cato (superficie equivalente a 0,16 de una hectárea) emitida por Udestro y su sindicato.
“Esto nos permitirá saber exactamente cuántos productores somos. El otro día escuché decir a un compañero campesino que hay 200.000 productores en Chapare, con 200.000 hectáreas, pero deben estar en el cielo, porque aquí no llegamos a 50.000. Este carné garantizará que es productor de coca, que trabaja como agricultor”, dijo Zeballos.
Fuentes señaló que actualmente trabajan con nueve máquinas que les permiten registrar entre 350 y 450 personas por día, por lo que el trabajo demandará unos cuatro meses. Una vez terminada la recolección de datos, se cruzará la información con el registro de Udestro (que anota a todos los productores de coca) y luego se analizará cómo usar esta base de datos para detener el desvío de la coca en retenes policiales.
El 16 de octubre, el presidente Morales reconoció un secreto a voces: no toda la coca de Chapare no ingresa a los mercados legales.
Ya lo había dicho la Organización de las Naciones Unidas contra el Delito en junio, cuando certificó que el 90% de la producción de Chapare no se comercializaba por los conductos legales. Por ello, Morales instruyó que cualquier cocalero que sea encontrado en actividades ilícitas previstas en la Ley 1008 sea expulsado de la comunidad y procesado.
En la resolución también se prohíbe duplicar los catos dentro de una misma parcela y por ello se estableció que la lista que vale es la de 2004, cuando el Gobierno de Carlos Mesa reconoció a los cocaleros de Chapare el derecho a tener un cato por familia. En ese momento, se ‘legalizaron’ 3.200 hectáreas, que en 2006 fueron incrementadas por Morales hasta las 7.000, para beneficiar no sólo a la familia sino a cada afiliado al sindicato.
Sin embargo, a esto se suman más de 2.000 hectáreas que se cultivan en los parques nacionales Isiboro Sécure y Carrasco que son consideradas ilegales y se desconoce su destino, valuada en más de $us 25 millones anuales en el mercado legal.
El registro provoca enfrentamientos
Al menos 15 personas resultaron heridas ayer por la mañana en el municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, tras violentos enfrentamientos entre cocaleros que respaldan la carnetización biométrica y aquéllos que rechazan la iniciativa.
El hecho se suscitó aproximadamente a las 9:00, cuando los productores de coca del sector de Yaliguara, armados con piedras, palos y otros objetos, se trasladaron hasta la altura del surtidor, al ingreso en la población de Apolo, para enfrentarse con el grupo de cocaleros que bloqueaba la salida de la carretera que vincula con la ciudad de La Paz desde esta madrugada.
“Ellos han sobrepasado todo lo que teníamos bloqueado porque estaban preparados, así llegaron acá (al lugar del bloqueo) los compañeros ‘biometrizados’ y llovieron piedras y otros objetos sobre nosotros”, narró a radio Franz Tamayo de la Red Erbol uno de los cocaleros afectados.
El sector cocalero en Apolo se encuentra dividido en dos bloques, uno dirigido por Vicente Mamani, que apoya el carné biométrico para los productores de coca, y el otro, dirigido por Benedicto García, que se opone a la medida con el argumento de que no se trata de una zona de colonización, sino un sector tradicional del cultivo de la hoja de coca. “De acceder a la petición se estaría autorizando la erradicación de la hoja de coca en la zona”, aseveró el dirigente./Erbol
En cifras
– En la región de Chapare existen 9.700 hectáreas de coca. 2.053 están en los parques Isiboro Sécure y Carrasco, según la ONU. En todo el país hay 30.900 hectáreas.
– El negocio de la coca en su estado natural produce $us 265 millones al año, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto.
– Sólo $us 94 millones son obtenidos a través de los mercados autorizados de La Paz y Sacaba, mientras que 171 millones se venden en los mercados no autorizados.
– La mayor parte de la coca que no pasa por los centros autorizados proviene de Chapare, que envía sólo 1.804 toneladas de hoja seca de las 26.811 que produce. Yungas, en cambio, canaliza a través de estos centros 17.656 toneladas de las 27.797 que genera.
– Sobreoferta. Bajo estos parámetros, la ONU concluye que para abastecer al mercado nacional bastan 13.903 hectáreas de coca, (13.249 de Yungas y 654 de Chapare). Eso quiere decir que no se canalizó por las vías autorizadas la producción de 16.997 hectáreas.