Gracias a una combinación de crecimiento económico y políticas sociales focalizadas, casi todos los países de la región se volvieron menos inequitativos. Sin embargo, algunos de los gobiernos que parecían más redistributivos apenas redujeron la pobreza, y consiguieron mejoras que carecen de sustento a largo plazo
Existen muchas formas de desigualdad en el mundo. Económica, educativa, social y geográfica son algunas de ellas. Considerando la primera, que es la más evidente, se pueden identificar también distintos tipos, con diferentes maneras de medirla. La desigualdad que más claramente bajó en los 2000 en América Latina es la de ingresos.
«El boom de los commodities proveyó a los países de recursos. A través de una mayor recaudación, permitió la implementación de diversas políticas sociales, que transfirieron fondos focalizadamente a los dos deciles más pobres», dijo a Infobae la economista Marcela Perticará, profesora de la Universidad Alberto Hurtado, de Chile.
La manera más sencilla de estimar la desigualdad es ver cómo se reparte entre los distintos estratos sociales el total de la renta que genera un país al año. Promediando a todas las naciones de la región, en 1999 el 10% más pobre de la población (lo que se conoce como primer decil) se llevaba sólo el 1.1% del total de la renta. En cambio, el 10% más rico (último decil) se quedaba con el 41.3%, es decir, 37.5 veces más, según datos del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), con sede en la Universidad de La Plata, Argentina.
En 2015 el primer decil pasó a concentrar el 1.6% de los ingresos, contra un 35.9% del último decil. Eso significa que la relación descendió de 37.5 veces a 22.4. La brecha sigue siendo abismal, pero las distancias se acortaron.
«La caída de la desigualdad en los ingresos familiares durante los años 2000 fue un fenómeno regional. En parte, estuvo relacionada con una mejor redistribución de las ganancias a través de los impuestos. Pero, sobre todo, se dio a partir de los gastos del Estado. En muchos países las transferencias condicionadas de renta y las pensiones no contributivas ayudaron a que hubiera una distribución más igualitaria», explicó Julián Messina, economista senior de la oficina del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, consultado por Infobae.
En una investigación reciente realizada junto a su colega Joana Silva, Messina encontró un factor aún más determinante en la baja de la inequidad: un reparto más equilibrado de los ingresos laborales. Una política activa en la fijación de salarios mínimos fue una de las claves.
Francisco H.G. Ferreira, asesor senior del Grupo de Investigaciones del Desarrollo del Banco Mundial, enumeró en diálogo con Infobae las cuatro causas principales de la mejora. Las primeras tres permitieron una reducción en la desigualdad de los ingresos: un aumento del nivel educativo, que posibilitó que haya mayor oferta de trabajadores calificados; una reducción de la diferencia entre trabajadores experimentados y jóvenes; y cambios institucionales, como controles para que crezca el empleo formal.
La cuarta razón fue un aumento de los programas de transferencia de fondos, que mejoraron los ingresos no laborales. «Bolsa Familia», en Brasil; «Juntos», en Perú; «Prospera», en México; «Chile Solidario», en Chile; y «Asignación Universal por Hijo», en Argentina, son algunos ejemplos.
El ranking de la distribución del ingreso en América Latina
Bolivia es el país que más redujo la desigualdad en el período. De ser largamente más inequitativo, con una diferencia de 149.2 veces entre el 10% más pobre y el 10% más rico, la relación pasó a ser de 29.3 veces, un 80% menos.
Logró superar a Honduras y a Brasil, los dos más desiguales de América Latina, con brechas de 29.9 y 33 veces, respectivamente. A pesar todo el marketing que tuvieron los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, Brasil tuvo una de las disminuciones más modestas de la desigualdad: 34 por ciento.
Sólo superó a Uruguay y a Costa Rica, que mejoraron la distribución apenas un 16 y un 4 por ciento. Claro que con una importante salvedad: ambos eran a principios de siglo los dos más equitativos. Uruguay estaba primero y ahora está segundo. Costa Rica, en cambio, cayó del segundo al décimo puesto.
