Santa Cruz: Recelo. La autonomía indígena y el poder de los movimientos sociales generan desconfianza.
Una reflexión de El Deber sobre la propaganda desigual.
Paura Rodríguez Leytón |
Por lo menos 11 de 21 alcaldes de municipios cruceños que fueron consultados por EL DEBER sobre su intención de voto para el referéndum del domingo 25, aseguraron que sufragrán por el No al proyecto de Constitución Política del Estado. Apenas uno dijo que lo hará por el Sí, mientras otros cinco expresaron que todavía están analizando el texto. El resto, incluyendo algunos masistas, se abstuvieron de responder.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La intención de voto en rechazo al proyecto de Carta Magna se mantiene en los municipios donde el proceso autonómico se impuso por abrumadora mayoría en la consulta popular de julio de 2006, y en la del 4 de mayo del año pasado sobre el Estatuto Autonómico.
La concentración de poder en los movimientos sociales y la incorporación de los municipios indígenas son algunos de los aspectos que preocupan a los burgomaestres que rechazan el proyecto.
El alcalde Rosauro Flores, del municipio de San Rafael, consideró que el control social que establece el proyecto de Carta Magna es una preocupación general de la mayoría de los burgomaestres de los 56 ayuntamientos que existen en el departamento.
Por su parte, el alcalde de San Juan de Yapacaní, Katsumi Bany, explicó que el régimen autonómico incorporado a la Constitución es diferente al que fue aprobado en Santa Cruz y en los departamentos que forman parte de la denominada ‘media luna’.
Recordó que los gobiernos municipales fueron los primeros en tener una experiencia autonómica a partir de la vigencia de la Ley de Participación Popular, y opinó que este conocimiento debe ampliarse a los gobiernos departamentales.
Por otro lado, las 21 autoridades municipales consultadas también rechazan la creación de las autonomías indígenas, porque consideran que no beneficiarán a las regiones. Además, porque no refleja el espíritu autonómico concebido en la denominada ‘media luna’, reiteró Percy Durán, de San Ramón.
A su vez el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, expresó que el proyecto de la nueva Constitución vulnera la propiedad privada y la seguridad jurídica de la tierra.
El artículo 56 del proyecto de CPE establece que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esté cumpliendo una función social.
Para el analista político Irwing Alcaraz resulta poco creíble que a estas alturas existan alcaldes que no sepan por qué votarán en la próxima consulta. Para él, decir que están analizando el texto es dar una respuesta ‘disfrazada’. Alcaráz cree que en los municipios de Santa Cruz y los demás departamentos el voto de los alcaldes estará directamente condicionado a su afinidad y militancia política.
De los 56 municipios cruceños, San Pedro, Saipina, San Carlos, San Javier, El Torno, San Julián, San Miguel de Velasco y Yapacaní tienen autoridades masistas a la cabeza de sus alcaldías. Alcaraz también sostuvo que algunos alcaldes tienen embargadas sus voces, porque recibieron dinero del programa Bolivia cambia, Evo cumple.
Opinión
El voto edil responderá a los partidos
Irwin Alcaraz / Analista
Los alcaldes y otros ciudadanos que necesariamente tienen una militancia política mantendrán un voto directamente relacionado con la alineación partidaria y esto ocurrirá en todo el país. Sin embargo, pueden darse sorpresas, no tanto en este tipo de voto que es el militante, sino en el caso de la gente que se está dando cuenta de que la nueva constitución puede ser peligrosa.
El MAS no tiene demasiados adeptos, es una minoría en la socidad boliviana, incluso en occidente; pero su gran ventaja en esa parte del país es que tiene el respaldo de la clase media, pero se está viendo que una mayoría de esta clase media está reaccionando contra el proyecto, pues muchos ciudadanos se están dando cuenta que la Constitución impulsada por el MAS no es conveniente para ellos, entonces puede haber una votación mayoritaria por el No.
Una reflexión . Propaganda desigual
Sería de gran beneficio para la democracia boliviana que el Gobierno aplique en la campaña actual los valores de igualdad e inclusión que supuestamente caracterizan y diferencian, de los anteriores, su gestión de cambio. Pero no parece haber coherencia entre lo que pregona y lo que hace a la hora de encarar el proselitismo en la etapa del prerreferéndum, donde los pases de los spots en la televisión se inclinan ampliamente a favor del oficialismo.
El gasto publicitario es enormemente desigual en esta campaña, que ha entrado en su recta final. No hace falta apelar a los números para respaldar esta percepción, sino basta con recurrir a algunos minutos del ‘zapping’ para comprobarlo. Pero por si fuera necesario apelar a las cifras, una reciente investigación de la empresa Auditoría de Medios (Audimedia) sobre los pases de spots con propaganda sobre el Sí o el No en los noticiarios nocturnos de seis cadenas nacionales (Unitel, Bolivisión, TVB, ATB, Red Uno y PAT), que se emiten en La Paz, revela que el oficialismo, junto a sus movimientos sociales afines, gastó Bs 9 millones en el periodo comprendido entre el 17 de noviembre del año pasado y el 7 de enero del nuevo año. En contrapartida, los que se juegan por el No destinaron alrededor de Bs 447.000 durante el mismos periodo.
En consecuencia, el tan proclamado derecho de igualdad de oportunidades entre los bolivianos, por lo menos para expresarse, no se da en esta situación. Menos se practica el tan publicitado principio de inclusión. Basta con mirar las emisiones del canal 7, Televisión Boliviana, supuestamente de propiedad de todos los bolivianos (masistas y no masistas), para darse cuenta de que los spots que promueven el No a la nueva Constitución han sido excluidos de la programación de ese medio, a todas luces gubernamental más que estatal. O sea, ni igualdad de oportunidades ni inclusión, pese a que alguna vez se hizo notar la obligatoriedad de que el canal 7 también ofrezca espacios a la oposición. En este caso específico, oposición parece ser una mala palabra y el No, ni qué decir.
¿Aceptaría acaso el Gobierno la exclusión de sus spots de los medios privados de comunicación, a los que cuestiona por ejercer supuestamente un rol opositor? Probablemente no.
Pero el fondo del análisis de este tema debería, ante todo, apuntar a esclarecer cuánto realmente aporta la propaganda política al conocimiento real del texto del proyecto de Constitución. ¿No sería mejor para la democracia que el Presidente y los opositores comparezcan en los espacios de debate de los medios de comunicación para que el ciudadano evalúe los argumentos de las dos partes?
Por otra parte, el tema del financiamiento de las campañas se ha convertido en otras democracias en un asunto central del proceso. Es decir, tanto oficialismo como oposición deberían ser absolutamente transparentes en la identificación de las fuentes de financiamiento de sus campañas.
Finalmente, ¿se imagina usted qué se pudo hacer en Bolivia con los más de 9 millones gastados en el periodo proselitista referido? Al menos se podría haber encarado una megacampaña nacional contra el dengue.