Editorial, El Nuevo Día.
El Poder Ejecutivo resolvió por la vía rápida el cambio del Alto Mando Militar, sin respetar las normas que rigen el ascenso de los jefes castrenses en el país. Un decreto esquivó el trámite que debe pasar por el Congreso. Con este procedimiento “accidental”, el Gobierno se asegura una elección unilateral de los comandantes con el objetivo, obviamente, de buscar en los regimientos, aquellos uniformados que demuestren mayor funcionalidad con las políticas oficialistas, como ha sucedido en forma abierta e indisimulada con los últimos jefes.
Este nombramiento ocurre una semana después del cambio de facto del contralor general de la República, Osvaldo Gutiérrez, el único de los cargos institucionalizados que aún permanecía en la estructura estatal. De esta manera se ha completado el vaciamiento casi absoluto de las superintendencias, las organizaciones autárquicas y el Poder Judicial, donde existen numerosas acefalías y responsables designados a dedo.
Además de la Contraloría, los interinatos se repiten también en la Fiscalía General de la República, mientras que en la Corte Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia existen por lo menos seis acefalías. El caso más patético es el del Tribunal Constitucional, organismo que se ha paralizado por la ausencia de nueve magistrados. El número de procesos por resolver es descomunal y ante la ausencia de un adecuado trabajo de control y fiscalización, el MAS se encuentra en plena libertad de atropellar las normas y violentar el estado de derecho, como sucedió con la desobediencia descarada de una orden judicial de la Corte Suprema.
En las 16 superintendencias todos los titulares son interinos y la mayoría de ellos juró al cargo con el puño izquierdo levantado. Con esto, las funciones de control y regulación de los servicios públicos han quedado reducidas a una caricatura, como ocurre con el sector de hidrocarburos, donde la escasez de combustibles tiene orígenes misteriosos o con la Superintendencia de Bancos, que decide huir del escándalo de una cooperativa, cuyas irregularidades salpican al Gobierno. La situación más comprometida la asumió la Superintendencia de Telecomunicaciones, cuando intentó sumarse a la guerra del MAS contra los medios de comunicación independientes.
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Por último, están las entidades públicas autárquicas, que luego de grandes esfuerzos por alejarlas de la politiquería, han vuelto a convertirse en agencias del empleo del partido de Gobierno. Se trata de ocho instituciones como YPFB, la Aduana, Impuestos Nacionales, Aeronáutica Civil, la Comibol, la Empresa Siderúrgica Mutún, la Administradora Boliviana de Carreteras y el Banco Central de Bolivia (BCB). En este último caso, se corre el riesgo de afectar la salud financiera del país, cuando por la vía de la nueva constitución, se elimine por completo la independencia y el BCB sea reducido a una repartición más del Poder Ejecutivo.
En las 16 superintendencias todos los titulares son interinos y la mayoría de ellos juró al cargo con el puño izquierdo levantado. Las funciones de control y regulación de los servicios públicos han quedado reducidas a una caricatura, como ocurre con el sector de hidrocarburos.