Después de Bolivia, el que más redujo la distancia entre los deciles es Ecuador, de 63.2 veces a 22, un 65 por ciento. Ambos son representantes del giro a la izquierda latinoamericano. Uno, a partir de 2006, con la llegada de Evo Morales al poder. El otro, desde el año siguiente, con la asunción de Rafael Correa. Suena lógico que estos países sean los que más redujeron la desigualdad, porque es coherente con los discursos y propuestas de sus líderes.
No obstante, los datos muestran una realidad mucho más compleja. Por ejemplo, el país más igualitario de la región según las cifras más actualizadas es El Salvador. Es el tercero que más achicó la brecha, que pasó de 38 veces a 13.5, un 64% menos.
Desde el punto de vista político, es un caso mixto, porque se sumó a la ola izquierdista recién en 2009, con la llegada a la presidencia de Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La grieta en el reparto de la renta ya se venía reduciendo significativamente desde el gobierno conservador de Elías Antonio Saca, del partido ARENA.
La contradicción se aprecia más claramente al ver que en cuarto lugar quedó Perú, que experimentó en los 2000 una reducción del 60%, de 51.9 veces a 20.8. A diferencia de los otros tres países que más redujeron la desigualdad, no tuvo ningún gobierno que pueda considerarse de izquierda, ni siquiera en el plano discursivo. Ollanta Humala, el que estuvo más cerca, dejó la retórica de transformación al poco tiempo de asumir, en 2011.
El caso de Argentina parece confirmar la paradoja de que los gobiernos populistas y/o de izquierda no necesariamente distribuyen más la riqueza que los liberales. Al menos no en América Latina. A fines de los años 90, tras una década de reformas de mercado, Argentina era el tercer país con menor desigualdad, con una distancia de 27.9 veces entre el primero y el último decil.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner convirtieron a la inclusión social en una bandera y efectivamente lograron reducir la brecha a 16.4 veces. Pero el país se mantuvo en el tercer lugar del ranking de desigualdad, ya que se movió en línea con el promedio regional.
El propio Uruguay podría servir de ejemplo. Cuando Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, asumió su primera presidencia (2005 — 2010), el país ya encabezaba el ranking. Diez años después, siguió entre los más igualitarios, aunque por debajo de El Salvador.
Sería interesante ver lo que pasó con Venezuela, que fue el más radical en sus reformas. Pero no se puede. La Revolución Bolivariana arrasó con el sistema de estadísticas públicas, razón por la cual no hay información más allá de 2006.
Es cierto que entre 1999 y 2006 redujo la distancia entre los más pobres y los más ricos, que pasó de 25.3 a 18.5. Pero todo indica que la destrucción del aparato productivo, que llevó a la peor crisis económica y social de la historia venezolana, mostraría un repunte de la desigualdad, al menos a partir de 2012, cuando empezó a ser más palpable el deterioro.
Desigualdad y pobreza
La segunda paradoja es que un país puede ser mucho más igualitario que otro, pero aún así tener una pobreza ostensiblemente mayor. El Salvador es el mejor ejemplo. Si se utiliza un criterio objetivo para medir la pobreza, como el porcentaje de la población que gana menos de cuatro dólares por día, está entre los cuatro peores, con un 28.4 por ciento.
Brasil, en cambio, a pesar de ser el más inequitativo, tiene un 20.1 por ciento, y está por debajo de la media regional. Más notable es lo de Chile, que tiene sólo 7.9% de pobres. A pesar de la mala fama que tiene en cierto sector de la academia por ser el país en el cual el neoliberalismo se implantó con más fuerza, está lejos de ser el más desigual —sólo cinco naciones son más equitativas— y en pobreza está casi al nivel de Uruguay, que tiene apenas 6.8 por ciento. Son los únicos dos por debajo del 10 por ciento.
«Chile ha sido sistemático en el combate de la pobreza, a través de políticas focalizadas en los dos primeros quintiles (el 40% de menores ingresos) —dijo Perticará—. En cierta manera, ha sido pionero, con aciertos y desaciertos, en generar metodologías que han sido relativamente exitosas, con políticas públicas consistentes a través de los sucesivos gobiernos».
Hay otra forma de medir la pobreza, que es con un criterio relativo. La fórmula que utiliza el CEDLAS considera pobres a quienes ganan un 50% menos que la mediana de ingresos, que es la renta que percibe la persona que se encuentra exactamente en el medio de la distribución. Tiene sentido, porque alguien que está en el centro no debiera ser ni pobre ni rico. Por ende, se puede asumir que cualquiera que gane la mitad de ese monto está en una situación de cierta vulnerabilidad.
Es una forma de congeniar pobreza con desigualdad. Claro que puede llevar a distorsiones, especialmente cuando se trata de países muy pobres. En esos casos, los que están en el centro de la escalera distributiva pueden ser personas de muy bajos recursos, razón por la cual no van a ser muchos los que ganen un 50% menos que ellos.
Tomando este criterio, El Salvador sería el que tiene menos pobreza: un 14.5 por ciento. Segundo está Chile, con 16.7%, y luego vienen México (17.5%), República Dominicana (17.6%) y Ecuador (18.2%). Los países con mayor pobreza relativa serían Honduras (23.8%), Brasil (22.2%) y Colombia (22%).
El dato habla bien de Chile, ya que es el país más rico de América Latina, con un PIB per cápita de USD 23.507. Pero no parece muy alentador para El Salvador, que es uno de los más pobres, con sólo USD 9.257. Difícilmente quienes están en la mediana puedan gozar de una elevada calidad de vida.
Cómo reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida
«El crecimiento y la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar los indicadores sociales, la distribución del ingreso y la pobreza. Para traducir el crecimiento en progreso económico y social es necesario garantizar a todos los niños y jóvenes oportunidades de desarrollo. Nivelar la cancha es no solo tener políticas sociales para ayudar a la población más vulnerable, sino también generar las instituciones para que no haya grupos con privilegios desmedidos. Que haya competencia en mercados relevantes y, cuando esto no fuera posible, buenas regulaciones y un Estado presente. Y un sistema impositivo eficaz y justo, que sea progresivo, pero no desincentive el esfuerzo», dijo Perticará.
La revisión de las estadísticas latinoamericanas revela que un país igualitario es más justo y ofrece mejores condiciones de vida a su población sólo cuando genera una riqueza suficiente. Ver muchos recursos desigualmente distribuidos genera indignación, pero una distribución equitativa de la miseria no le sirve a nadie.
«En principio es posible reducir la desigualdad sin un sólido crecimiento económico, pero no la pobreza —dijo Ferreira—. Cuba hizo exactamente eso. Sin embargo, también es posible reducir la desigualdad sustantivamente y gozar de un rápido crecimiento. Los países escandinavos lo lograron durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo hicieron Corea del Sur y Taiwán. Pero, si la inequidad se reduce a través de políticas que distorsionan los incentivos para invertir y producir, como en Venezuela, se puede obtener una baja desigualdad sin ningún crecimiento. Así es poco probable reducir la pobreza».
La meta a alcanzar es un desarrollo económico que sea sustentable en el tiempo, con mecanismos que permitan repartir sus frutos de la forma más igualitaria posible. Eso requiere un delicado equilibrio entre libre mercado e intervención estatal.
«Mejoras en el acceso, pero sobre todo en la calidad de la educación a la que acceden los hijos de las familias con menos recursos es quizá el mejor vehículo para reducciones de la desigualdad en el mediano plazo», sostuvo Messina.
«Pero, como hemos visto en los 2000, el crecimiento rápido facilita las cosas. Genera oportunidades de empleo formal y bien remunerado no solo para los más cualificados, sino también para aquellos con menor nivel de habilidades. Y permite aumentos significativos del salario mínimo sin generar desempleo, lo que ayuda a una distribución del salario más equitativa. Por eso la agenda de reducción de la desigualdad ha ser una agenda de crecimiento inclusivo», concluyó.
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Fuente: infobae.com